La decisión del Gobierno de avanzar judicialmente para impedir la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, en el marco de la investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), generó un rechazo transversal de dirigentes políticos y periodistas. Los pronunciamientos críticos apuntaron a un avance contra la libertad de prensa y a la instauración de un mecanismo de censura previa.

Dirigentes políticos cuestionan la medida

La senadora de Unión por la Patria, Juliana Di Tullio, escribió: “Las confesiones de delitos que deben salir en esos audios de Karina para que el gobierno le haya pedido a sus jueces censura previa, mamita querida!”.

Por su parte, el senador radical Martín Lousteau afirmó: “El pedido de allanamiento a un canal y a periodistas por parte de Patricia Bullrich es un acto de autoritarismo sin precedentes y un ataque a la democracia. Busca violar el secreto de las fuentes en medio de graves denuncias de corrupción, incluso relacionadas con el robo de fondos destinados a personas con discapacidad”. Lousteau recordó que “la libertad de prensa y el secreto de las fuentes están protegidos por la Constitución” y subrayó la contradicción respecto a un allanamiento similar que Bullrich había criticado en 2014.

El presidente del bloque de UP en Diputados, Germán Martínez, calificó la medida como “escandalosa” y sostuvo que “avala la censura previa y legitima el cercenamiento de la libertad de prensa y de expresión”.

Desde la izquierda, Miryam Bregman denunció que “un gobierno desesperado impone censura previa a la prensa, impone la persecución e intenta amedrentar a periodistas como Mauro Federico, Jorge Rial y al canal Carnaval Stream”.

Otros dirigentes, como Esteban Paulón y Florencia Carginano, coincidieron en señalar la afectación al derecho a la información y cuestionaron directamente la conducta de Karina Milei.

Críticas desde el periodismo y especialistas

Voces de medios opositores al kirchnerismo también cuestionaron la cautelar. Eduardo Feinmann sostuvo: “Repudio todo acto de censura previa dictada por un juez en lo civil. Es un duro ataque a la libertad de prensa y expresión, que es uno de los pilares de la Constitución y de una democracia sana”.

Luis Novaresio ironizó sobre la situación: “Un juez, Alejandro Maraniello, evalúa allanar un medio de comunicación y prohíbe difundir audios que no conoce. Si eso no es censura previa, quememos los libros de derecho constitucional”.

El periodista de CNN, Nacho Girón, recordó las denuncias que pesan sobre el magistrado: “El juez Civil y Comercial Federal que frenó la difusión de los audios de Karina Milei tiene un problemón: una empleada denunció a Alejandro Maraniello por obligarla a tener relaciones sexuales bajo amenazas de despido y el Consejo de la Magistratura lo está investigando”.

Manu Jove, de TN, destacó la contradicción del oficialismo: “Karina Milei se presentó en la Justicia para solicitar la cautelar que impide difundir los audios que le atribuyen. Es un doble juego entre no reconocer su veracidad y asegurar que fueron grabados ilegalmente en Casa Rosada”.

Tensión entre derecho a informar y protección oficial

El repudio generalizado volvió a poner en el centro del debate la tensión entre el derecho a la información y las medidas del Gobierno para blindar a la hermana del Presidente en medio del escándalo de corrupción en ANDIS. La reacción incluyó voces de todos los espacios políticos y mediáticos, evidenciando la preocupación por el impacto de la medida en la libertad de prensa y el secreto de las fuentes.