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Fuerte y renovado reclamo por la soberanía del Río Paraná y el Canal Magdalena
El objetivo principal de esta iniciativa es reafirmar el pedido para que el Estado siga a cargo de la administración de la vía principal del río y para que se concrete la licitación del dragado del canal en el transcurso de este año. Estas demandas son para garantizar el desarrollo y la conectividad de los puertos fluviales con el litoral marítimo.
Organizaciones sindicales, sociales y políticas se unen una vez más para hacer un llamado enérgico en favor de la soberanía y administración estatal del Río Paraná y el dragado del Canal de Magdalena. Esta demanda será renovada durante una conferencia de prensa convocada por la Mesa Lucio N. Mansilla, integrada por el Cordón Industrial Timbúes-Rosario-Buenos Aires-La Plata, que se llevará a cabo este lunes a las 16.30 en el Puerto de La Plata, ubicado en la ciudad de Ensenada, en la provincia de Buenos Aires.
El objetivo principal de esta iniciativa es reafirmar el pedido para que el Estado siga a cargo de la administración de la vía principal del río Paraná y para que se concrete la licitación del dragado del Canal de Magdalena en el transcurso de este año. Estas demandas son fundamentales para garantizar el desarrollo y la conectividad de los puertos fluviales con el litoral marítimo.
Julio César Urien, presidente de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (Fipca), destacó en una entrevista con Télam la importancia de mantener la administración estatal del río Paraná y la urgencia de avanzar con el proyecto de dragado del Canal de Magdalena. La conferencia de prensa también cuenta con la participación de Fipca, el Puerto de la Plata, el Astillero Tandanor, el Astillero Río Santiago y la Federación de Trabajadores de la Industria y Afines (FETIA), quienes se suman a esta causa para garantizar la soberanía y el desarrollo económico de la región.
El proyecto del Canal Magdalena fue presentado por el Gobierno nacional en julio de 2013 y tiene como objetivo principal mejorar las condiciones de navegabilidad de la zona. La propuesta busca transformar el cauce natural del lecho del Río de la Plata, que actualmente tiene una profundidad de 4,50 metros, y dragarlo hasta alcanzar los 12 metros. Esto permitiría establecer una conexión directa entre los puertos fluviales y el litoral marítimo, impulsando así el comercio y la actividad económica en la región.
La necesidad de avanzar en la licitación y ejecución del dragado del Canal de Magdalena es fundamental para potenciar la competitividad de los puertos y promover el desarrollo económico de la región. Además, garantizar la administración estatal del Río Paraná es crucial para proteger la soberanía y los intereses nacionales en materia de navegación fluvial.
En resumen, la conferencia de prensa convocada por la Mesa Lucio N. Mansilla y diferentes organizaciones busca renovar el reclamo por la soberanía del Río Paraná y el dragado del Canal de Magdalena. Estas acciones son esenciales para garantizar la conectividad, el desarrollo económico y la competitividad de la región. Es hora de que se escuche la voz de quienes defienden los intereses nacionales en materia fluvial.
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Gremiales
El Gobierno fijó el salario mínimo por decreto: subirá escalonado de $383.800 a $437.000 hasta abril de 2027
Sin acuerdo en el Consejo del Salario, el Ejecutivo volvió a actuar de manera unilateral y estableció aumentos escalonados que llevarán el piso salarial de $383.800 en septiembre a $437.000 en abril del año próximo, una suba de apenas $60.400 en ocho meses que profundiza la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde diciembre de 2023.
La Resolución 4/2026 publicada este miércoles en el Boletín Oficial estableció los nuevos valores del Salario Mínimo Vital y Móvil con aumentos escalonados desde septiembre de 2026 hasta abril de 2027. La medida fue firmada por Claudia Silvana Testa, presidente alterna del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, y llega como consecuencia directa del fracaso de las negociaciones del 28 de agosto, cuando los representantes sindicales y empresariales no lograron consenso en la sesión plenaria.
El texto oficial reconoció que en esa instancia se presentaron propuestas de ambas partes pero que, «luego de un extenso intercambio de opiniones, no se logró alcanzar un acuerdo». La brecha entre posiciones era elocuente: la CGT reclamaba un piso de $911.000, mientras los representantes empresariales ofrecieron $400.000, apenas por encima del mínimo entonces vigente de $376.600.
Un ajuste de laboratorio que no llega a los bolsillos
La escalera fijada por el Ejecutivo contempla subas mensuales de entre $7.200 y $7.400 pesos, un goteo que resulta irrisorio frente a la dinámica de precios de los últimos meses. Los nuevos valores mensuales y por hora quedan establecidos de la siguiente manera: septiembre de 2026, $383.800 ($1.919 la hora); octubre, $391.200 ($1.956); noviembre, $398.800 ($1.994); diciembre, $406.400 ($2.032); enero de 2027, $414.200 ($2.071); febrero, $422.000 ($2.110); marzo, $429.600 ($2.148); y abril, $437.000 ($2.185).
La escala rige para todos los trabajadores comprendidos en el Régimen de Contrato de Trabajo, el Régimen de Trabajo Agrario, la Administración Pública Nacional y el conjunto de entidades y organismos del Estado Nacional que actúen como empleador.
El dato que el Gobierno prefiere no destacar lo aporta el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP UBA-CONICET): entre noviembre de 2023 y julio de 2026, el SMVM real acumuló una caída del 40,5%. Los aumentos ahora dispuestos, incluso sumados en su totalidad, no alcanzan a compensar ni una fracción de esa destrucción de poder de compra.
El Consejo del Salario: dos años de acuerdos imposibles
Lo ocurrido el 28 de agosto no fue una excepción sino la regla de la gestión Milei. Desde hace más de dos años, el Consejo del Salario Mínimo no logra ningún acuerdo entre las partes y el Ejecutivo termina fijando los valores de manera unilateral mediante resolución. El organismo, que fue creado para garantizar que trabajadores sin paritarias propias cuenten con un piso digno de ingresos, se convirtió en una instancia de formalización de decisiones que el Gobierno toma de antemano.
La reunión del 28 de agosto también reflejó una disputa de fondo sobre el formato del encuentro: la CGT había reclamado que la sesión se realizara de manera presencial, pero el Gobierno mantuvo la modalidad virtual a través de Zoom. Los sindicatos interpretaron ese rechazo como una señal del escaso peso que el Ejecutivo asigna al espacio. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, lo dijo sin rodeos en un comunicado: «El Consejo del Salario es inservible, es una puesta en escena. Hace más de dos años que no hay acuerdos y se termina resolviendo por una resolución del Gobierno».
El desempleo, anclado al mínimo
La misma resolución reguló la prestación por desempleo. El beneficio equivaldrá al 75% del importe neto de la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida por el trabajador en los seis meses anteriores al cese. La normativa fijó además un piso y un techo: la prestación mensual no podrá ser inferior al 50% del SMVM vigente, ni superior al 100% del mismo. Esto significa que la protección ante la pérdida de empleo también queda atada a un piso que pierde valor en términos reales.
Un salario mínimo que en ocho meses crece $60.400 pesos en un país donde la canasta básica alimentaria registró una variación interanual del 32,8% según datos del INDEC de marzo de 2026, y donde los servicios públicos acumularon subas de más del 500% desde diciembre de 2023. La Resolución 4/2026 no es una política salarial; es la administración ordenada del empobrecimiento.
Puntos clave
- El Ejecutivo fijó el SMVM por Resolución 4/2026 publicada en el Boletín Oficial, tras el fracaso de las negociaciones del 28 de agosto.
- Los valores escalonados van de $383.800 en septiembre de 2026 a $437.000 en abril de 2027, una suba total de $60.400 en ocho meses.
- Según el IIEP (UBA-CONICET), el salario mínimo real acumuló una caída del 40,5% desde noviembre de 2023 hasta julio de 2026.
- La prestación por desempleo queda fijada entre el 50% y el 100% del SMVM, lo que la ancla a un piso que pierde valor frente a la inflación.
- Es la segunda vez consecutiva que el Gobierno define el SMVM de manera unilateral, sin acuerdo entre trabajadores y empleadores.
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