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Legislativo

Un Santiago Caputo descontrolado acusa a Victoria Villarruel por la sesión clave sobre la Corte

Desde el Ejecutivo se asegura que Milei apoyaba la postergación hasta mayo.

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Lo que tenés que saber:

  • El Gobierno intentó sin éxito frenar la sesión del Senado sobre los candidatos de Milei a la Corte Suprema.
  • La sesión comenzó con un quorum ajustado, luego de gestiones fallidas por evitarla.
  • Victoria Villarruel es acusada de boicotear los intentos de postergar la sesión.
  • Desde el Ejecutivo se asegura que Milei apoyaba la postergación hasta mayo.
  • Las divisiones internas del Gobierno se reflejan en el conflicto entre Villarruel y el oficialismo.

Gobierno Acusa a Villarruel de Boicotear Sesión Crucial sobre la Corte Suprema

En una jornada cargada de tensiones políticas, el Gobierno no logró frenar la sesión del Senado destinada a definir los pliegos de los candidatos propuestos por Javier Milei para la Corte Suprema de Justicia. A pesar de los esfuerzos realizados desde la Casa Rosada, el proceso avanzó sin poder desactivar la discusión. La controversia no solo giró en torno al futuro de los nuevos jueces de la Corte, sino también sobre el papel de la vicepresidenta Victoria Villarruel, acusada por el Ejecutivo de boicotear los esfuerzos para postergar la sesión.

Intentos Fallidos del Gobierno para Postergar la Sesión

Desde temprano, el Gobierno intentó por todos los medios evitar que la sesión se llevara a cabo. A través de llamadas a senadores y gobernadores, se buscaba evitar que se alcanzara el quorum necesario para dar inicio a la discusión. Sin embargo, a las 14:13, la sesión comenzó con un quorum ajustado de 37 senadores, suficiente para proceder con la deliberación. La mayoría de los presentes pertenecía a la coalición de Unión por la Patria, con el respaldo de figuras clave del PRO, como Alfredo De Angeli y Victoria Huala, así como del radicalismo.

El Papel de Victoria Villarruel y las Acusaciones del Gobierno

El momento más crítico llegó cuando, tras conseguirse el quorum, el Gobierno hizo un último intento para suspender la sesión mediante un decreto. Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado, fue quien recibió la solicitud de la Casa Rosada para postergar la sesión hasta mayo. El acuerdo, sin embargo, se rompió cuando Abdala acudió a la oficina de Victoria Villarruel en la Cámara Alta. Según fuentes cercanas al Ejecutivo, durante el encuentro entre Abdala y Villarruel, las chicharras del Senado marcaron el inicio de la sesión, sin que pudiera evitarse.

El Ejecutivo no tardó en acusar a la vicepresidenta de boicotear el intento de suspender la sesión, lo que generó una nueva ola de críticas internas dentro del oficialismo. La controversia se intensificó cuando Santiago Caputo, asesor presidencial de Javier Milei, utilizó la red social X para expresar su indignación: “¿Qué hace la vicepresidenta de la Nación en ejercicio de la Presidencia de la Nación en su despacho del Senado operando la sesión de hoy? Casi seguro que es un delito eso”. Este tuit profundizó aún más la fractura entre Villarruel y el sector del Gobierno que sigue a Milei.

Tensiones y Divisiones dentro del Gobierno

El conflicto también evidenció las profundas divisiones dentro del oficialismo. A pesar de que, según fuentes cercanas, Milei estaba de acuerdo con la postergación de la sesión para evitar el rechazo de los pliegos de sus candidatos, las tensiones dentro de la coalición no se hicieron esperar. La actitud de Villarruel, que juega un rol clave en la conducción de la Cámara Alta, se mostró como un punto de fricción que podría tener repercusiones mayores en el futuro del Ejecutivo.

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Un Hito en el Proceso Judicial de la Corte Suprema

La sesión del Senado no solo resultó relevante para el proceso judicial que definirá a los nuevos jueces de la Corte Suprema, sino también para la política interna del Gobierno. Las divisiones entre el Ejecutivo y Villarruel reflejan la tensión creciente que podría tener implicancias importantes en el clima político de los próximos meses. Este episodio ha puesto de manifiesto las dificultades del oficialismo para consolidar su unidad frente a decisiones cruciales.

Legislativo

Bregman convoca a movilizar al Congreso: «El gobierno y los jueces se ríen de nosotros»

La diputada del Frente de Izquierda llamó a movilizarse frente al Congreso el 15 de octubre, denunciando que el Poder Judicial actúa en sintonía con el gobierno de Milei y no como árbitro independiente. La frase condensa un clima político que viene creciendo: la impunidad como regla y la calle como única respuesta posible.

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«Basta de que el gobierno y los jueces se rían de nosotros. El 15 de octubre tenemos que estar todos y todas frente al Congreso.» Con esa frase directa y sin eufemismos, la diputada nacional Myriam Bregman lanzó una convocatoria a movilizarse que circula en redes sociales y que condensa en pocas palabras una temperatura política que viene acumulándose: la percepción extendida en la oposición y en amplios sectores sociales de que la Justicia opera en sintonía con el poder, no como contrapeso.

Bregman es diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires en el Frente de Izquierda Unidad (FIT-U), abogada con trayectoria en causas de derechos humanos y una de las voces más activas en el rechazo a las políticas del gobierno de Javier Milei. Su declaración, publicada en la red social Threads, coloca en el mismo banco al Ejecutivo y al Poder Judicial, a quienes acusa de actuar en perjuicio de la ciudadanía y sin rendir cuentas ante nadie.

Un diagnóstico compartido: la Justicia como problema político

La declaración de Bregman no surge del vacío. La relación entre el Poder Judicial federal y el gobierno de Milei es uno de los nudos más tensos de la política argentina actual. Por un lado, el oficialismo envió al Senado cientos de pliegos de jueces, fiscales y defensores públicos en un proceso de designaciones que la oposición cuestiona por su velocidad y por la falta de debate genuino sobre los perfiles propuestos. Por otro, causas que involucran a funcionarios del gobierno libertario, como las investigaciones en torno a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la causa $Libra y los expedientes por enriquecimiento ilícito de funcionarios del gabinete, avanzan con una lentitud que contrasta con el ritmo de otras causas.

Ese cuadro alimenta una percepción que Bregman articula con claridad: cuando la Justicia no investiga a quienes gobiernan y simultáneamente actúa contra opositores o sectores vulnerables, pierde su condición de árbitro independiente y se convierte en un instrumento de poder. No es una lectura nueva en la política argentina, pero adquiere nueva urgencia en un contexto donde el ajuste fiscal golpea a la mayoría mientras los escándalos de corrupción se acumulan sin condenas.

La calle como respuesta a la impunidad

La convocatoria al Congreso para el 15 de octubre no es solo un gesto simbólico. En la tradición política argentina, la movilización frente al Congreso es el recurso de quienes sienten que los canales institucionales están cerrados o capturados. Bregman lo sabe y lo elige conscientemente: frente a una Justicia que, según su diagnóstico, «se ríe» de la ciudadanía, la respuesta es la presencia masiva en el espacio público.

El FIT-U viene sosteniendo una posición de oposición sin concesiones al gobierno de Milei desde el inicio de su gestión. A diferencia de otros bloques opositores que negociaron apoyos puntuales al oficialismo, el Frente de Izquierda no le votó ninguna medida de relevancia al gobierno libertario. Esa consistencia le da a Bregman una autoridad moral específica cuando llama a la calle: no convoca desde la comodidad de quien eventualmente cedió, sino desde una oposición sostenida en el recinto y fuera de él.

El Congreso como escenario de disputa

Elegir el Congreso como punto de concentración tiene una carga simbólica precisa. Es el lugar donde se aprueban los pliegos judiciales, donde se vota o se bloquea la legislación que define quiénes pueden ser procesados y con qué garantías, y donde las mayorías parlamentarias deciden qué causas avanzar y cuáles frenar. La convocatoria de Bregman instala la pregunta de fondo que el oficialismo prefiere no responder: ¿a quiénes sirven los jueces que el gobierno designa?

En ese marco, la frase «que el gobierno y los jueces se ríen de nosotros» es también una lectura sobre la impunidad como sistema. Cuando los funcionarios acumulan denuncias y las investigaciones no avanzan, y cuando simultáneamente la Justicia actúa con celeridad contra quienes protestan o reclaman, la ecuación se hace insostenible para cualquier noción básica de igualdad ante la ley. Bregman lo dice en público y convoca a decirlo en la calle. La pregunta es cuántos la escuchan.

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