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Política 📢

Sociedad Interamericana de Prensa repudió la cautelar de los audios de Karina Milei

La organización alertó sobre un precedente negativo para la libertad de expresión por tratarse de información de interés público.

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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) cuestionó la cautelar emitida por el titular del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial N° 5 de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Maraniello, que prohíbe la difusión de audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El organismo calificó la decisión como “un precedente negativo para la libertad de expresión y acceso a la información de interés público”. Además, condenó el pedido del Ministerio de Seguridad, dirigido por Patricia Bullrich, de allanar el streaming Carnaval y a los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, involucrados en la emisión de los audios.

La censura previa

El presidente de la SIP, José Roberto Dutriz, sostuvo que la medida “implica censura previa, prohibida expresamente por la Constitución Nacional de Argentina, así como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Al impedir que periodistas, medios de comunicación y ciudadanos compartan o debatan sobre asuntos de interés público, se vulnera el derecho de la sociedad a estar informada y se sienta un precedente peligroso para la democracia”.

Dutriz remarcó además que la prohibición alcanza a redes sociales y plataformas digitales, lo que genera un efecto de autocensura.

Posición de la Comisión de Libertad de Prensa

Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, coincidió en que bloquear la difusión de los audios no es admisible: “Si existieran dudas sobre la autenticidad de los audios, corresponde investigar su origen o establecer responsabilidades posteriores, pero nunca silenciar a la prensa ni a la ciudadanía”.

Ramos agregó: “La transparencia y el debate público sobre los actos de los funcionarios son pilares esenciales de la democracia. En lugar de prohibir la difusión de información, corresponde garantizar que la sociedad pueda acceder a ella y que se investigue su veracidad mediante los canales legales correspondientes”.

Estándares internacionales

Desde la SIP señalaron que la medida cautelar “contradice los estándares internacionales en la materia”, recordando que la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que “la censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley”.

Geopolítica 🌎

Milei denunció a petroleras que operan en Malvinas y ordenó sumar una Base Naval al Presupuesto 2027

El Gobierno presentó una denuncia penal contra Navitas Petroleum, JHI Associates y Eco Atlantic por explorar hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte con licencias británicas, violando la Ley 26.659. En simultáneo, Milei instruyó a Caputo para que el proyecto de Presupuesto 2027, que debe llegar al Congreso el 15 de septiembre, priorice el desarrollo de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego.

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El Argentino Diario-Javier Milei.
La soberanía que llegó tarde: Milei denuncia a cinco petroleras en Malvinas cuando la Ley 26.659 cumple más de una década sin aplicarse.

Cinco empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas fueron denunciadas penalmente por el Estado argentino. La presentación judicial apunta a Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd., todas ellas con actuación en la Cuenca Malvinas Norte bajo licencias otorgadas por el Reino Unido, en abierta violación de la legislación argentina vigente.

La acción fue impulsada por el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, con el patrocinio letrado del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio, según informó la Oficina del Presidente. La denuncia alcanza también a los directores, gerentes, síndicos, miembros de consejos de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados que hubieran intervenido en los hechos investigados.

La denuncia y la Ley 26.659

Según precisó el Ejecutivo, Navitas Petroleum Development & Production, Navitas Petroleum Atlantic United y JHI Associates cuentan con licencias otorgadas por el Reino Unido para la exploración y/o explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. El Gobierno consideró que esas actividades violan las disposiciones de la Ley 26.659, que prohíbe a cualquier persona física o jurídica la realización de actividades de exploración o explotación de recursos naturales en la plataforma continental argentina sin autorización del Estado nacional.

La denuncia se extiende también a los accionistas de esas firmas, Navitas Petroleum LP y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd., como parte de una estrategia judicial que busca abarcar toda la cadena de responsabilidades corporativas involucradas en las actividades denunciadas.

«La presentación de esta denuncia constituye una acción concreta para proteger los recursos naturales y velar por la soberanía de la República Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes», señaló la Oficina del Presidente. El Ejecutivo afirmó que continuará con las investigaciones y las acciones que considere necesarias ante actos que, según su posición, vulneren los derechos soberanos del país.

El Presupuesto 2027 y la Base Naval Integrada

En paralelo con la denuncia judicial, el presidente Javier Milei firmó una instrucción presidencial dirigida al ministro de Economía, Luis Caputo, para que en la elaboración del proyecto de Presupuesto Nacional 2027 se priorice el desarrollo de la Base Naval Integrada y de otros proyectos estratégicos destinados a la seguridad nacional y la protección de los intereses soberanos.

El proyecto de Presupuesto 2027 deberá ser remitido al Congreso el próximo 15 de septiembre. El Gobierno presentó ambas medidas como parte de una política destinada a fortalecer las capacidades del Estado para la defensa del territorio, la protección de los recursos naturales y el resguardo de los intereses estratégicos del país, aunque el anuncio se produce en un contexto donde el ajuste presupuestario sobre las fuerzas armadas y la infraestructura de defensa ha sido una constante de la gestión libertaria desde diciembre de 2023.

El respaldo inesperado de Israel y la lectura política

Un giro geopolítico sorpresivo acompañó los anuncios del Ejecutivo. El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, le pidió al primer ministro Benjamín Netanyahu «reconocer la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas» e «imponer sanciones a Gran Bretaña mientras la ocupación continúa», según publicó en su cuenta de X.

«Es hora de que el Estado de Israel reconozca públicamente que las Islas Malvinas son territorio argentino ocupado, que los británicos le roban violentamente al pueblo argentino», sostuvo Ben Gvir. El funcionario israelí añadió que «los británicos no solo se conforman con ocupar el territorio, sino que también realizan allí perforaciones petroleras y le roban el dinero al pueblo argentino».

El respaldo de Ben Gvir, figura de la ultraderecha israelí con fuerte alineamiento ideológico al gobierno de Milei, suma una voz internacional al reclamo soberano argentino, aunque la posición oficial del Estado de Israel no ha cambiado ni Netanyahu respondió públicamente al pedido de su ministro.

En la arena local, el vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Agustín Romo, reaccionó en X con un escueto «Prepárense», en alusión a la declaración del ministro israelí.

Una jugada soberana en año electoral

La acumulación de gestos soberanistas en un mismo día no es casual. Con el proyecto de presupuesto a días de su presentación ante el Congreso y el calendario electoral de 2027 ya condicionando la agenda del Ejecutivo, la denuncia judicial y la instrucción sobre la Base Naval le permiten al Gobierno construir un relato de firmeza frente al Reino Unido. Sin embargo, la decisión de avanzar por esta vía recién ahora, cuando la Ley 26.659 lleva más de quince años vigente, abre interrogantes sobre los criterios que guiaron la política exterior argentina con las Islas durante los primeros años de la gestión libertaria, marcados más por el alineamiento con potencias occidentales que por cualquier confrontación con Londres.

Puntos clave

  • El Gobierno denunció penalmente a cinco empresas, entre ellas Navitas Petroleum y Eco Atlantic, por explorar hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte con licencias británicas.
  • La denuncia fue presentada por el canciller Pablo Quirno con patrocinio del procurador Sebastián Amerio y se ampara en la Ley 26.659.
  • Milei instruyó al ministro Caputo para priorizar la Base Naval Integrada en el proyecto de Presupuesto 2027, que deberá enviarse al Congreso el 15 de septiembre.
  • El ministro israelí Itamar Ben Gvir pidió públicamente a Netanyahu reconocer la soberanía argentina sobre Malvinas e imponer sanciones al Reino Unido.
  • La acumulación de gestos soberanistas se produce con el calendario electoral de 2027 ya gravitando sobre la agenda del Ejecutivo.
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