Con la sesión en el Senado convocada para el próximo 6 de agosto, un amplio frente de organizaciones de la sociedad civil presentó un documento que desmonta, punto por punto, la mecánica del paquete legislativo impulsado por el gobierno de Javier Milei. La coalición, integrada por más de veinte entidades, advierte que la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y el Súper RIGI no deben leerse como reformas aisladas, sino como piezas complementarias de una misma arquitectura orientada a desarticular la soberanía sobre los bienes comunes estratégicos del país: la tierra, el agua, la energía y los datos.

Las organizaciones identificaron una mecánica secuencial de tres pasos. El primero es la Ley de Inviolabilidad, que al vaciar de contenido la Ley de Tierras Rurales vigente (26.737) elimina el tope del 15% a la extranjerización, los límites de hectáreas y la prohibición fundamental de adquirir tierras que contengan o sean ribereñas de cuerpos de agua permanentes. El segundo paso es la reforma a la Ley de Sociedades, que permite que esos territorios se adquieran a través de corporaciones opacas sin requerir información contable, borrando el rastro sobre quién es el titular real detrás de las compras. El tercer paso es el Súper RIGI, que blinda esas inversiones con 30 años de estabilidad fiscal y aduanera, impidiendo el control estatal y habilitando a las empresas a litigar contra el país ante tribunales de arbitraje internacional como el CIADI.

Las voces del rechazo

Micaela Sánchez Malcolm, de la organización Géneras, fue contundente al trazar el esquema: «Primero se entrega la tierra, el agua, la energía y los datos; y en simultáneo se le vendan los ojos a las instancias que deberían vigilar. La Ley de Sociedades borra el rastro de quién compra, y el Súper RIGI blinda el negocio por tres décadas. No son reformas aisladas, es una arquitectura diseñada para el saqueo.»

Luciana Ghiotto, del Transnational Institute, advirtió sobre las implicancias para las propias provincias: «El senador que apruebe esto estará cediendo la jurisdicción de su propia provincia por treinta años y convalidando una doble delegación inconstitucional. Las provincias y el Estado Nacional tendrán las manos atadas para hacer cumplir regulaciones laborales, medioambientales o de derechos humanos en general, porque el Súper RIGI otorga 30 años de estabilidad regulatoria para las corporaciones que entren al régimen. Cualquier cambio en la legislación puede provocar una avalancha de demandas multimillonarias en el CIADI.»

Lucas Micheloud, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), encuadró el paquete en un proceso más amplio: «La reforma a la ley de tierras forma parte de un programa de remate de la Argentina, junto al Super RIGI, la modificación a la Ley de Sociedades y el resto de las iniciativas de desregulación diseñadas para remover los límites que protegen nuestros territorios y allanar el camino a los nuevos poderes globales. En plena crisis climática y disputa geopolítica por la tierra, el agua y la energía, renunciar a quién controla la tierra es renunciar a la soberanía y legitimar una nueva forma de colonialismo en el siglo XXI.»

Ernesto Alonso, secretario de DDHH del Centro de Ex Combatientes de Malvinas de La Plata, señaló la contradicción central del oficialismo: «Existe una contradicción insalvable; no podemos defender la soberanía de los territorios usurpados por Gran Bretaña en el Atlántico Sur y promover una ley de entrega del territorio continental. Milei está llevando a cabo un plan sistemático de entrega para dejar a los 48 millones de argentinos mirando cómo se desintegra el territorio nacional.»

Florencia Gómez, del Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS), agregó que «la derogación de la Ley de Tierras implica perder los datos dominiales y catastrales sobre la tierra, el control sobre activos estratégicos y favorecer la opacidad de las operaciones financieras. Reniegan de cualquier forma de participación ciudadana y política de transparencia.»

La Patagonia en el centro del mapa

El documento de las organizaciones apunta de manera específica a la Patagonia como el territorio más expuesto al diseño de enclaves. Sus reservas de agua dulce, minerales estratégicos, energía y clima frío la convierten en un destino de interés prioritario para la infraestructura de gigantes tecnológicos y de inteligencia artificial, precisamente el tipo de inversiones que el Súper RIGI busca atraer con sus beneficios diferenciales. Las organizaciones advierten además sobre el enorme costo fiscal y federal del paquete para las provincias, que implicaría una renuncia estructural a ingresos por Ingresos Brutos y Sellos, desfinanciando el sistema previsional sin generar compensaciones ni fuentes masivas de empleo.

Convocatoria al Congreso el 6 de agosto

Las organizaciones firmantes convocaron a la ciudadanía a movilizarse frente al Congreso el 6 de agosto, fecha en que está previsto el tratamiento del proyecto. El documento concluye con una advertencia dirigida directamente a los senadores: «Rechazar uno y aprobar el otro dejaría la cerradura a medio cerrar. La fuerza de la defensa nacional está en rechazar los dos.»

Entre las organizaciones firmantes del documento presentado ante el Senado figuran la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), la Asociación Gremial de Computación (AGC), Asuntos del Sur, ATTAC Argentina, la Campaña Plurinacional en Defensa del Agua para La Vida, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS), el Taller Ecologista, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Civil Géneras, Iciudad, Jóvenes por el Clima, el Laboratorio Abierto de Inteligencia Artificial (LAIA) y el Transnational Institute (TNI), entre otras.

Puntos clave

• Organizaciones de la sociedad civil presentaron un documento ante el Senado que identifica una mecánica de tres pasos para facilitar la apropiación de territorios estratégicos por parte del capital extranjero.
• La Ley de Inviolabilidad eliminaría el tope del 15% a la extranjerización y la prohibición de vender tierras ribereñas de cuerpos de agua permanentes, mientras el Súper RIGI blindaría esas inversiones con 30 años de estabilidad regulatoria.
• Especialistas advierten que cualquier cambio legislativo posterior podría habilitar demandas multimillonarias ante el CIADI por parte de las empresas beneficiadas.
• Las organizaciones señalan un costo federal severo: las provincias resignarían ingresos por Ingresos Brutos y Sellos, desfinanciando el sistema previsional, sin fuentes masivas de empleo como contrapartida.
• Las entidades convocaron a movilizarse frente al Congreso el 6 de agosto y exigen el rechazo de ambas iniciativas de manera simultánea.