El intendente de La Plata, Julio Alak (UxP), denunció que la administración anterior, a cargo de Julio Garro (JxC), cometió irregularidades administrativas y financieras en la contratación de personal, de cooperativas y el uso de fondos públicos.

En un comunicado, se precisó que el jefe comunal recibió en las últimas horas un detallado documento por parte de la Asociación de Auditores Internos del Estado (AAIE), que preside la contadora Vilma Castillo, y que se tituló “Informe sobre el Régimen Municipal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno”.

La comuna indicó que la auditoría externa «da cuenta de situaciones de gravedad administrativa y financiera en el interior de la Municipalidad de La Plata y ratifica los datos ya recabados por la actual gestión».

La auditoría, que se desarrolló entre el lunes 18 de diciembre y el viernes 19 de enero, trabajó sobre puntos críticos, como la sobredimensión de la estructura del personal, las contrataciones directas y la transparencia municipal.

El informe se conoce tras la primera etapa de revisión que llevó adelante la propia gestión de Alak desde que asumió, en la que se determinó que, sobre un total de 12.573 agentes, el 56 por ciento de las personas que cobran no asisten a trabajar, por lo que ya comenzó a implementarse el sistema biométrico que permite fiscalizar el ingreso y egreso a través del escaneo de la huella digital.

En paralelo, la administración actual detectó que un hombre que ingresó en 2019 y falleció en 2021 siguió cobrando el sueldo hasta diciembre de 2023; también descubrió que 13 personas detenidas por delitos como robos, homicidios y abusos seguían percibiendo sus salarios; y determinó que 98 empleados tenían antecedentes penales al momento de incorporarse al Municipio entre 2015 y 2023.

En ese sentido, fuentes del municipio reconocieron que Alak evalúa radicar una denuncia penal por el caso del empleado fallecido.

En cuanto al análisis referido al personal, el nuevo informe arrojó que la Municipalidad carece de procedimientos escritos de control interno que aseguren confiabilidad en las operaciones y permitan mejorar los servicios.

En este ítem, se comprobó que durante los últimos 8 años ingresaron más de 6.000 agentes que equivalen al 52 % del total de la planta actual y que la anterior gestión casi duplicó la planta recibida.

A la vez, determinó que las decisiones y actos tomados en estos años, vulneran la Regla de Fin de Mandato (correspondiente a la Ley de Responsabilidad Fiscal 13295) comprometiendo gastos corrientes de carácter permanente.

Asimismo, expuso “un plan sistemático de incorporación de personal sin que tenga justificación en la prestación de nuevos servicios”, con la consecuente invalidez por no contar con recursos financieros para su financiación.

En consecuencia, la investigación sugiere avanzar con lo que la gestión actual ya comenzó, que es un análisis exhaustivo de la planta para evitar “el sobredimensionamiento de las estructuras y los costos asociados”, a la vez que se planteó la “exigencia de capacitación”, para alcanzar un sistema de trabajo realmente eficiente al servicio de los vecinos.

El segundo punto tiene que ver con el uso y abuso de la figura de Contratación Directa y el informe califica como “de extrema gravedad” ese sistema, ya que vulnera la normativa vigente y se sugirió su eliminación como regla y no como excepción, que es como debería funcionar.

Por ejemplo, este mecanismo se aplicó en el 62 por ciento de las compras y contrataciones del segundo semestre de 2023 por un total de 4.371 millones de pesos y los auditores evaluaron que se trató de “una práctica habitual con el objeto de dirigir las mismas a proveedores predeterminados, ya que no existen las causales para una contratación directa”.

En el tercer punto, referido a la transparencia institucional, el informe destacó que el Municipio “evolucionó negativamente” en el Índice de Transparencia y Visibilidad de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), a través del cual se pondera diferentes tipos de información relevada por cada Comuna.

Así, en el tercer trimestre de 2023 la anterior gestión obtuvo una calificación de 0 puntos, lo que significa una nula exposición de datos, violándose la obligación de publicar cada trimestre un Balance de Tesorería público para conocimiento de los vecinos.

La auditoría externa aseguró que “es preciso impulsar un escenario que propicie una nueva manera de entender y asumir las responsabilidades inherentes a la gestión y control de la función pública”.