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La ONU repudió la masacre en Río de Janeiro: la operación policial dejó 64 muertos

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU se declaró “horrorizada” por la operación policial más letal de la historia de Río de Janeiro. El operativo contra el Comando Vermelho dejó 64 muertos, entre ellos cuatro agentes, y reavivó las críticas por la violencia institucional en Brasil.

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⬛ La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó este miércoles su “horror” ante la masacre ocurrida durante una operación policial en Río de Janeiro, que dejó 64 personas muertas el martes. El operativo, dirigido contra el grupo criminal Comando Vermelho (Comando Rojo), es considerado el más letal en la historia reciente de la ciudad, según confirmó la agencia internacional EFE.

“Recordamos a las autoridades sus obligaciones ante el derecho internacional, y urgimos a que se conduzcan investigaciones de forma pronta y efectiva sobre las muertes”, indicó la Oficina en su cuenta oficial de X, bajo la dirección del alto comisionado Volker Türk.

La operación más violenta de Río

El operativo, que movilizó a unos 2.500 efectivos de fuerzas de seguridad, tenía como objetivo cumplir 100 órdenes de arresto en los complejos de favelas de Alemão y Penha, ubicados en la zona norte de Río de Janeiro. Según el último reporte oficial, entre los fallecidos hay 60 presuntos sospechosos y cuatro agentes de seguridad. Además, al menos ocho policías y tres civiles resultaron heridos por disparos.

Fuentes oficiales brasileñas informaron que la acción buscaba desarticular redes vinculadas al narcotráfico y al tráfico de armas pesadas. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos denunciaron el uso excesivo de la fuerza y la falta de control judicial sobre las operaciones policiales en zonas vulnerables.

Reacción internacional y antecedentes

“La magnitud de las muertes y el contexto en que ocurrieron son profundamente preocupantes”, señaló la Oficina de la ONU, que recordó que este tipo de operativos “siguen una tendencia de violentas acciones policiales contra comunidades marginales de Brasil”.

El organismo internacional instó al Estado brasileño a garantizar investigaciones “independientes y transparentes” para determinar responsabilidades. La ONU también expresó su preocupación por el patrón de violencia estructural que afecta principalmente a personas jóvenes, negras y pobres de las favelas.

Este episodio se suma a otros operativos recientes en Río de Janeiro con altos niveles de letalidad policial. Según datos del Instituto de Seguridad Pública de Brasil, las fuerzas de seguridad del estado de Río estuvieron implicadas en más de 1.200 muertes durante 2023, una cifra que organismos locales e internacionales califican como alarmante.

Reclamos de justicia y derechos humanos

Diversas organizaciones sociales y de derechos humanos exigieron al gobierno brasileño que revise sus políticas de seguridad y ponga fin a los operativos de carácter militar en zonas urbanas densamente pobladas.

“Es urgente que las autoridades brasileñas prioricen la vida y los derechos humanos por sobre las estrategias de confrontación”, señalaron entidades locales consultadas por medios internacionales, entre ellas la ONG Justiça Global.

Mientras tanto, la Defensoría Pública de Río de Janeiro solicitó formalmente a la Justicia la preservación de pruebas y el acompañamiento de peritos independientes en el lugar de los hechos, ante las denuncias de posibles ejecuciones extrajudiciales.

Puntos clave

  • La ONU se declaró “horrorizada” por la masacre en Río de Janeiro.
  • El operativo contra el Comando Vermelho dejó 64 muertos, entre ellos cuatro policías.
  • Participaron unos 2.500 agentes y se ejecutaron 100 órdenes de arresto.
  • La ONU pidió investigaciones rápidas, independientes y efectivas.
  • Organismos de derechos humanos denunciaron un patrón de violencia policial en favelas.

Investigación 🔎

Rodrigo Paz admitió el vínculo con Cerimedo pero negó que tuviera funciones oficiales

El presidente boliviano reconoció que el estratega argentino colaboró en su campaña y en los primeros tramos de su gestión, pero descartó que haya existido contrato, relación laboral o autorización para representar al Estado, a la Presidencia o a su familia. Las declaraciones contrastan con la versión de Nadia Beller, quien describió a Cerimedo como un poder paralelo dentro del Ejecutivo.

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El relato de Rodrigo Paz sobre Cerimedo: entre el reconocimiento del vínculo y el intento de desligarse del escándalo.

Diez días después del ataque armado contra Nadia Beller, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, rompió el silencio que mantuvo desde el 17 de agosto y publicó un video de cuatro minutos en el que reconoció el vínculo con Fernando Cerimedo, el consultor político argentino vinculado al espacio de La Libertad Avanza, pero trazó una línea clara entre la colaboración informal en campaña y cualquier forma de representación institucional.

«Cuando ganamos en primera vuelta y llegamos a la segunda vuelta electoral en Bolivia, se generó un contacto con el señor Cerimedo para trabajar, siendo un estratega de reconocimiento mundial, en nuestra campaña electoral», afirmó Paz en la grabación. Según el mandatario, esa colaboración se extendió también a los primeros tramos de su gestión, pero nunca derivó en una relación formal.

«Jamás tuvo autorización para representar al Estado»

«Ganamos las elecciones y, a partir de ello, no solo cooperó en esa elección, sino también al inicio del Gobierno», reconoció Paz. Sin embargo, subrayó que esa participación no implicó vínculo contractual ni mandato institucional de ningún tipo. «Por eso, nunca hubo un contrato. Por eso, nunca hubo una relación de trabajo directa como la que se puede llevar adelante con ministros, viceministros o delegados presidenciales», sostuvo.

El presidente fue categórico al delimitar las atribuciones que Cerimedo nunca tuvo: «El señor Cerimedo jamás tuvo la autorización de representar al Estado boliviano, a la Presidencia, al Gobierno o a mi familia», afirmó, según un amplio informe de Xinhua. Paz aclaró que la representación oficial del Ejecutivo corresponde exclusivamente a quienes cuentan con mandato institucional expreso.

La versión de Beller y el contraste con el relato oficial

Las declaraciones del mandatario chocan de frente con el relato que Beller construyó públicamente desde que fue atacada. La abogada y expareja de Cerimedo aseguró ante los medios que el consultor argentino operaba como una suerte de «presidente en la sombra» dentro del Gobierno de Paz, y que habría intervenido en designaciones y negociaciones que presuntamente involucraban a miembros de la familia del mandatario.

Beller también señaló que Cerimedo estaba involucrado en supuestos casos de corrupción: sobreprecio en la distribución de combustible, la creación de un equipo de élite policial que respondía al consultor, y pagos a legisladores para garantizar la aprobación de ciertas leyes. Estas denuncias forman parte de la causa por enriquecimiento ilícito que tramita en la Justicia boliviana, en la que Beller fue citada como testigo.

Cerimedo, detenido en Palmasola con tres causas abiertas

Cerimedo permanece en detención preventiva en el penal de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, donde cumple seis meses de prisión preventiva por ser considerado el presunto autor intelectual del ataque contra Beller, que derivó en una imputación por tentativa de feminicidio. A esa causa se suman el proceso por enriquecimiento ilícito y un tercero por presunto tráfico de sustancias controladas y encubrimiento al narcotráfico.

El mandatario boliviano aseguró que solicitó a la Policía Nacional realizar todas las investigaciones pertinentes sobre el ataque contra Beller y garantizó que el Ejecutivo facilitará un proceso transparente. Por su parte, Beller anunció que aportará nuevas pruebas en la causa y que está dispuesta a declarar también en la Argentina, donde la investigación sobre Cerimedo tiene ramificaciones vinculadas al escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Puntos clave

  • Rodrigo Paz reconoció que Cerimedo colaboró en su campaña y en el inicio de su gestión, pero negó todo vínculo contractual o representación institucional.
  • El presidente boliviano afirmó que Cerimedo «jamás» tuvo autorización para hablar en nombre del Estado, la Presidencia o su familia.
  • Beller sostuvo, en contraposición, que el consultor operaba como un poder paralelo e intervenía en decisiones del Ejecutivo.
  • Cerimedo enfrenta tres causas penales simultáneas en Bolivia: tentativa de feminicidio, enriquecimiento ilícito y tráfico de sustancias controladas.
  • Beller confirmó que aportará nuevas pruebas y que está dispuesta a declarar en Argentina, donde el caso tiene conexiones con la causa ANDIS.
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