El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, anunció hoy que, por instrucción del presidente Alberto Fernández, presentó una denuncia penal en la justicia para que «se investigue» al ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro, actualmente en uso de licencia, por los presuntos delitos de «incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho y peculado».

«Por instrucción del Presidente presenté una denuncia penal en la justicia nacional para que investigue al ministro de Seguridad y Justicia de CABA, Marcelo D’Alessandro: se imputan los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho y peculado, entre otros», consignó el Ministro en su cuenta de la red social Twitter, donde replicó un comunicado del Ministerio de Justicia.

Soria informó que esta mañana se presentó la denuncia ante la fiscalía correspondiente, en la que pidió que D’Alessandro entregue su teléfono celular a la Justicia, al igual que todos aquellos que resulten relacionados con la investigación.

Según el comunicado, la denuncia requiere que «se investigue» al ministro de Seguridad de CABA por «la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y exacciones ilegales».

En este sentido, Soria recordó que los chats «involucran» también a empresarios contratistas del Gobierno de la Ciudad, fiscales nacionales y la exsubdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el Gobierno de Mauricio Macri, Silvia Majdalani.

«La promiscuidad entre sectores del poder político, de la justicia y grupos empresarios debe investigarse en profundidad a fin de garantizar el cabal cumplimiento de la Constitución y salvaguardar nuestras instituciones democráticas», afirmó el ministro.

El escrito presentado ante la justicia plantea que, en caso de confirmarse las revelaciones periodísticas, demostraría «una connivencia escandalosa entre el funcionario del Gobierno de la Ciudad, con altos funcionarios judiciales, ex directivos del Servicio de Inteligencia del Estado Nacional y concesionarios de servicios públicos» y esto sería «incompatible con un Estado de Derecho».

Por este motivo, la denuncia presentada por Soria pide investigar los supuestos hechos de corrupción vinculados con el servicio de grúas de remolque de la Ciudad de Buenos Aires operado por la empresa Dakota S.A.

Asimismo, desde el Gobierno Nacional denunciaron que «la presunta existencia de un canal de pago de retornos y de negociados», que estaría compuesto por D’Alessandro y Marcelo Violante, «podrían dejar ver el porqué de la decisión del gobierno de la Ciudad de no actualizar los montos que debía pagar la empresa Dakota S.A. por usufructuar el servicio público porteño».

La denuncia se presentó tras la filtración en los últimos días de chats entre el ministro porteño y Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, en los que combinaban tácticas para que el Gobierno porteño use ante el máximo tribunal en la causa por el reparto de fondos de la coparticipación.

LOS DETALLES

La denuncia presentada hoy por el Gobierno Nacional contra el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro, apunta a impulsar una investigación para determinar si el funcionario cometió delitos de corrupción vinculados con el acarreo de automóviles en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y con un intento de favorecer a una empresa que pretendía quedarse con una licitación para ocuparse de la destrucción de una tanda de chalecos antibalas.

La denuncia lleva la firma del ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, a través de un escrito de 14 páginas al que accedió Télam, y es por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y exacciones ilegales.

La denuncia invoca distintas publicaciones periodísticas de medios como Infobae, Página/12, Perfil, C5N y A24 en los que de revelaron supuestos chats del ministro D´Alessandro con un empresario vinculado al acarreo de autos en CABA y con la exsubdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Silvia Majdalani, que «de corroborarse, podrían tener relevancia penal, ya que podríamos estar frente a graves hechos de corrupción y/u otros delitos contra la administración pública».

«Entre las publicaciones periodísticas de estos hechos, se encuentran las conversaciones que habrían tenido entre el 2019 y el 2020, el Sr. D’Alessandro con Marcelo Violante, que es quien está a cargo de la operatoria de la empresa Dakota S.A.», encargada de la concesión del servicio de grúas y playas de estacionamiento de la Ciudad de Buenos Aires hasta fines del año pasado, sostuvo Soria.

El ministro de justicia refirió que solo «un escándalo sin precedentes en la historia de la Capital Federal terminó de forma abrupta el contrato: el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires solamente cobraba un canon de $55.000 por mes a las empresas a cargo de este millonario negocio, cuya concesión se había vencido hace más de 20 años».

«Esta situación -a todas vistas irregular- que permitía ver un posible negociado entre el gobierno local y la empresa Dakota S.A. fue mantenida por decisión política del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a pesar de que la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires emitió informes advirtiendo que la relación entre lo recaudado y la cuota mensual que pagan las concesionarias no tenía sustento alguno ya que el canon ´estaba sin actualizar desde el 2014´», agregó.

«Ahora vemos que ello no habría sido ´gratis´ para Dakota S.A. De acuerdo a los transcendidos periodísticos, el Sr. D’Alessandro habría recibido ´retornos´ a cambio de no actualizar las tarifas – congeladas desde 2014- ni de impulsar la nueva licitación que ponga fin a una relación que se encontraba fenecida desde hacía 20 años», denunció.

El ministro de Justicia también sostuvo que en distintas publicaciones periodísticas se refirió que «Violante le habría pedido a D’Alessandro que hable con José Luis Giusti, Ministro de Desarrollo y Producción de CABA, para mencionarle su nombre y su empresa, Brewda Construcciones SACIF, por la licitación de unas playas de estacionamiento en la Ciudad de Buenos Aires».

«Merece una mención aparte la ‘defensa´ que hizo D’Alessandro sobre su supuesta vinculación con Marcelo Violante, le dijo a Clarín que ´no tiene ni tuvo jamás un contrato´. Contrariamente a lo expresado por D’Alessandro, la realidad lo desmiente: con fecha 9 de noviembre de 2022, la empresa BREWDA CONSTRUCCIONES SACIF fue preseleccionada para la licitación de la playa de estacionamiento de la facultad de derecho, de acuerdo a lo publicado en la página oficial del Gobierno de la CABA1, playa de la cual ya tenía un permiso de uso precario. Asimismo, una de las accionistas de BREWDA CONSTRUCCIONES SACIF, sería DAKOTA S.A., controlada por el Socio Marcelo Violante», detalló en la denuncia.

La denuncia presentada hoy por el ministro de Justicia le dedica también un pasaje al supuesto intento de arreglar una licitación para una empresa acercada por la exnúmero dos de la AFI, Majdalani.

«Aparentemente, el ´arreglo de licitaciones´ sería moneda corriente en la gestión del ministro D’Alessandro, en esta oportunidad, la información periodística trae a la escena la ex número dos de la Agencia Federal de Inteligencia macrista, Silvia Madjalani. De acuerdo a los trascendidos periodísticos, la ex ´Señora 8´, estaría asesorando a D’Alessandro para armar una licitación de destrucción de chalecos a medida de una empresa privada, incluso proveyendo una suerte de ´dictamen´ con la ayuda de un ´ex procurador de la ciudad´», sostuvo Soria en la denuncia.

«En su ´defensa´ D’Alessandro -sosteniendo la falsedad de las conversaciones expuestas por los medios periodísticos-, declaró: ´No les alcanzó y tuvieron que inventar un supuesto chat de licitaciones de chalecos. Y no tenemos licitaciones de chalecos. Nosotros hicimos un convenio con Fabricaciones Militares, que depende del Ministerio de Defensa de la Nación. Esos chats son falsos, esos supuestos chats fueron armados», reconstruyó Soria.

Sin embargo, continuó: «Resulta llamativo, ya que la licitación que parecería surgir de las publicaciones y que tendría por objeto ´armar´ con la ayuda de Madjalani no es para la ´compra´ de chalecos, sino para la destrucción de los mismos».

En ese sentido, Soria agregó información hasta ahora desconocida: «Consultadas las autoridades de la ANMAC, organismo descentralizado de este Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, confirmaron la recepción de los emails que dan cuenta las publicaciones periodísticas».

Y detalló que el último 6 de septiembre, después de un llamado telefónico a la línea de atención telefónica de ANMAC, en ese organismo recibieron un email de «GRUPO PELCO», empresa dedicada al tratamiento de residuos peligrosos, en el que se consultaba si «para hacer la destrucción de chalecos antibalas es necesario hacer algún tipo de trámite ante Uds. Por ej. registrarnos como empresa destructora, o lo que fuere necesario para llevar a cabo esta tarea ya que en la página web no se indica ningún trámite relacionado».

«Este correo fue derivado y respondido el 18 de octubre de 2022, por un agente de la ANMAC, quien explicó que ´se está trabajando en una normativa específica´, y que ´cuando esté operativa será publicada en la página oficial de ANMAC y desde allí podrán inscribirse´», agregó Soria.

En ese sentido, concluyó: «La confirmación por parte de la ANMAC de la veracidad de este intercambio de correos electrónicos tiene una relevancia particular. Por un lado, refuerzan la autenticidad de las publicaciones periodísticas a pesar de los esfuerzos del Sr. D’Alessandro por desmentirlas; y, por otro lado, acreditarían la connivencia entre éste último y Madjalani por diseñar una licitación para beneficiar a los principales interesados en hacerse del ‘negocio’, el GRUPO PELCO».