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Denuncia

El entramado detrás de Lewis y su aparato de poder, complicidad, silencio y miedo

Entre montañas, lagos, arroyos, bosques, cielos y paz patagónica, el magnate británico construyó una mansión que es destino secreto para el turismo VIP y cuyas enormes extensiones de tierra fueron adquiridas, por ser zona de frontera, en sospechosas negociaciones durante los ’90.

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El-Argentino-El británico Joe Lewis-Lago Escondido

Por Marcelo Cena

«En la comarca andina y en buena parte de Río Negro los policías son de (Joe) Lewis, las estaciones de servicio son de Lewis, la Justicia y los kioscos son de Lewis, la política y el Gobierno son de Lewis, todo, y el silencio también», resumió el diputado del Parlasur Gastón Harispe para poner en palabras lo que significa el nombre del magnate inglés en ese paisaje irrepetible de la Argentina.

Con esa frase, el legislador del Frente de Todos buscó reflejar lo que experimentó al transitar por caminos de montaña y senderos casi olvidados para tratar de acercarse al Lago Escondido a pesar del bloqueo violento de un grupo de hombres comandados por Pablo Puchi, propietario de unos terrenos linderos a la ruta nacional 40 y, en los hechos, lugarteniente pretoriano de Lewis.

Harispe fue uno de los manifestantes de la Séptima Marcha por la Soberanía que sufrió más golpes por parte de los hombres de Puchi, algunos montados y otros de a pie; incluso perdió el conocimiento al recibir un impacto en la sien, y al despertarse seguía más que aturdido mientras descubría que «estaba rodeado de caballos», según recordó.

El parlamentario del Mercosur aseguró que durante la semana que pasó entre El Bolsón, la intersección de la ruta 40 con el camino de Tacuifí, el paraje de El Foyel y las huellas semiescondidas percibió que algunos pobladores no hacen ningún esfuerzo por disimular el miedo que les genera Lewis y todo el polo de poder que el empresario fue construyendo en esa parte de la Patagonia.

Pero el miedo, según Harispe, se cuela también por la propia sede de los Tribunales de Bariloche, entre funcionarios calificados del Poder Judicial que, se supone, deben hacer cumplir las leyes y proteger los derechos constitucionales.

«Es un lugar que gobierna Lewis. Hasta los jueces en Bariloche le tienen mucho miedo. Lo comprobé hablando con uno de ellos, Y entre los pobladores pude vivenciar la bronca y el terror que le tienen, ambas cosas al mismo tiempo, porque desde hace años funciona un aparato económico, mediático, judicial e institucional», describió Harispe sobre lo que definió como una suerte de «Estado paralelo».

Pero también están, acotó, los que «viven en la impunidad de saberse protegidos por Lewis, como el tal Puchi».

Para los participantes de la Marcha, esa combinación de sensaciones contradictorias se multiplicaba al caminar campo adentro, a lo largo de varios kilómetros y en paralelo al camino de Tacuifí, la vía de acceso que en mapuche significa «hola, tanto tiempo».

Desde hace más de 15 años, ese camino se convirtió en el centro de la disputa judicial por el derecho a conocer Lago Escondido, el cada vez más famoso espejo de agua de 7 kilómetros cuadrados que se extiende entre el Foyel y el límite con Chile.

En las inmediaciones de esa belleza patagónica difícil de equiparar, con montañas, lagos, colores y arroyos, bosques, cielos y paz, Lewis construyó una mansión que es destino secreto para el turismo VIP y cuyas enormes extensiones de tierra fueron adquiridas -por ser zona de frontera- en sospechosas negociaciones durante los años ’90.

Esa postal, entre bucólica y paradisíaca, contrasta con el portón de hierro de enormes dimensiones que se emplazó en el Camino de Tacuifí para impedir su tránsito hasta el Lago y que advierte sin diplomacias ni eufemismos que ese acceso está vedado porque, como indica el cartel, está «prohibido pasar, propiedad privada».

Ese portón se convierte todos los veranos en una trinchera que debe ser defendida a cualquier costo por los peones, chacareros y baqueanos que viven en la región y que si es necesario recurren a la violencia por orden del estanciero Puchi.

Esta semana, tras una indicación de este último, los jinetes de boina lanzaron piedras y rebencazos, pegaron patadas y usaron palos, y también soltaron las riendas para tirarles encima los caballos a un grupo de ocho manifestantes que había logrado ingresar al Tacuifí haciendo un rodeo por una huella medio perdida, casi escondida a 500 metros.

En los medios no tardaron en viralizarse las imágenes de gauchos con celular y portando gas pimienta que hacían zapatear a la caballada para generar una cortina de tierra mientras castigaban cobardemente a ocho manifestantes desarmados que intentaban defenderse con la bandera argentina: los golpeados, contarían luego del shock, se sentían extranjeros en el propio suelo.

Entre los manifestantes golpeados se vio el rostro ensangrentado de una mujer joven, Celeste Fierro, dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST).

«La agresión que sufrí, tan brutal y planificada, muestra el accionar criminal no de gauchos sino de matones a sueldo de Lewis, de un Estado paralelo que actúa en connivencia con las fuerzas policiales que los dejan hacer», apuntó en diálogo con Télam.

La referente del MST coincidió con los otros agredidos en que el episodio de violencia no frenará la movilización de todos los años en reclamo de la soberanía y el libre paso al Lago. «A Lewis no le tenemos miedo. Denunciamos en todo el país su ataque. Yo estoy preparada para seguir en esta pelea hasta el final, para volver cuantas veces haga falta», acotó.

Fierro, junto a Harispe y otros participantes de la Marcha como Gabriel Berrozpe y Joel Sverdlik, también duramente golpeados, hicieron un rodeo que les permitió ingresar al tramo bloqueado de Tacuifí y eso -comentó- es lo que «los enojó salvajemente».

«Que sepan que vamos a volver a ingresar porque Lago Escondido es de todas y todos; no es privado y menos de un magnate inglés», prometió y a modo de balance final agregó: «Nuestra presencia permitió volver a visibilizar que hay un enclave británico amparo por el poder político, judicial y por corporaciones mediáticas. Vamos a seguir la pelea por lograr la apertura del camino al Lago y para que se vaya Lewis de la Patagonia».

Este año, la expedición por la soberanía a esa región de la Patagonia reunió a cerca de mil militantes sociales, gremiales y políticos provenientes de once provincias. En las redes, sin embargo, los llamaban «porteños», «choriplaneros», «planeros». Otra de las frases con las que se buscó direccionar el odio fue «no laburan».

Los organizadores, de todas formas, ya anticiparon que en el verano de 2024 habrá una nueva edición de la marcha: el horizonte al que aspiran es que la democracia argentina asuma la cuestión de la soberanía y que los poderes públicos pongan finalmente pongan un freno a los Lewis en Río Negro, los Benetton en Santa Cruz o los Douglas Tompkins en Corrientes.

Denuncia

Dalbón pide detener a Caputo y Bausili: pérdida de más de mil millones de dólares en derivados de oro del BCRA

El abogado Gregorio Dalbón solicitó la detención del ministro de Economía, del presidente del Banco Central y del director de la entidad por las operaciones con derivados sobre las reservas de oro que registraron un resultado negativo de más de 1.023 millones de dólares, según consignó la Auditoría General de la Nación. La causa también alcanza al entorno de la diputada Marcela Pagano, quien presentó una denuncia penal en agosto.

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El Argentino Diario-Luis Caputo-Santiago Bausili.
Las operaciones con derivados de oro del BCRA dejaron más de mil millones de dólares en rojo: Dalbón pide la detención de Caputo, Bausili y Curutchet.

Las operaciones con derivados sobre el oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) dejaron un resultado negativo de 1.023 millones de dólares, según surge de la Auditoría General de la Nación (AGN). Ese número, que ningún funcionario del gobierno de Javier Milei explicó con documentación pública suficiente, es hoy el eje de un pedido de detención contra los máximos responsables de la política económica y monetaria del país.

El abogado Gregorio Dalbón presentó ante la justicia federal la solicitud de detención del ministro de Economía, Luis Caputo, del presidente del BCRA, Santiago Bausili, y del director y superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Curutchet. Les atribuye los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.

Las figuras penales y el rol de Caputo

En declaraciones televisivas, Dalbón precisó los fundamentos jurídicos de la presentación. «Las operaciones con el oro del BCRA deben investigarse, bajo las figuras de defraudación en perjuicio de la administración pública (art. 174, inc. 5 del Código Penal), abuso de autoridad (art. 248) e incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 249), sin perjuicio de otras calificaciones que surjan de la prueba», señaló el letrado. Y agregó: «Por ejemplo la asociación ilícita como jefe: Luis Caputo. La Justicia deberá determinar los delitos y el rol de quiénes son los responsables».

El escrito también solicitó medidas cautelares: prohibición de salida del país, impedimento de acceso a áreas del BCRA y del Ministerio de Economía donde exista documentación relacionada con la investigación, y prohibición de comunicación con funcionarios, auditores o testigos.

El desglose de las pérdidas: opciones, primas y cobertura

Según detalla la denuncia, el resultado negativo de 1.023 millones de dólares se conforma de dos componentes. Por un lado, $1.400.793 millones (equivalentes a 960,2 millones de dólares) registrados como resultado negativo por opciones. Por otro, $68.362 millones (equivalentes a 62,8 millones de dólares) en concepto de primas de opciones abonadas. En paralelo, la tenencia de oro registró durante el ejercicio una ganancia por diferencias de cotización de $8.002.500 millones, dato que el BCRA utilizó para relativizar el impacto de la operatoria.

Dalbón también señaló que el BCRA concertó derivados liquidables en dólares con fines declarados de cobertura, y que al cierre de 2025 la entidad ya no mantenía posiciones de ese tipo. La pregunta que la justicia deberá responder es si esa cobertura fue técnicamente justificable o si constituyó una operación en perjuicio del Estado.

El juez Lijo y la obstrucción a la auditoría

Al ser consultado sobre el paradero del oro, Dalbón apeló directamente a la cadena judicial: «Yo creo que (el juez) Ariel Lijo tiene la responsabilidad junto con el fiscal Pollicita de averiguar». El abogado expresó confianza en que la ampliación del martes, que incluirá el pedido formal de detención de Bausili y Curutchet, será tomada con seriedad por el magistrado.

Sobre los motivos para solicitar la detención a pesar de que no habría peligro de fuga, Dalbón fue directo: «Está comprobado que han obstruido a la Justicia en base a lo que fue el examen que Olmos leyó en la auditoría. Está comprobado que mintieron en la auditoría». La AGN, según surge de los documentos citados en la presentación, registró el resultado negativo de las operaciones con egresos de divisas y constató que el ejercicio 2025 no había sido debidamente auditado por demoras del BCRA en enviar la información requerida.

Pagano había denunciado primero: casi cuatro billones sin destino trazable

La denuncia de Dalbón se suma a la que la diputada Marcela Pagano presentó en agosto pasado. En su cuenta de la red social X, Pagano comunicó: «DENUNCIÉ PENALMENTE A CAPUTO Y BAUSILI. Casi $4 BILLONES de fondos públicos quedaron sin destino públicamente trazable». Y citó la respuesta del presidente del BCRA ante ese cuestionamiento: «En algún lado están».

La legisladora consideró que esa contestación «no alcanza» e hizo hincapié en que «la plata de los argentinos no se pierde, no se esconde y no se administra en una caja negra». Concluyó: «Ahora van a tener que explicar ante la Justicia dónde estuvo cada peso, quién dio la orden y quién se benefició».

La causa concentra así dos denuncias penales convergentes, sumadas a la investigación en curso ante el juez Lijo y el fiscal Pollicita, que ya en septiembre tramitaba la ampliación presentada por senadores peronistas sobre las contradicciones del BCRA respecto a la ubicación de los lingotes, supuestamente depositados en el Banco de Pagos Internacionales de Suiza pero señalados por distintas fuentes como radicados en el Bank of England de Londres.

Lo que tenés que saber:

  • El abogado Gregorio Dalbón solicitó la detención de Luis Caputo, Santiago Bausili y Juan Curutchet por administración fraudulenta, abuso de autoridad y asociación ilícita.
  • La AGN registró un resultado negativo de 1.023 millones de dólares en las operaciones con derivados de oro del BCRA durante 2025.
  • Dalbón afirmó que los imputados mintieron en la auditoría y obstruyeron a la Justicia, argumento central para justificar los pedidos de detención.
  • La diputada Marcela Pagano ya había denunciado penalmente a Caputo y Bausili en agosto, señalando casi $4 billones sin destino trazable.
  • La causa se acumula a la investigación del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, que también tramita la ampliación de senadores peronistas sobre el paradero del oro del BCRA.
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