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Investigación 🔎

Ocho billeteras, un sobre lacrado y demasiadas contradicciones: la pericia bitcoin de Adorni no cierra el caso, lo abre

El fiscal Gerardo Pollicita avanzó sobre los activos criptográficos que el ex jefe de Gabinete usó para justificar más de 591.000 dólares no declarados. La Policía Federal verificó la existencia de las billeteras y que su defensa tiene el control sobre ellas.

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El Argentino Diario-Manuel Adorni.
La Justicia probó que Adorni controla las ocho billeteras de bitcoin: el fiscal espera los informes patrimoniales para cruzar los datos.

Ocho billeteras de bitcoin, un sobre lacrado con claves de acceso y un «mensaje de desafío» generado por la fiscalía: así transcurrió el procedimiento de verificación criptográfica que la Justicia federal realizó sobre los activos digitales declarados por Manuel Adorni para justificar más de 591.000 dólares que no habían aparecido en sus declaraciones juradas originales. La medida representa un paso determinante en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que tramita en el fuero federal.

Matías Ledesma, abogado defensor del ex jefe de Gabinete, se presentó ante la Fiscalía Federal N°11 con una computadora y un sobre cerrado que contenía las claves de acceso a las ocho direcciones de bitcoin que la defensa había aportado en el requerimiento del 21 de septiembre. Al frente de la investigación, el fiscal Gerardo Pollicita y el juez federal Ariel Lijo coordinan desde hace meses una pesquisa que ya tiene bajo la lupa un patrimonio superior a los 840.000 dólares de origen no justificado.

El «mensaje de desafío» y la pericia criptográfica

El procedimiento técnico seguido por la fiscalía es propio del protocolo de verificación criptográfica de billeteras de bitcoin. Personal de la fiscalía generó un «mensaje de desafío» que debía ser insertado y firmado dentro de cada una de las ocho billeteras. Luego, el Departamento Investigaciones Antimafia de la Policía Federal Argentina, a través de una segunda computadora, corroboró que la defensa había introducido correctamente ese mensaje en cada dirección.

El resultado de la pericia permitió verificar dos hechos centrales: la existencia efectiva de las ocho billeteras y que la defensa de Adorni tiene control efectivo sobre cada una de ellas. Para garantizar la integridad de la cadena de custodia, personal técnico calculó los algoritmos hash de cada paso del proceso. Las claves y los resultados del peritaje quedaron resguardados en pendrives sellados en un sobre cerrado y lacrado, bajo reserva judicial.

Los 591.000 dólares y el relato que la Justicia desconfía

El origen de estas billeteras en el expediente judicial se remonta al escrito que la defensa presentó para explicar un agujero patrimonial de envergadura. En su último escrito, Adorni argumentó que los 591.000 dólares que no había declarado y que incorporó en rectificaciones de sus declaraciones juradas provenían de «ventas de activos», entre las que incluyó operaciones con bitcoin realizadas antes de su ingreso a la función pública.

Esa explicación, sin embargo, convive con inconsistencias ya documentadas en el expediente. En cobertura anterior, este medio informó que en octubre de 2020 el propio Adorni relató públicamente una anécdota de 2015 que evidenciaba desconocimiento sobre bitcoin, incompatible con el perfil de un inversor que ya habría ejecutado operaciones millonarias desde 2014. A eso se suma que una de las ocho billeteras registró un movimiento el 15 de abril de 2017, el mismo día en que Adorni publicó en redes sociales que se encontraba en Chile, lo que contradice el relato de la defensa sobre transacciones presenciales en efectivo en territorio argentino.

Qué espera la fiscalía ahora

Completada la verificación criptográfica, el fiscal Pollicita aguarda los resultados de los pedidos de informes sobre la historia patrimonial y laboral tanto de Adorni como de su esposa, Bettina Angeletti. Esa información será clave para contrastar la versión oficial sobre el origen de los fondos y determinar si el volumen patrimonial puede justificarse con los ingresos declarados a lo largo de los años.

La causa avanza en paralelo con otras líneas de investigación que incluyen refacciones en el country Indio Cuá por 245.000 dólares abonados en efectivo y sin factura, el uso del avión presidencial para trasladar a Angeletti a Nueva York, posibles triangulaciones con contratos en YPF y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y los vínculos del funcionario con la denominada Causa $Libra. La pericia de bitcoin es, en ese contexto, apenas uno de los frentes abiertos de una investigación que se expande.

Lo que tenés que saber:

  • La fiscalía federal realizó una pericia criptográfica sobre las ocho billeteras de bitcoin declaradas por Adorni para justificar 591.000 dólares no declarados.
  • El Departamento Investigaciones Antimafia de la Policía Federal verificó que la defensa tiene control efectivo sobre cada billetera.
  • El procedimiento incluyó un «mensaje de desafío», cálculo de algoritmos hash y resguardo de claves en un sobre lacrado bajo reserva judicial.
  • El fiscal Pollicita espera los informes sobre la historia patrimonial y laboral de Adorni y su esposa Bettina Angeletti.
  • La causa incluye múltiples líneas de investigación: inmuebles, viajes, contratos estatales y vínculos con la Causa $Libra.

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Campana ya no es refugio: el fallo de la Corte rompe la estrategia de la AFA

Durante casi un año, las defensas de la conducción de la AFA empujaron para concentrar sus causas en el juzgado federal de Campana. La Corte habló de una «grosera» violación de las reglas de competencia y devolvió a Rafecas la causa de la mansión de Pilar, aunque el juez podría irse pronto a Casación.

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Sede de la Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema no solo cambió de juez la causa por la mansión de Pilar: le puso nombre a lo que pasó durante casi un año. Los supremos dijeron que el traslado del expediente a Campana afectó «de manera severa e inequívoca» la garantía del juez natural y lo calificaron como una «grosera» violación de las reglas de competencia. Con esa frase se cayó la pieza central de una estrategia que la conducción de la AFA venía empujando desde fines de 2025: reunir sus causas en un solo juzgado, lejos de los tribunales porteños especializados en delitos económicos.

El fallo, firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, hizo lugar a la queja del fiscal ante Casación Mario Villar y dejó sin efecto la decisión de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que en agosto había enviado la investigación al juzgado de Adrián González Charvay con los votos de Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña y la disidencia de Alejandro Slokar. La Corte les reprochó, además, no haber analizado los argumentos de Villar. El expediente vuelve al Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3, de Daniel Rafecas.

El juzgado que querían los acusados

La pelea por la competencia nunca fue un tecnicismo. El 30 de diciembre de 2025, último día hábil del año, González Charvay pidió quedarse con la causa que tramitaba el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, que ya venía avanzando con medidas de prueba, y lo hizo pese a la opinión contraria de un fiscal. Con ese movimiento, la instancia de revisión pasaba a ser la Cámara Federal de San Martín. Según reconstruyó el diario La Nación, el juez de Campana tuvo después el expediente de la mansión durante seis meses sin avanzar sobre Claudio Tapia y Pablo Toviggino.

En paralelo, Campana fue absorbiendo otras causas sensibles para la entidad: la que había abierto el juez federal Luis Armella, que allanó a la empresa de Javier Faroni y las sedes de la AFA, y la de Santiago del Estero, donde el fiscal Pedro Simón había pedido la detención de Tapia y Toviggino. En esta última, en octubre, González Charvay sobreseyó a familiares y socios del tesorero porque no quedaba ningún fiscal impulsando la acusación, sin analizar la prueba reunida. La unificación en Campana era la estrategia de las defensas, resistida una y otra vez por fiscales y querellantes.

El propio juez la defendió en público: sostuvo que no pueden existir tres o cuatro magistrados investigando los mismos hechos. Pero no todos le dieron la razón. El juez en lo Penal Económico Diego Amarante, que procesó a Tapia y a Toviggino por la retención de aportes, rechazó un pedido de González Charvay para quedarse con otra causa por lavado y consideró «prematura» esa unificación.

Por qué la causa es porteña

El argumento para llevar todo a Campana era que la quinta está en Villa Rosa, partido de Pilar. La Corte lo desarmó: sostuvo que se investiga una presunta maniobra de lavado de activos a través de sociedades, cambios societarios y operaciones con bienes, no solo la compra de un inmueble, y que Pilar «no era en modo alguno el centro de dirección» de esa actividad. Varias de las sociedades tenían domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, donde también está la sede de la AFA, sobre la calle Viamonte. El tribunal mencionó además una presunta red internacional de intermediarios que habría operado entre 2021 y 2025.

La causa se inició con una denuncia de la Coalición Cívica en diciembre de 2025 y busca determinar si fondos de la AFA se desviaron para comprar la quinta, atribuida a Toviggino, y si Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, titulares registrales a través de Real Central SRL, actuaron como testaferros. En el allanamiento del 12 de diciembre de 2025 se secuestraron 54 vehículos de alta gama y de colección. La tasación judicial valuó la propiedad, de unos 105.000 metros cuadrados, en US$ 16.954.000 y los autos en US$ 3.861.100.

Un regreso con fecha de vencimiento

Rafecas, el juez que ordenó aquel allanamiento, retoma ahora la investigación sobre el origen de los fondos y la titularidad real de los bienes. Pero su permanencia no está garantizada: el presidente Javier Milei envió al Senado su pliego para un cargo en la Cámara Nacional de Casación Penal y, si lo aprueban, la causa quedará en manos de un juez subrogante. Después de casi un año de idas y vueltas, el expediente vuelve al punto de partida con el riesgo de cambiar de manos otra vez.

Lo que tenés que saber

  • La Corte anuló el fallo de la Sala I de Casación (Borinsky y Barroetaveña, con disidencia de Slokar) que había enviado la causa a Campana.
  • Calificó el traslado como una «grosera» violación de las reglas de competencia que afectó la garantía del juez natural.
  • El juzgado de Campana había absorbido otras causas de la AFA, como la de Santiago del Estero y la que allanó a Faroni.
  • La tasación judicial valuó la quinta en US$ 16.954.000 y los 54 autos secuestrados en US$ 3.861.100.
  • Rafecas retoma la causa, pero Milei lo propuso para la Casación Nacional y podría dejar el juzgado.
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