Esta semana, el Gobierno de Javier Milei planea un nuevo aumentazo al precio de la energía mayorista. Esta decisión permitirá conocer el alcance de los incrementos en las tarifas de luz y gas durante junio.

Según estimaciones de consultoras privadas, los aumentos podrían rondar el 40%. El objetivo es reducir los subsidios en aproximadamente US$ 130 millones mensuales durante el invierno, reducción que continuará empobreciendo aún más a la población, ante servicios que no puede «elegir» no usarlos. Los especialistas creen que el Ministro de Economía, Luis Caputo, busca pasar de manos del pueblo a las empresas alrededor de US$ 390 millones.

El aumento se aplicará al precio de la energía mayorista, uno de los tres componentes principales de la tarifa, junto con el transporte y la distribución. El Gobierno ya ha decidido mantener el congelamiento de las tarifas de transporte y distribución en junio, con el objetivo de seguir dibujando los índices de inflación.

Un informe estima que el costo fiscal de mantener congelado el precio mayorista de la energía para el 65% de los hogares ascendería a US$ 650 millones mensuales durante junio, julio y agosto.

Mientras se definen estos nuevos aumentos, las facturas de gas con aumentos promedio de 380% autorizados en abril han comenzado a llegar.

En abril, el Gobierno buscó aumentar la rentabilidad de las empresas de gas en detrimento de los bolsillos de la población, entre las que se encuentran Metrogas, Naturgy, Camuzzi, TGN y TGS. Este aumento se produjo justo antes del inicio del invierno, cuando el consumo de gas residencial se duplica. Otro mazazo de Milei contra «la casta».

Esto presionó aún más sobre el valor final de las facturas, debido a los precios más altos y al aumento del consumo de metros cúbicos de gas. El Gobierno busca resolver el problema de que los hogares de ingresos medios (N3) pagan apenas un 5% del costo de la electricidad y un 20% del gas, según datos del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet.

La estrategia es definir un límite de consumo subsidiado para los usuarios de bajos ingresos, que hasta ahora tienen subsidios ilimitados, y se reducirá el bloque de consumo con subsidios para los hogares de ingresos medios. Los hogares pagarán el costo real del servicio sobre el excedente de estos bloques de consumo, lo que debería provocar una reducción del uso de energía.

Para los usuarios residenciales de altos ingresos (N1), comercios e industrias, el Gobierno también podría optar por una quita de subsidios. Actualmente, los hogares N1 pagan el 65% del costo de la electricidad y el 51% del suministro de gas.

Según el informe del IIEP, un hogar promedio del AMBA sin subsidios gasta $118.825 al mes en cubrir sus necesidades energéticas, de transporte y de agua potable. Destina casi $28.000 al gasto de electricidad, $41.000 al de gas, $20.500 al agua y $29.000 al transporte (boletos de colectivo).