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Judiciales ⚖️

El Gobierno reactivó la ofensiva y todos los mecanismos para avanzar en las reformas judiciales

Luego del anuncio del presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa, ministros y funcionarios nacionales elogiaron la iniciativa del jefe de Estado y dieron detalles sobre los próximos pasos.

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Luego del anuncio del presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa, ministros y funcionarios nacionales elogiaron y dieron detalles sobre las iniciativas que ya tienen tratamiento parlamentario, en algunos casos con media sanción del Senado o que serán presentadas en el corto plazo.

El Gobierno comenzó a reactivar de manera decidida la ofensiva y los mecanismos necesarios para llevar a la práctica los anuncios de reforma de distintos estamentos del Poder Judicial, realizados por el presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa, informaron fuentes oficiales.

En tanto, ministros y funcionarios nacionales elogiaron y dieron detalles sobre las iniciativas que ya tienen tratamiento parlamentario, en algunos casos con media sanción del Senado o que serán presentadas en el corto plazo, como la reglamentación del artículo 280 del Código Procesal o la creación de un Tribunal Federal de Garantías.

La ministra de Justicia, Marcela Losardo, pidió al Parlamento que debata la reforma del fuero federal y el pliego enviado por el Poder Ejecutivo para que Daniel Rafecas se convierta en el nuevo procurador general de la Nación, en línea con el reclamo planteado el lunes último por el Presidente ante la Asamblea Legislativa.

«Hemos presentado proyectos que se debatieron en el Senado y estamos esperando que los trate Diputados para el mejoramiento de la Justicia», señaló Losardo al hablar por FM Futurock, en referencia a las iniciativas de reforma del fuero federal y de modificación de la forma de elección del Procurador.

Losardo se refirió de esta forma al discurso del Presidente, quien ante la Asamblea Legislativa afirmó que «el sistema judicial de la Nación está en crisis» y ratificó la necesidad de la reforma, al tiempo que propuso un Tribunal Federal de Garantías o la implementación del juicio por jurados para la sanción de delitos graves en el ámbito federal, entre otras iniciativas.

En relación al funcionamiento de la Corte Suprema, Losardo indicó que es necesario «establecer la exacta competencia que le otorga la Constitución», y en este sentido pidió analizar el alcance del «recurso extraordinario federal».

Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

«Los supuestos de los recursos se fueron ampliando y hoy se admiten casos de arbitrariedad que llevan a la discrecionalidad. La ampliación de casos que debe resolver la Corte es materialmente imposible y así es como una causa puede estar años en la Corte», evaluó.

Por su parte, el ministro del Interior, Eduardo «Wado» De Pedro, juzgó que el Poder Judicial «tiene que escuchar» los reclamos de la sociedad, «transformarse» y, en coincidencia con el discurso del Presidente, apuntó contra el fiscal federal Carlos Stornelli, quien -dijo- «está investigado por integrar una banda».

Al igual que Losardo, el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, pidió a la oposición que «se siente a debatir» los proyectos impulsados por el Ejecutivo para la optimización del sistema de Justicia.

En declaraciones a Radio Nacional, Mena juzgó que la oposición no debate «porque esta situación de una Justicia ineficiente y que no convence a nadie le viene muy bien» porque, dijo, «satisface sus intereses y permite impunidad para exfuncionarios del gobierno anterior».

Los fiscales

Por otro lado, los fiscales manifestaron su rechazo al paquete de reformas a través del titular de la Asociación de Fiscales nacionales, Carlos Rívolo, quien definió el proyecto de reforma de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal como un «pelotón de fusilamiento para los fiscales».

Los jueces

Los magistrados, por su parte, no habían logrado consensuar una postura: desde la mañana de este martes la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional prometía la difusión de un comunicado que seguía sin emitirse.

Sin embargo, según trascendió, al menos tres tipos de reacciones frente al discurso presidencial: los que hicieron trascender cierto enojo a través de distintos medios, los que no se dieron por aludidos y los que llamaron a sus respectivos interlocutores en el Gobierno para quejarse.

«Al que le quepa el sayo que se lo ponga. No creo que el Presidente hubiera hablado de todos nosotros», le dijo a esta agencia un funcionario judicial con despacho en los tribunales federales de Comodoro Py, donde varios jueces y fiscales se sintieron aludidos por el discurso.

Un comentario extendido entre magistrados fue que ningún integrante del Poder Judicial se manifestó en defensa ni de Stornelli, ni del presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos, ni de la jueza de la Corte Elena Highton de Nolasco, los tres aludidos por referencias del discurso presidencial.

Dentro del Gobierno, en tanto, comenzaron a moverse los resortes para llevar a la práctica los anuncios: el mismo lunes, tras el discurso, el Presidente dialogó con Losardo y con otros colaboradores, aunque la letra chica quedará en manos de la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra.

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Pity Álvarez: la defensa habla de juicio ilegal y Burlando anticipa condena

Después de un cruce áspero en las réplicas y de las últimas palabras de Álvarez por videoconferencia, el Tribunal Oral 29 define el veredicto. La defensa de Javier Baños insiste en la nulidad y Fernando Burlando da por hecha la condena, con pedidos de pena que van de 11 años y 2 meses a 18 años y 6 meses.

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La defensa de Pity Álvarez sostiene que el juicio es ilegal y la querella da por hecha la condena: las dos posiciones llegaron irreconciliables a la audiencia en la que el Tribunal Oral define el veredicto por el crimen de Cristian Díaz.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por Gustavo Goerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro, debe resolver si condena o absuelve a Cristian «Pity» Álvarez, ex líder de Viejas Locas e Intoxicados, acusado de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegítima de arma de uso civil. A Cristian Maximiliano «Gringo» Díaz lo mataron de cuatro disparos el 12 de julio de 2018 en el complejo Cardenal Samoré, de Villa Lugano.

Un acusado ausente, con últimas palabras por videoconferencia

Álvarez no estuvo en la sala: el Tribunal no autorizó su traslado desde la clínica psiquiátrica Solar Colonial, de Castelar, donde permanece internado de manera involuntaria, decisión que llegó luego de que se informara que consumió cocaína tras su declaración del 2 de noviembre. Se conectó por videoconferencia desde la clínica solo para hacer uso de sus últimas palabras. Sobre el alegato del fiscal, dijo: «Me pareció excesivo». Explicó además que en su declaración empezó a contar su historia antes del hecho para que los jueces entendieran lo que significa vivir acorralado y en la marginalidad, y dejó la sentencia en manos de la Justicia.

La defensa: nulidad, absolución o exceso

El defensor Javier Baños, que actúa junto a Sebastián Queijeiro, calificó el proceso de «un juicio en ausencia, ilegal al 100%» y sostuvo que es «la primera vez en la historia que se juzga a una persona con internación psiquiátrica forzada por una curatela». Según planteó, la ausencia de Álvarez refuerza el argumento de que no estaba en condiciones de afrontar el debate y suma otro motivo para la nulidad.

La defensa pidió la absolución por legítima defensa y, de manera subsidiaria, una condena por exceso en la legítima defensa, una figura que prevé una pena máxima de cinco años. Baños sostuvo además que, si «prime la cordura», el Tribunal no debería fijar una pena superior a la que pidió la querella. Los abogados ya habían planteado ante instancias superiores el sobreseimiento o, en subsidio, la nulidad del juicio, y anticiparon que podrían recurrir a Casación si la sentencia les resulta adversa.

Durante las réplicas hubo un fuerte cruce con el Tribunal: Baños criticó lo que definió como hábitos inquisitivos del sistema penal y advirtió sobre una condena desmesurada; el presidente del Tribunal, Gustavo Goerner, lo interrumpió porque consideró que repetía su alegato, y el juez Juan Ramos Padilla habló de insolencia contra el Tribunal, según relató la prensa local.

La querella y la Fiscalía: dos penas muy distintas

Fernando Burlando, socio del abogado Fabián Améndola y representante, junto a él, de la familia de la víctima, afirmó que Álvarez será condenado «sí o sí». Améndola pidió 11 años y 2 meses de prisión, con arresto domiciliario y salidas laborales para reparar el daño a los damnificados.

El fiscal Sandro Abraldes pidió 18 años y 6 meses de prisión efectiva, descartó la legítima defensa y reclamó que Álvarez sea detenido cuando termine su internación. La distancia entre la Fiscalía y la querella, que representa a la familia de la víctima, es de 7 años y 4 meses.

Un debate atravesado por suspensiones y planteos

El juicio comenzó el 10 de agosto y reunió más de tres meses de audiencias y casi 40 testigos. Estuvo marcado por suspensiones, descompensaciones del acusado y planteos de nulidad que el Tribunal rechazó. El 2 de noviembre, en su primera declaración ante los jueces, Álvarez reconoció haberle disparado a Díaz. El delito imputado prevé penas que alcanzan los 25 años de prisión. Al cierre de esta edición el Tribunal no había dado a conocer la decisión, y los fundamentos de la sentencia se difundirán más adelante.

Lo que tenés que saber

  • El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 debe definir el veredicto contra Álvarez por el crimen de Cristian Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018.
  • Álvarez no estuvo en la sala y habló por videoconferencia desde la clínica Solar Colonial antes de la deliberación.
  • El fiscal Abraldes pidió 18 años y 6 meses de prisión; la querella, 11 años y 2 meses.
  • La defensa pidió la absolución por legítima defensa o, subsidiariamente, una condena por exceso, y planteó la nulidad del juicio.
  • Burlando aseguró que Álvarez será condenado «sí o sí».
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