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La Plata

Alak denuncia graves irregularidades en la administración anterior de la municipalidad de La Plata

La comuna indicó que la auditoría externa «da cuenta de situaciones de gravedad administrativa y financiera en el interior de la Municipalidad de La Plata y ratifica los datos ya recabados por la actual gestión».

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El intendente de La Plata, Julio Alak (UxP), denunció que la administración anterior, a cargo de Julio Garro (JxC), cometió irregularidades administrativas y financieras en la contratación de personal, de cooperativas y el uso de fondos públicos.

En un comunicado, se precisó que el jefe comunal recibió en las últimas horas un detallado documento por parte de la Asociación de Auditores Internos del Estado (AAIE), que preside la contadora Vilma Castillo, y que se tituló “Informe sobre el Régimen Municipal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno”.

La comuna indicó que la auditoría externa «da cuenta de situaciones de gravedad administrativa y financiera en el interior de la Municipalidad de La Plata y ratifica los datos ya recabados por la actual gestión».

La auditoría, que se desarrolló entre el lunes 18 de diciembre y el viernes 19 de enero, trabajó sobre puntos críticos, como la sobredimensión de la estructura del personal, las contrataciones directas y la transparencia municipal.

El informe se conoce tras la primera etapa de revisión que llevó adelante la propia gestión de Alak desde que asumió, en la que se determinó que, sobre un total de 12.573 agentes, el 56 por ciento de las personas que cobran no asisten a trabajar, por lo que ya comenzó a implementarse el sistema biométrico que permite fiscalizar el ingreso y egreso a través del escaneo de la huella digital.

En paralelo, la administración actual detectó que un hombre que ingresó en 2019 y falleció en 2021 siguió cobrando el sueldo hasta diciembre de 2023; también descubrió que 13 personas detenidas por delitos como robos, homicidios y abusos seguían percibiendo sus salarios; y determinó que 98 empleados tenían antecedentes penales al momento de incorporarse al Municipio entre 2015 y 2023.

En ese sentido, fuentes del municipio reconocieron que Alak evalúa radicar una denuncia penal por el caso del empleado fallecido.

En cuanto al análisis referido al personal, el nuevo informe arrojó que la Municipalidad carece de procedimientos escritos de control interno que aseguren confiabilidad en las operaciones y permitan mejorar los servicios.

En este ítem, se comprobó que durante los últimos 8 años ingresaron más de 6.000 agentes que equivalen al 52 % del total de la planta actual y que la anterior gestión casi duplicó la planta recibida.

A la vez, determinó que las decisiones y actos tomados en estos años, vulneran la Regla de Fin de Mandato (correspondiente a la Ley de Responsabilidad Fiscal 13295) comprometiendo gastos corrientes de carácter permanente.

Asimismo, expuso “un plan sistemático de incorporación de personal sin que tenga justificación en la prestación de nuevos servicios”, con la consecuente invalidez por no contar con recursos financieros para su financiación.

En consecuencia, la investigación sugiere avanzar con lo que la gestión actual ya comenzó, que es un análisis exhaustivo de la planta para evitar “el sobredimensionamiento de las estructuras y los costos asociados”, a la vez que se planteó la “exigencia de capacitación”, para alcanzar un sistema de trabajo realmente eficiente al servicio de los vecinos.

El segundo punto tiene que ver con el uso y abuso de la figura de Contratación Directa y el informe califica como “de extrema gravedad” ese sistema, ya que vulnera la normativa vigente y se sugirió su eliminación como regla y no como excepción, que es como debería funcionar.

Por ejemplo, este mecanismo se aplicó en el 62 por ciento de las compras y contrataciones del segundo semestre de 2023 por un total de 4.371 millones de pesos y los auditores evaluaron que se trató de “una práctica habitual con el objeto de dirigir las mismas a proveedores predeterminados, ya que no existen las causales para una contratación directa”.

En el tercer punto, referido a la transparencia institucional, el informe destacó que el Municipio “evolucionó negativamente” en el Índice de Transparencia y Visibilidad de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), a través del cual se pondera diferentes tipos de información relevada por cada Comuna.

Así, en el tercer trimestre de 2023 la anterior gestión obtuvo una calificación de 0 puntos, lo que significa una nula exposición de datos, violándose la obligación de publicar cada trimestre un Balance de Tesorería público para conocimiento de los vecinos.

La auditoría externa aseguró que “es preciso impulsar un escenario que propicie una nueva manera de entender y asumir las responsabilidades inherentes a la gestión y control de la función pública”.

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BTS en La Plata: una disputa gremial pone en riesgo los recitales

El sindicato de controladores de admisión levantó las asambleas y la movilización tras un “principio de entendimiento”, luego de que la provincia dictara una conciliación obligatoria. Detrás del conflicto hay un reclamo de fondo: que las empresas contratadas por la productora apliquen el convenio de la actividad y no el de seguridad privada.

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La discusión sobre qué convenio colectivo corresponde aplicar a quienes controlan el ingreso del público puso en riesgo, a pocas horas del debut, los tres recitales de BTS en La Plata. Los trabajadores de control de admisión advirtieron que podían tomar medidas de acción directa durante los shows si las empresas contratadas no aplicaban el convenio de su actividad.

El reclamo fue formalizado por el Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina (SUTCAPRA), que conduce Leandro Nazarre, mediante un comunicado en el que se declaró en “estado de alerta y movilización”. El gremio apuntó contra GPS Prevención SRL, MGF Seguridad SRL y SAKERHET CORP SA (Tech), empresas contratadas por la productora DF Entertainment SA, a las que acusó de pretender aplicar un convenio de seguridad privada que consideró “ajeno a la actividad de Control de Admisión y Permanencia”. Las presentaciones de la banda surcoreana están previstas el 21, el 23 y el 24 de octubre en el Estadio Diego Armando Maradona, con capacidad para unas 53.000 personas.

Qué reclama el gremio

Según el comunicado, las compañías deberían aplicar el convenio de SUTCAPRA, que, de acuerdo al sindicato, “mejora las condiciones laborales y salariales de los controladores”. El gremio adelantó además la posibilidad de “medidas de acción directa durante los shows” y, en una nota enviada al ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, anticipó “asambleas y movilizaciones en las inmediaciones del estadio” para visibilizar el problema.

El secretario de Prensa de SUTCAPRA, Cristian Rolón Gatti, defendió la representatividad de su organización: “tenemos personería gremial en La Plata”, sostuvo, y afirmó que la UPSRA “no tienen personería en esta actividad”. El gremio se creó en 2004 para representar al personal de Control de Admisión y Permanencia (CAP), una actividad que hasta entonces no estaba nucleada en ningún sindicato, y busca diferenciarse de la seguridad privada.

La respuesta de la UPSRA

La Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA), fundada en 1970 y conducida por Ángel Alberto García, rechazó el planteo. En un comunicado sostuvo que el Convenio Colectivo de Trabajo 507/07 es el “único instrumento legal vigente” para regular las condiciones laborales de los trabajadores de seguridad privada y que es de cumplimiento obligatorio para todas las empresas del sector, “sin excepciones”.

El sindicato fue más lejos: calificó de “inadmisible” que SUTCAPRA intente instalar “un discurso que genera confusión y desconcierto” y advirtió que “no vamos a permitir que se utilicen espacios públicos para desinformar”. La disputa, entonces, enfrenta a dos organizaciones que se reivindican representantes de quienes trabajan en los recitales, con los propios trabajadores en el medio.

La provincia intervino con una conciliación obligatoria

El Ministerio de Trabajo bonaerense, a cargo de Jorge Walter Correa en el gobierno de Axel Kicillof, dictó de manera urgente una conciliación obligatoria con una audiencia virtual convocada para el miércoles a las 10. Rolón Gatti contó que funcionarios de los ministerios de Seguridad y de Trabajo de la provincia se comunicaron con el gremio y dudó de los tiempos: “No sé si estamos a tiempo”, reconoció antes de la audiencia, y reclamó que las empresas comparecieran para aclarar la situación.

Todas las partes acudieron a la cita y, a horas del primer show, el sindicato levantó las asambleas y la movilización que había anunciado. “Hay un principio de entendimiento”, afirmó Rolón Gatti, y aclaró que continúan “en conversaciones y en negociación”. Todavía quedaba por verse si lo acordado se cumplía durante los tres conciertos.

Un conflicto que no es nuevo

Según Rolón Gatti, no es la primera vez que SUTCAPRA y la UPSRA chocan por esta cuestión. El gremio suele convocar al Ministerio de Trabajo bonaerense a las empresas que prestan servicios en los recitales y, amparado en la ley nacional 26.370 y la ley provincial 13.964, intenta demostrar por qué deben aplicar su convenio. El dirigente recordó el antecedente del Lollapalooza: las empresas de control de admisión reconocieron la legitimidad de SUTCAPRA cuando aplicaron el convenio de la actividad y pagaron las acreencias sindicales a la institución.

El episodio expone que cada megaevento reabre la misma discusión, y que la responsabilidad de la productora y de las empresas contratadas frente al marco laboral correspondiente sigue en el centro de la escena. Mientras dos gremios discuten la representación, son los controladores quienes dependen de que se aplique un convenio u otro para definir sus condiciones de trabajo y de salario.

Lo que tenés que saber:

  • SUTCAPRA denunció que empresas contratadas por DF Entertainment SA pretendían aplicar un convenio de seguridad privada en los recitales de BTS.
  • El gremio se declaró en “estado de alerta y movilización” y anticipó la posibilidad de medidas de acción directa durante los shows.
  • La UPSRA respondió que el convenio 507/07 es el único vigente para la seguridad privada y de cumplimiento obligatorio.
  • El Ministerio de Trabajo bonaerense dictó una conciliación obligatoria urgente con audiencia virtual el miércoles a las 10.
  • SUTCAPRA levantó las asambleas y la movilización por un “principio de entendimiento”, aunque la negociación continúa.

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