El fiscal federal Franco Picardi emitió dos dictámenes ante el juez Julián Ercolini para impulsar la causa por el violento operativo del 6 de agosto frente al Congreso. Incluyó el accionar irregular del comisario Gustavo Gauna, fotografiado armado y de civil durante la manifestación, y solicitó medidas que permanecen bajo reserva.

La represión policial del 6 de agosto sobre la marcha contra la Ley de Tierras empezó a tener consecuencias judiciales. El fiscal federal Franco Picardi dictaminó dos veces ante el juez Julián Ercolini, primero el 11 de agosto y luego el 14, para impulsar la denuncia presentada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). En ambos pronunciamientos, el representante del Ministerio Público describió el operativo como un conjunto de posibles hechos de violencia institucional y propuso medidas concretas que, por su sensibilidad, quedaron bajo reserva judicial.

Qué dice el dictamen del fiscal

En su primer pronunciamiento, Picardi recogió el contenido de la denuncia de la CPM, que documentó lesiones y traumatismos en manifestantes, fotógrafos y periodistas, además de detenciones masivas. El organismo, que ejerce como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, monitoreó la marcha y verificó en campo las acciones de las fuerzas federales y la Policía de la Ciudad. Uno de los episodios denunciados ocurrió a las 19:50 horas en la esquina de Lima y Avenida de Mayo, cuando efectivos porteños «iniciaron maniobras represivas indiscriminadas», disparando postas de goma y accionando el camión hidrante sin que existiera ninguna circunstancia que lo habilitara legalmente, según la presentación.

El 12 de agosto, la CPM amplió su denuncia con nuevos hechos, lo que motivó el segundo dictamen del fiscal. La ampliación incorporó las heridas sufridas por un periodista y un camarógrafo de Crónica TV, el disparo de bala de goma que impactó debajo del ojo de un manifestante, y el ataque con gas lacrimógeno y postas de goma contra integrantes de la propia CPM. En su segundo pronunciamiento, Picardi describió la situación como hechos que «habrían afectado a múltiples personas que tuvieron que ser atendidas en postas de salud y derivadas a hospitales», y señaló que también «habrían acontecido supuestas detenciones arbitrarias».

El policía de civil entra a la causa

En su segunda ampliación, el fiscal también incorporó el caso del comisario Gustavo Antonio Gauna, el efectivo de la Policía Federal fotografiado vestido de civil y en posición de disparo durante la manifestación. La imagen se viralizó en redes sociales y fue reproducida en pantallas de televisión, generando un escándalo institucional que la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, intentó minimizar con declaraciones confusas en la Bolsa de Comercio de Rosario. Gauna, según la presentación ante la Justicia, «habría efectuado disparos con una escopeta, en franca violación al marco normativo general, tanto internacional como local». Un agente vestido de civil, sin identificación visible y armado en medio de una manifestación no solo actúa fuera del protocolo: impide que los ciudadanos reconozcan su condición de efectivo y ejerce violencia fuera de todo control.

La imagen de Gauna no fue el único registro que comprometió al operativo. Circularon también fotografías de otros operativos en los que habría participado igualmente de civil, lo que amplió el perfil del caso más allá de un incidente aislado y apuntó hacia una práctica sistemática. El secretario ejecutivo de la CPM, Roberto Cipriano García, fue categórico al dimensionar la violencia del operativo: «Llevamos más de 200 marchas monitoreadas y podemos decir que la del jueves fue una de las más violentas y salvajes de esta gestión. Fue extremadamente salvaje, porque fue muy expandida en el tiempo y en el territorio», afirmó en el streaming Nadie Afuera.

Monteoliva y Giménez, en el ojo de la tormenta

El operativo estuvo bajo el mando directo de Monteoliva en lo relativo a las fuerzas federales y del ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, por la Policía de la Ciudad. El dictamen de Picardi encuadró el objeto procesal de la causa con precisión: «posibles hechos de violencia institucional, represión de la protesta social mediante diversos usos desmedidos de la fuerza pública como gases lacrimógenos, hidrantes, diversas armas denominadas no letales», desplegada de manera conjunta por ambas fuerzas.

Lejos de asumir responsabilidades, Monteoliva intentó salir del paso durante su presentación en Rosario con titubeos sobre la identidad de Gauna y el arma utilizada. «Tienen una campera con el logo de la fuerza y deben colgar la placa», dijo sobre los policías de civil. Al ser consultada puntualmente sobre Gauna, admitió: «No vi, me parece que no tiene puesta la campera».

La causa tramita ante Ercolini con la presión adicional del contexto político: la marcha del 6 de agosto fue convocada en rechazo a los cambios a la Ley de Tierras que se debatían en el Senado, y la represión ocurrió precisamente durante ese debate legislativo.

La CPM, como organismo que monitorea activamente la protesta social y previene la tortura, tiene un rol activo en el expediente y ya realizó dos presentaciones. El avance del fiscal hacia medidas concretas, aunque bajo reserva, marca un punto de inflexión en la judicialización de lo que sucedió aquella noche frente al Congreso.

Lo que tenéis que saber de la represión

• El fiscal Franco Picardi dictaminó dos veces (11 y 14 de agosto) para impulsar la causa por la represión del 6 de agosto ante el juez Ercolini.
• La causa fue iniciada por la Comisión Provincial por la Memoria, que calificó el operativo como uno de los más violentos y salvajes de la gestión Milei.
• El fiscal incorporó a la investigación el accionar del comisario Gustavo Gauna, fotografiado armado y de civil en la manifestación, en presunta violación del marco normativo.
• Monteoliva, que comandó las fuerzas federales, intentó minimizar el escándalo con declaraciones imprecisas sobre la identidad de Gauna.
• Las medidas solicitadas por el fiscal permanecen bajo reserva judicial.