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Caso Pablo Grillo: Cels celebró peritaje de la Policía de la Ciudad

La reconstrucción busca aportar pruebas en la causa judicial. La familia de Pablo Grillo espera avances tras la citación del gendarme Héctor Guerrero.

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Lo que tenés que saber

  • La Policía de la Ciudad realizó tareas de reconstrucción en la zona del hecho
  • El CELS destacó que la medida representa un avance en la causa
  • Pablo Grillo recibió un disparo de proyectil de gas el 12 de marzo
  • El fotógrafo continúa su recuperación y volverá al Ramos Mejía por una prótesis
  • El gendarme Héctor Guerrero fue citado a indagatoria para el 2 de septiembre

Policía de la Ciudad realizó tareas de reconstrucción en el caso Pablo Grillo

La Policía de la Ciudad trabajó en la zona donde el fotógrafo Pablo Grillo fue alcanzado por un proyectil de gas lacrimógeno. El operativo se enfocó en tomar medidas y registros visuales, en el marco de la reconstrucción de lo ocurrido el pasado 12 de marzo, en inmediaciones del Congreso de la Nación.

Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organismo que integra la abogada Agustina Lloret, defensora de la familia Grillo, se valoró el operativo como un paso importante. “Para tomar medidas y fotos en vistas a la reconstrucción”, informaron desde sus redes sociales.

Evolución de Pablo Grillo y nueva intervención médica

Mientras avanza la investigación, Pablo Grillo continúa su recuperación. Su padre, Fabián Grillo, explicó que en los próximos días el fotógrafo volverá al Hospital Ramos Mejía para una nueva intervención médica.

“Que le mejoraría su calidad de vida”, afirmó Fabián Grillo en relación a la colocación de una prótesis. Además, detalló el actual estado de su hijo: “El proceso evolutivo no es como en la primera etapa, sino que es más lento. Cuando estaba en terapia intensiva, su evolución era día a día, pero ahora son procesos más largos. En primer lugar, no dependería de su casco (que usa como protección) al salir y, además, podría mejorar mucho, siempre hablando en potencial, por la presión del cráneo sobre el cerebro”.

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Citación judicial y expectativa familiar

En declaraciones radiales, el padre del fotógrafo señaló que la Justicia no está tardando tanto como en otros casos similares. Confirmó además que el gendarme Héctor Guerrero, sindicado como quien disparó el proyectil, fue citado a indagatoria para el 2 de septiembre.

“Ya hay una condena social hacia todos los involucrados en el caso de su hijo, debido a que es evidente lo que ocurrió y que alcanza con sólo ver las imágenes”, dijo Fabián Grillo en diálogo con Radio Del Plata.

“Los sentimientos y las expectativas son variadas. No creo que haya motivos para no juzgar a esta gente, pero el Sistema Judicial Argentino nos tiene acostumbrados a ser cautos en ese sentido, pero esperemos que se logre”, concluyó.

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Myanmar cometió genocidio: la CIJ responsabilizó por primera vez a un Estado

El máximo tribunal de la ONU concluyó que las fuerzas birmanas mataron a unos 10.000 rohinyás en 2017 y empujaron a 700.000 al exilio. Ordenó juzgar a los responsables, indemnizar a las víctimas y garantizar el regreso de los desplazados.

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Corte Internacional de Justicia: fallo por los rohinyás

Unos 10.000 rohinyás asesinados, alrededor de 700.000 expulsados hacia Bangladés y cerca de 400 aldeas arrasadas: con esas cifras sobre la mesa, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) concluyó este jueves que Myanmar cometió genocidio contra esa minoría musulmana durante las operaciones militares de 2017. Es la primera vez en su historia que el máximo tribunal de Naciones Unidas declara a un Estado responsable de haber cometido ese crimen.

El fallo, de 191 páginas, fue leído durante casi tres horas en La Haya por el presidente del tribunal, el juez japonés Yuji Iwasawa, en la causa que Gambia inició en noviembre de 2019 por violación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. «La República de la Unión de Myanmar ha cometido genocidio contra el grupo rohinyá en el norte del estado de Rajine», afirmó Iwasawa. La decisión se adoptó por nueve votos contra seis y es definitiva, obligatoria para las partes e inapelable.

Qué dio por probado la Corte

El tribunal consideró respaldada por el expediente la estimación de unos 10.000 muertos, que surge de una misión independiente de la ONU, y concluyó que las fuerzas de seguridad y otros órganos del Estado cometieron actos prohibidos por los incisos a, b y d del artículo II de la Convención: matanzas, lesiones graves a la integridad física o mental y medidas destinadas a impedir nacimientos dentro del grupo. También determinó que Myanmar no previno ni castigó el genocidio.

Iwasawa describió la «violencia extrema» del ejército contra las comunidades rohinyás del estado de Rajine y sostuvo que el asesinato de bebés respalda la inferencia de que las fuerzas de seguridad buscaban impedir nacimientos dentro del grupo. Según el tribunal, cerca de 400 de las casi 1.000 aldeas de tres municipios del norte, alrededor del 40%, fueron destruidas total o parcialmente durante y después de 2017, y sobre los terrenos despejados se levantaron construcciones a toda velocidad.

Lo que deberá hacer Myanmar

La sentencia ordenó a Myanmar adecuar su legislación a las obligaciones de la Convención, investigar y, cuando corresponda, juzgar y castigar a los sospechosos, ofrecer garantías de no repetición, permitir el regreso «seguro, voluntario y digno» de los desplazados y la reunificación de las familias, e indemnizar al grupo rohinyá y a sus integrantes. El monto se fijará en una etapa posterior, y el Estado birmano tendrá dos años para informar qué medidas de restitución adoptó y qué compensación propone.

El secretario general de la ONU, António Guterres, celebró el fallo como un «poderoso reconocimiento a las víctimas rohinyá del genocidio» y sostuvo que terminar con la impunidad es indispensable para la reconciliación en Myanmar. Pero la CIJ no tiene medios propios para hacer cumplir sus decisiones, y el comandante que encabezó aquella ofensiva, Min Aung Hlaing, es el mismo que lideró el golpe de Estado de 2021.

Un techo que se rompió

El caso recorrió un largo camino: en enero de 2020 la Corte ordenó medidas provisionales para proteger a los rohinyás, en julio de 2022 rechazó las objeciones de Myanmar y se declaró competente, y en enero de este año escuchó tres semanas de alegatos, en los que el representante birmano Ko Ko Hlaing defendió la campaña militar como una respuesta a ataques de milicianos rohinyás.

El fallo marca un antes y un después en el derecho internacional: en Bosnia contra Serbia, en 2007, la Corte solo había condenado a un Estado por no prevenir un genocidio, el de Srebrenica, pero no por cometerlo. En Croacia contra Serbia, en 2015, rechazó las dos demandas por no haberse probado la intención específica de destruir a un grupo.

El capítulo argentino

La causa tiene un correlato directo en Comodoro Py. En noviembre de 2019, organizaciones rohinyás junto a organismos argentinos de derechos humanos, entre ellos Abuelas de Plaza de Mayo y la organización del Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, presentaron una denuncia ante el juzgado de María Romilda Servini invocando el principio de jurisdicción universal. El 13 de febrero de 2025, la jueza dictó órdenes de detención contra 25 funcionarios militares y civiles birmanos, entre ellos Min Aung Hlaing y la ex consejera de Estado Aung San Suu Kyi. La sentencia de La Haya le da un respaldo inédito a una investigación que la Justicia argentina abrió cuando pocos países se animaban.

Lo que tenés que saber

  • La CIJ declaró a Myanmar responsable de genocidio contra los rohinyás en 2017, por nueve votos contra seis.
  • Es la primera vez que el tribunal determina que un Estado cometió genocidio.
  • Se estiman unos 10.000 muertos, 700.000 desplazados y unas 400 aldeas destruidas.
  • Ordenó juzgar a los responsables, indemnizar a las víctimas y permitir el regreso de los desplazados; Myanmar tiene dos años para informar.
  • En la Argentina, la jueza Servini ordenó en 2025 la detención de 25 funcionarios birmanos, entre ellos Min Aung Hlaing.
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