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Lago Escondido: manifestante terminó con «fractura de costilla y edema»

Fue tras las agresiones de peones de Joe Lewis.

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Joel Sverdlik, responsable del frente de abogados de La Cámpora San Isidro y participante de la Séptima Marcha por la Soberanía al Lago Escondido, denunció hoy que tiene una fractura de costilla con desplazamiento y un edema en la rodilla producto de las agresiones que recibió por parte de «la patota de Joe Lewis», el magnate británico, y criticó la atención médica recibida en la Patagonia, donde los médicos «dijeron que era algo menor».

«Fuimos al portón (de la propiedad de Lewis) desarmados, con la idea de salir y fuimos increpados por la patota de Lewis, con Pablo Puchi a la cabeza y personas que nos vinieron a agredir de forma sistemática. Tenían cuchillos, perros, piedras, palos, caballos, estábamos totalmente indefensos», indicó Sverdlik en diálogo con Télam.

Nueve manifestantes y una fotoperiodista fueron retenidos el miércoles pasado durante dos horas y agredidos por peones rurales que responden al magnate británico Joe Lewis, en un incidente producido durante la Séptima Marcha por la Soberanía al Lago Escondido.

La agresión denunciada ocurrió cuando los manifestantes intentaron ingresar al Camino del Tacuifí, uno de los accesos al Lago Escondido, prohibido para el tránsito público y quedó registrada en un video, donde Sverdlik se reconoció como aquel que tiene «la remera de Argentina».

«Cuando salgo para buscar refugio en unos arboles, me persiguen, tiran fustazos, me tiran de la mochila y me pechea un caballo. Me caigo y me patean entre cinco personas, me pisa un caballo y me remata una patada de una persona con una remera blanca y un pantalón naranja», detalló.

El dirigente afirmó que estos golpes le produjeron «contusiones» y la patada en la cabeza «me dejo chichón y un hematoma».

«En el cuerpo tengo un fustazo, lo más grave es un edema en la rodilla por la patada del caballo y una fractura en la costilla con desplazamiento producto de la patada de la persona que se ve en el video», subrayó.

Además, Sverdlik denunció que «esto surge de la tomografía que me hicieron en Buenos Aires, porque tanto en El Foyel como en el hospital de El Bolsón no detectaron absolutamente nada. Los médicos dijeron que no teníamos nada, que era algo menor y nos venimos a encontrar con que el cuadro es muchísimo más grave de lo que pronosticaron», aseveró.

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Myanmar cometió genocidio: la CIJ responsabilizó por primera vez a un Estado

El máximo tribunal de la ONU concluyó que las fuerzas birmanas mataron a unos 10.000 rohinyás en 2017 y empujaron a 700.000 al exilio. Ordenó juzgar a los responsables, indemnizar a las víctimas y garantizar el regreso de los desplazados.

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Corte Internacional de Justicia: fallo por los rohinyás

Unos 10.000 rohinyás asesinados, alrededor de 700.000 expulsados hacia Bangladés y cerca de 400 aldeas arrasadas: con esas cifras sobre la mesa, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) concluyó este jueves que Myanmar cometió genocidio contra esa minoría musulmana durante las operaciones militares de 2017. Es la primera vez en su historia que el máximo tribunal de Naciones Unidas declara a un Estado responsable de haber cometido ese crimen.

El fallo, de 191 páginas, fue leído durante casi tres horas en La Haya por el presidente del tribunal, el juez japonés Yuji Iwasawa, en la causa que Gambia inició en noviembre de 2019 por violación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. «La República de la Unión de Myanmar ha cometido genocidio contra el grupo rohinyá en el norte del estado de Rajine», afirmó Iwasawa. La decisión se adoptó por nueve votos contra seis y es definitiva, obligatoria para las partes e inapelable.

Qué dio por probado la Corte

El tribunal consideró respaldada por el expediente la estimación de unos 10.000 muertos, que surge de una misión independiente de la ONU, y concluyó que las fuerzas de seguridad y otros órganos del Estado cometieron actos prohibidos por los incisos a, b y d del artículo II de la Convención: matanzas, lesiones graves a la integridad física o mental y medidas destinadas a impedir nacimientos dentro del grupo. También determinó que Myanmar no previno ni castigó el genocidio.

Iwasawa describió la «violencia extrema» del ejército contra las comunidades rohinyás del estado de Rajine y sostuvo que el asesinato de bebés respalda la inferencia de que las fuerzas de seguridad buscaban impedir nacimientos dentro del grupo. Según el tribunal, cerca de 400 de las casi 1.000 aldeas de tres municipios del norte, alrededor del 40%, fueron destruidas total o parcialmente durante y después de 2017, y sobre los terrenos despejados se levantaron construcciones a toda velocidad.

Lo que deberá hacer Myanmar

La sentencia ordenó a Myanmar adecuar su legislación a las obligaciones de la Convención, investigar y, cuando corresponda, juzgar y castigar a los sospechosos, ofrecer garantías de no repetición, permitir el regreso «seguro, voluntario y digno» de los desplazados y la reunificación de las familias, e indemnizar al grupo rohinyá y a sus integrantes. El monto se fijará en una etapa posterior, y el Estado birmano tendrá dos años para informar qué medidas de restitución adoptó y qué compensación propone.

El secretario general de la ONU, António Guterres, celebró el fallo como un «poderoso reconocimiento a las víctimas rohinyá del genocidio» y sostuvo que terminar con la impunidad es indispensable para la reconciliación en Myanmar. Pero la CIJ no tiene medios propios para hacer cumplir sus decisiones, y el comandante que encabezó aquella ofensiva, Min Aung Hlaing, es el mismo que lideró el golpe de Estado de 2021.

Un techo que se rompió

El caso recorrió un largo camino: en enero de 2020 la Corte ordenó medidas provisionales para proteger a los rohinyás, en julio de 2022 rechazó las objeciones de Myanmar y se declaró competente, y en enero de este año escuchó tres semanas de alegatos, en los que el representante birmano Ko Ko Hlaing defendió la campaña militar como una respuesta a ataques de milicianos rohinyás.

El fallo marca un antes y un después en el derecho internacional: en Bosnia contra Serbia, en 2007, la Corte solo había condenado a un Estado por no prevenir un genocidio, el de Srebrenica, pero no por cometerlo. En Croacia contra Serbia, en 2015, rechazó las dos demandas por no haberse probado la intención específica de destruir a un grupo.

El capítulo argentino

La causa tiene un correlato directo en Comodoro Py. En noviembre de 2019, organizaciones rohinyás junto a organismos argentinos de derechos humanos, entre ellos Abuelas de Plaza de Mayo y la organización del Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, presentaron una denuncia ante el juzgado de María Romilda Servini invocando el principio de jurisdicción universal. El 13 de febrero de 2025, la jueza dictó órdenes de detención contra 25 funcionarios militares y civiles birmanos, entre ellos Min Aung Hlaing y la ex consejera de Estado Aung San Suu Kyi. La sentencia de La Haya le da un respaldo inédito a una investigación que la Justicia argentina abrió cuando pocos países se animaban.

Lo que tenés que saber

  • La CIJ declaró a Myanmar responsable de genocidio contra los rohinyás en 2017, por nueve votos contra seis.
  • Es la primera vez que el tribunal determina que un Estado cometió genocidio.
  • Se estiman unos 10.000 muertos, 700.000 desplazados y unas 400 aldeas destruidas.
  • Ordenó juzgar a los responsables, indemnizar a las víctimas y permitir el regreso de los desplazados; Myanmar tiene dos años para informar.
  • En la Argentina, la jueza Servini ordenó en 2025 la detención de 25 funcionarios birmanos, entre ellos Min Aung Hlaing.
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