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Marcha multisectorial en el Congreso en defensa de los jubilados

La protesta se intensificó, generando un tenso enfrentamiento con la Policía Federal, que intentó contener a los manifestantes.

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Una serie de incidentes se registró en la tarde de este miércoles en las inmediaciones del Congreso de la Nación, durante una nueva movilización de jubilados en rechazo al veto del presidente Javier Milei a la ley que establecía un aumento en sus haberes. La protesta se intensificó, generando un tenso enfrentamiento con la Policía Federal, que intentó contener a los manifestantes.

Tránsito interrumpido y tensiones en Avenida Rivadavia

El tránsito permaneció interrumpido en la avenida Rivadavia, uno de los principales accesos al Congreso, debido a la concentración de manifestantes. La situación se tornó caótica cuando se produjeron incidentes entre los efectivos policiales y los manifestantes, quienes se mostraron enfurecidos por la decisión presidencial de vetar la ley que beneficiaba a los jubilados.

Apoyo de organizaciones sociales y políticas

La movilización de los jubilados contó con el respaldo de diversas organizaciones sociales y políticas, entre ellas el Polo Obrero, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Movimiento Evita. Estas agrupaciones se unieron para expresar su descontento con la medida del Ejecutivo, destacando la necesidad de una mejora en los ingresos de los sectores más vulnerables.

Los líderes de las organizaciones participantes denunciaron el uso de la fuerza por parte de la policía y exigieron que el gobierno reconsidere su postura frente a los jubilados. «Es inaceptable que se responda con represión a una demanda tan legítima como la de los jubilados, quienes luchan por sus derechos y por un ingreso digno», declaró un representante del Movimiento Evita.

Contexto del conflicto

El conflicto se originó tras el veto presidencial a una ley aprobada por el Congreso que preveía un aumento en los haberes jubilatorios. Esta decisión generó una fuerte reacción de los sectores afectados, quienes convocaron a la movilización para exigir la implementación de la norma.

El veto presidencial se basó en argumentos de sostenibilidad fiscal, según los cuales el aumento en los haberes pondría en riesgo las finanzas públicas. Sin embargo, los manifestantes sostienen que la medida es injusta y que deja a los jubilados en una situación de extrema vulnerabilidad.

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Siete muertes y más de 150 trabajadores afectados por asbesto: paro de subtes

La AGTSyP frenará desde las 21 las seis líneas y el Premetro tras la muerte de un exoperario que el gremio vincula con el asbesto, la séptima que contabiliza. Denuncia más de 150 trabajadores con afecciones y responsabiliza a Emova, Grupo Roggio, Metrovías y los gobiernos.

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Más de 150 trabajadores del subte fueron diagnosticados con afecciones de salud por la exposición al asbesto, según denunció el gremio, y la muerte de otro exoperario que pasó más de 32 años en un taller de la red derivó en un paro total este jueves, desde las 21 hasta la finalización del servicio.

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) convocó a la medida mediante un comunicado en el que informó el fallecimiento de un trabajador que, según indicó, estuvo expuesto al material cancerígeno durante más de tres décadas. La concesionaria Emova lamentó la muerte de Oscar Pauer, quien fue operario en el taller Rancagua de la Línea B hasta su jubilación, en agosto de 2024.

La medida de fuerza alcanza a las líneas A, B, C, D, E y H y al Premetro. Se espera que crezca la demanda de colectivos y la circulación de vehículos particulares durante la noche.

Siete muertes según el gremio y una «crisis sanitaria bajo tierra»

Con este caso, la AGTSyP contabiliza siete trabajadores fallecidos por la exposición al asbesto. En agosto de 2025, cuando informó la muerte de un trabajador de la Línea D, la cifra era de cinco. En noviembre de 2024 había denunciado la muerte de Jorge Navarro, del taller Constitución, quien padecía cáncer de pulmón y cuyo vínculo con el material, según el sindicato, había sido reconocido en 2020 por una auditoría médica.

El gremio sostiene que el asbesto sigue presente en todas las líneas, a pesar de que está prohibido en la Argentina desde 2003. En su comunicado, la AGTSyP habló de una «crisis sanitaria bajo tierra» y responsabilizó a Emova, al Grupo Roggio, a Metrovías y a los gobiernos por la continuidad del problema.

Qué reclaman los trabajadores

El sindicato exige que se retire el asbesto de toda la red y que se incluya en el Relevamiento de Agentes de Riesgo (RAR) a la totalidad de los trabajadores, activos y jubilados. El pliego completo incluye:

  • El retiro del asbesto de la red de subterráneos.
  • El cambio de las flotas contaminadas.
  • La inclusión de todos los trabajadores, activos y jubilados, en el RAR.
  • La reducción de la jornada laboral para minimizar la exposición al mineral.

Fuentes de la AGTSyP advirtieron que persisten otros reclamos de arrastre, como los descuentos ilegales y las sanciones, pero remarcaron que la salud es lo más grave «porque se nos mueren los compañeros».

La respuesta de Emova y del Gobierno porteño

Emova sostuvo que continúa con el plan integral de desasbestizado en toda la red, a través de una mesa interdisciplinaria en la que participan los gremios y que funciona en la Dirección de Protección del Trabajo del Gobierno de la Ciudad. La empresa informó además que realizó más de 5.000 mediciones de calidad del aire, a cargo de laboratorios validados por la Agencia de Protección Ambiental porteña, con resultados «adecuados para la salud».

El Gobierno de la Ciudad informó que existe un plan de desasbestizado desde que se detectó el material en 2018, con análisis de formaciones e instalaciones, retiro de componentes contaminados y controles del aire en los espacios de trabajo.

La distancia entre ambas versiones es total: la empresa exhibe más de 5.000 mediciones de aire y el sindicato exhibe una lista de muertos y más de 150 diagnosticados. Hay además un dato que complica el argumento de las mediciones: el trabajador fallecido estaba jubilado desde agosto de 2024, y enfermedades asociadas al asbesto, como el cáncer de pulmón y el mesotelioma, pueden manifestarse muchos años después de la exposición.

Un conflicto que se arrastra desde 2018

El problema se hizo público en febrero de 2018, cuando los trabajadores supieron que formaciones CAF 5000 que habían circulado en el Metro de Madrid contenían asbesto y que esos mismos trenes habían operado en la Línea B porteña. La AGTSyP reclamó explicaciones a Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), empresa estatal propietaria de la red, y a la concesionaria; en 2019 presentó un amparo ambiental y los relevamientos posteriores confirmaron la presencia del material en distintas flotas e instalaciones.

El 1 de junio, el gremio ya había frenado la Línea C por la presencia de asbesto en formaciones Nagoya 5000, tras denunciar el incumplimiento de un acuerdo del 31 de mayo de 2024 que exigía retirarlas del servicio. El último paro total había sido el 20 de octubre, cuando los metrodelegados paralizaron toda la red por la detención de dos representantes gremiales durante una protesta, un arresto que el sindicato calificó de arbitrario y que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, respaldó públicamente.

Lo que tenés que saber

  • La AGTSyP para las seis líneas y el Premetro este jueves, desde las 21 hasta el final del servicio.
  • La medida responde a la muerte de un exoperario que trabajó más de 32 años en un taller de la red, la séptima que el gremio vincula con el asbesto.
  • El sindicato denuncia más de 150 trabajadores con afecciones de salud y reclama el retiro del material de toda la red.
  • Emova y el Gobierno porteño afirman que hay un plan de desasbestizado y que las mediciones del aire son adecuadas.
  • El asbesto está prohibido en la Argentina desde 2003 y el conflicto es público desde 2018.

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