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Corrupción en ANDIS: la Justicia abrirá el celular de Daniel Garbellini

“Me metió el más importante de todos. Para chorear”, se escucha decir a Spagnuolo en una de las grabaciones.

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El juez federal Sebastián Casanello ordenó la apertura del teléfono celular de Daniel Garbellini, exfuncionario de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), desplazado tras el estallido del escándalo de los audios de Diego Spagnuolo.

Garbellini se desempeñaba como director de Acceso a los Servicios de Salud y estaba a cargo del programa Incluir Salud, que brinda cobertura médica a beneficiarios de pensiones sin obra social.

Según los audios difundidos, habría sido colocado en la agencia por el subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem, con el objetivo de manejar la “caja” de los retornos.

“Me metió el más importante de todos. Para chorear”, se escucha decir a Spagnuolo en una de las grabaciones.

Qué se espera del peritaje

La apertura del dispositivo estará a cargo de la DATIP (Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal), dependiente del Ministerio Público Fiscal.
El análisis de llamadas, mensajes y archivos podría aportar pruebas clave para determinar cómo funcionaba el presunto circuito de coimas y qué vínculos existían entre Garbellini, los Kovalivker —dueños de la droguería Suizo Argentina— y funcionarios de la Secretaría General de la Presidencia.

Un esquema de corrupción sobre las espaldas de los más vulnerables

Mientras se investigan las maniobras, miles de prestaciones del sistema de discapacidad fueron recortadas, dejando sin cobertura a beneficiarios y sin ingreso a profesionales y asistentes.
Prestadores de distintas provincias denunciaron que les exigían pagos ilegales para destrabar fondos nacionales hacia las jurisdicciones locales. Parte de estas presentaciones habrían llegado a la Oficina Anticorrupción (OA), que ahora deberá responder a los pedidos del fiscal Franco Picardi.

Los empresarios en la mira

En la causa también están imputados Eduardo, Jonathan y Emmanuel Kovalivker, propietarios de Suizo Argentina S.A., señalada en las grabaciones como engranaje central del sistema de retornos. Hasta el momento, la colaboración de la familia empresaria con la Justicia fue mínima, lo que alimenta las sospechas de encubrimiento y connivencia política.

Un expediente que sube escalones políticos

La investigación dejó al descubierto los vínculos directos entre funcionarios de la Casa Rosada, empresarios farmacéuticos y exautoridades de la ANDIS. El nombre de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, sobrevuela la causa por su rol en la designación de funcionarios y su cercanía con “Lule” Menem, aunque hasta ahora no fue formalmente imputada.

El expediente sigue bajo la órbita del juez Casanello, con delegación en el fiscal Picardi, en un contexto de fuerte presión política y denuncias cruzadas de espionaje ilegal.

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La Justicia pide evaluar de urgencia a Pity Álvarez tras el choque

Los abogados que representan a la hermana del músico presentaron un pedido ante el Juzgado Nacional en lo Civil N°4 para que se realice una evaluación interdisciplinaria en un plazo máximo de 24 horas. El episodio se suma a un cuadro de salud que la Justicia ya intervino para proteger y a un juicio penal por homicidio que sigue su curso.

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Un accidente de tránsito en una estación de servicio del barrio porteño de La Paternal volvió a poner sobre la mesa el estado de salud del músico Cristian «Pity» Álvarez y la necesidad de una intervención judicial urgente. En la madrugada del martes, Álvarez conducía un Volkswagen Bora e impactó contra un Peugeot 208 estacionado en la intersección de las avenidas San Martín y Nicasio Oroño, para luego retirarse del lugar sin entregar su documentación, argumentando que tenía «problemas legales».

Horas después del episodio, los abogados Sebastián Queijeiro y Javier Baños presentaron un pedido urgente ante el Juzgado Nacional en lo Civil N°4, a cargo de la jueza Mariana Judith Kanefsck, para que se concrete una evaluación interdisciplinaria del músico en un plazo máximo de 24 horas. La solicitud busca determinar su capacidad jurídica ante lo que los letrados describen como un cuadro de salud delicado.

Un episodio tras otro: el fin de semana previo al choque

El accidente vial no fue el único incidente reciente. Según detalló la defensa en el escrito judicial, durante el fin de semana anterior al choque el músico se encerró en una habitación de su domicilio y se negó a salir, lo que obligó a su entorno a intervenir con la asistencia de un cerrajero. «Llamamos a un cerrajero para ingresar, pero finalmente nos abrió», precisó el abogado Queijeiro en la presentación. En el mismo documento, el letrado subrayó que «su estado de salud es delicado y es por ello que no puede permanecer solo».

Qué analiza la Justicia Civil y qué medidas ya tomó

El expediente civil en curso tiene como objetivo central analizar el diagnóstico de Álvarez, sus recursos familiares y los apoyos necesarios para que alcance su mayor nivel de autonomía posible. La jueza Kanefsck ya había ordenado a la obra social de SADAIC que concretara un examen la semana anterior, pero la medida quedó pendiente de cumplimiento hasta la fecha.

En el marco de este proceso, la magistrada designó a Silvina Andrea Álvarez Congiu, hermana del músico, como apoyo provisorio para la administración de sus recursos de salud, e impuso una inhibición general de bienes. La orden también autorizó el uso de la fuerza pública o la apertura forzada de cerraduras si fuera necesario para garantizar el traslado y la atención del artista.

El juicio penal por homicidio sigue su propio carril

La causa civil avanza de forma independiente al proceso penal que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 lleva adelante contra Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en 2018. Hasta el martes, los jueces penales mantuvieron sin modificaciones el calendario del debate oral, que tiene previstas las declaraciones de cuatro testigos propuestos por la defensa.

La acumulación de episodios recientes plantea, una vez más, la tensión entre la continuidad de un proceso penal y la necesidad de garantizar la salud y la contención de alguien cuya capacidad jurídica está siendo evaluada por la propia Justicia Civil.

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