Economía 💲
Incertidumbre por los aumentazos en las tarifas de luz y gas
Esta semana se define hasta dónde llegarán los tarifazos de junio, mientras Milei sigue con su falso relato de la caída de la inflación
Esta semana, el Gobierno de Javier Milei planea un nuevo aumentazo al precio de la energía mayorista. Esta decisión permitirá conocer el alcance de los incrementos en las tarifas de luz y gas durante junio.
Según estimaciones de consultoras privadas, los aumentos podrían rondar el 40%. El objetivo es reducir los subsidios en aproximadamente US$ 130 millones mensuales durante el invierno, reducción que continuará empobreciendo aún más a la población, ante servicios que no puede «elegir» no usarlos. Los especialistas creen que el Ministro de Economía, Luis Caputo, busca pasar de manos del pueblo a las empresas alrededor de US$ 390 millones.
El aumento se aplicará al precio de la energía mayorista, uno de los tres componentes principales de la tarifa, junto con el transporte y la distribución. El Gobierno ya ha decidido mantener el congelamiento de las tarifas de transporte y distribución en junio, con el objetivo de seguir dibujando los índices de inflación.
Un informe estima que el costo fiscal de mantener congelado el precio mayorista de la energía para el 65% de los hogares ascendería a US$ 650 millones mensuales durante junio, julio y agosto.
Mientras se definen estos nuevos aumentos, las facturas de gas con aumentos promedio de 380% autorizados en abril han comenzado a llegar.
En abril, el Gobierno buscó aumentar la rentabilidad de las empresas de gas en detrimento de los bolsillos de la población, entre las que se encuentran Metrogas, Naturgy, Camuzzi, TGN y TGS. Este aumento se produjo justo antes del inicio del invierno, cuando el consumo de gas residencial se duplica. Otro mazazo de Milei contra «la casta».
Esto presionó aún más sobre el valor final de las facturas, debido a los precios más altos y al aumento del consumo de metros cúbicos de gas. El Gobierno busca resolver el problema de que los hogares de ingresos medios (N3) pagan apenas un 5% del costo de la electricidad y un 20% del gas, según datos del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet.
La estrategia es definir un límite de consumo subsidiado para los usuarios de bajos ingresos, que hasta ahora tienen subsidios ilimitados, y se reducirá el bloque de consumo con subsidios para los hogares de ingresos medios. Los hogares pagarán el costo real del servicio sobre el excedente de estos bloques de consumo, lo que debería provocar una reducción del uso de energía.
Para los usuarios residenciales de altos ingresos (N1), comercios e industrias, el Gobierno también podría optar por una quita de subsidios. Actualmente, los hogares N1 pagan el 65% del costo de la electricidad y el 51% del suministro de gas.
Según el informe del IIEP, un hogar promedio del AMBA sin subsidios gasta $118.825 al mes en cubrir sus necesidades energéticas, de transporte y de agua potable. Destina casi $28.000 al gasto de electricidad, $41.000 al de gas, $20.500 al agua y $29.000 al transporte (boletos de colectivo).
Gremiales
Fate: el SUTNA rechaza el desalojo y convoca para este lunes
La Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro ordenó desalojar la planta de Fate en San Fernando, ocupada por 920 trabajadores desde el 18 de febrero. El SUTNA calificó la medida de «disparate jurídico», anunció que apelará y convocó a una concentración para este lunes frente a la fábrica.
Veinticuatro trabajadores imputados por usurpación, una planta de 44 hectáreas que lleva siete meses ocupada, y una nueva orden judicial de desalojo: así está el conflicto de Fate, la fábrica de neumáticos de Virreyes, partido de San Fernando, que el lunes 21 de septiembre volverá a ser el centro de una nueva jornada de resistencia obrera.
La resolución fue dictada por la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro, que hizo lugar al recurso presentado por Javier Madanes Quintanilla, propietario de la empresa, en el marco de una denuncia por usurpación contra el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA). El tribunal consideró que las instancias de conciliación obligatoria habían sido agotadas y que la continuidad de la ocupación ya no podía encuadrarse como herramienta para destrabar el conflicto laboral.
«Un disparate jurídico»: la respuesta del SUTNA
El secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo, no tardó en responder. El viernes, en conferencia de prensa frente a la planta, calificó el fallo de «disparate jurídico» y cuestionó de fondo la intervención del fuero penal en una disputa que, a su criterio, es estrictamente de naturaleza laboral. «El desalojo es un hecho de violencia sobre los trabajadores que son víctimas de un lockout y están protegiendo sus puestos de trabajo. Después de dar toda una explicación sobre que no se puede meter la Justicia penal en un ámbito laboral, los jueces terminan diciendo que hay que avanzar en un desalojo», señaló Crespo.
El gremialista también anunció que el sindicato apelará la medida y presentará recursos ante la Casación para evitar que el fallo quede firme. «Obviamente, el sindicato va a apelar y va a presentar los recursos para Casación para que no quede firme este tipo de disparate», afirmó. Además, convocó a organizaciones obreras, políticas y sociales a concentrarse este lunes frente a la planta y reclamó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que intervenga en el conflicto.
Siete meses de lockout: la historia de un cierre que el SUTNA llama ilegal
El conflicto se inició el 18 de febrero de 2026, cuando Fate anunció el cierre definitivo de su planta y el despido de 920 trabajadores, sin tramitar un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) y sin cumplir con los acuerdos de no despidos. Desde entonces, integrantes del SUTNA mantienen la ocupación del predio. El sindicato sostiene que la paralización de la producción constituyó un lockout patronal ofensivo, orientado a redirigir inversiones de la empresa hacia los sectores de energía y aluminio, y que la permanencia de los trabajadores en la planta tiene por objetivo resguardar la maquinaria, evitar el vaciamiento y reclamar la conciliación obligatoria.
El caso tuvo, además, un antecedente judicial que el SUTNA recuerda: en marzo, la misma Sala II había revocado una primera orden de restitución dictada por el juez de Garantías Esteban Rossignol, argumentando que las negociaciones laborales aún estaban abiertas y que debía privilegiarse la conciliación. Ahora, con ese argumento agotado por el tribunal, el escenario se invirtió. La nueva resolución activó además la imputación formal de 24 personas por la permanencia en el predio.
La CGT y el reclamo de paro general activo
El miércoles 16 de septiembre, el SUTNA se reunió con la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) en la sede de la central obrera. El sindicato llevó al encuentro el planteo de la necesidad de poner fin al lockout patronal y planteó la conveniencia de convocar a un paro general activo. «El triunfo de los trabajadores de Fate sobre este ilegal lockout patronal significaría un enorme paso para el movimiento obrero en estos momentos tan oscuros, trayendo esperanza a toda la clase obrera», sostuvo el gremio en un comunicado posterior a la reunión.
El SUTNA también denunció lo que califica como «criminalización» de la protesta: el intento de elevar a juicio a trabajadores que, desde su perspectiva, se limitan a defender sus puestos frente a una acción patronal que consideran ilegal. «Llamamos a todas las organizaciones obreras y a los periodistas a acercarse a la fábrica para defender esta lucha, que se volvió una pelea de todo el pueblo trabajador que resuena en los diarios de todo el mundo. Fate no se cierra», concluyó Crespo en su intervención del viernes.
Este lunes, a partir de las 10, la concentración frente a la planta de San Fernando reunirá a representantes gremiales del SUTNA junto a organizaciones sociales y políticas. El sindicato tiene prevista además una conferencia de prensa en el lugar.
Lo que tenés que saber
- La Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro ordenó el desalojo de la planta de Fate en Virreyes, partido de San Fernando, haciendo lugar al recurso del propietario Javier Madanes Quintanilla.
- El SUTNA rechazó la medida, la calificó de «disparate jurídico» y anunció que apelará ante la Casación para impedir que el fallo quede firme.
- 24 personas fueron imputadas por usurpación en el marco de la causa penal vinculada a la ocupación de la planta.
- El conflicto se inicia el 18 de febrero de 2026, con el cierre de la fábrica y el despido de 920 trabajadores, sin tramitar el Procedimiento Preventivo de Crisis.
- Este lunes 21 de septiembre, organizaciones obreras, sociales y políticas se concentrarán frente a la planta a las 10 horas para rechazar el desalojo.
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