La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) expresó su preocupación por el decreto 780/2024 dictado por el Gobierno nacional, que modifica reglamentaciones de la Ley de Acceso a la Información Pública. Según Adepa, este decreto introduce excepciones que «por su amplitud y vaguedad, podrían habilitar a los funcionarios a incumplir su obligación de permitir el acceso a la información pública bajo el pretexto de genéricos ‘daños y perjuicios’ o con fundamento en un supuesto ‘interés público'».

Restricciones que Vulneran Principios Legales

La entidad considera que estas restricciones podrían afectar tanto el respeto de los principios establecidos por la ley como los estándares constitucionales e internacionales en materia de acceso a la información. Adepa advirtió que estas modificaciones podrían generar «aplicaciones restrictivas» incompatibles con el texto legal, los principios constitucionales y los tratados internacionales que garantizan el acceso irrestricto a toda información relacionada con el desempeño de los funcionarios públicos.

En su comunicado, Adepa recordó al Poder Ejecutivo los principios consagrados en el artículo 1° de la Ley de Acceso a la Información, los cuales se encuentran fuera del alcance de la competencia regulatoria del Poder Ejecutivo. Estos principios incluyen la «presunción de publicidad», «máxima divulgación», «máximo acceso», «alcance limitado de las excepciones», e «in dubio pro petitor» («ante la duda, a favor del peticionante»).

Modificación en la Definición de Información Pública

Uno de los cambios más preocupantes, según Adepa, se refiere a la modificación en la definición de información pública y documento establecida en el artículo 3º del texto original de la ley. El Gobierno dispuso que «no se entenderá como información pública a aquella que contenga datos de naturaleza privada que fueran generados, obtenidos, transformados, controlados o custodiados por personas humanas o jurídicas privadas o por la ausencia de un interés público comprometido, ajenos a la gestión de los sujetos obligados enumerados en el artículo 7° de la Ley N° 27.275 y su modificatoria».

Adepa destacó que la definición original de la Ley de Acceso a la Información Pública estipulaba que la información pública es «todo tipo de dato contenido en documentos de cualquier formato que los sujetos obligados enumerados en el artículo 7° de la presente ley generen, obtengan, transformen, controlen o custodien». La entidad subrayó que si bien los funcionarios públicos tienen derecho a la privacidad y pueden existir aspectos específicos que deban permanecer temporalmente fuera del conocimiento público en un gobierno democrático, estos deben ser casos excepcionales.

Adepa Rechaza el Uso Extensivo del Secreto

Adepa también advirtió sobre los riesgos de extender el uso del secreto más allá de lo estrictamente necesario. «El secreto es, en ocasiones, un remedio inevitable para el sostenimiento de un régimen democrático. Su extensión más allá de lo excepcionalmente necesario precipita a una pendiente que imposibilita hacer efectiva la responsabilidad pública de las autoridades», señala el documento difundido por la entidad. Adepa considera que ampliar estas excepciones es una manera de «socavar las bases republicanas del país».

Revisión Urgente Solicitada al Poder Ejecutivo

Finalmente, Adepa solicitó al Poder Ejecutivo que revise estas reglamentaciones que, en su opinión, desnaturalizan lo establecido por la ley, la Constitución y los estándares interamericanos de derechos humanos. La asociación enfatizó la importancia de asegurar que las modificaciones no restrinjan el derecho de acceso a la información pública, fundamental para la transparencia y la rendición de cuentas en una democracia.