Bolivia enfrenta una de las peores catástrofes climáticas de su historia reciente, tras lluvias inusualmente intensas que comenzaron en noviembre de 2024 y que, lejos de amainar, podrían extenderse hasta mayo de 2025.

La inundación en cifras

Según cifras oficiales, la crisis deja:

58 muertes confirmadas y al menos 10 personas desaparecidas.

859.775 familias afectadas en todo el país.

277 municipios en emergencia declarada.

133.898 hectáreas de cultivos arrasadas.

La situación obligó al gobierno a declarar la emergencia nacional el pasado 26 de marzo, para acelerar la recepción de ayuda internacional.

Las causas estructurales de una tragedia anunciada

Especialistas y organismos ambientales señalan que la gravedad del fenómeno no se debe únicamente al cambio climático global, sino también a:

Deforestación masiva impulsada por la minería y la agroindustria.

Incendios forestales recurrentes que devastaron millones de hectáreas en la última década.

Contaminación de ríos y suelos, que agrava la vulnerabilidad del territorio.

Lucía Walper, jefa de Análisis y Pronóstico Hidrológico del Senamhi, advirtió:

“Estamos atravesando un fenómeno totalmente anómalo. Las lluvias, que deberían haberse disipado en marzo, persisten hasta mayo, alterando todos los patrones históricos”.

Regiones más afectadas y crisis humanitaria

Los departamentos más golpeados son:

La Paz (oeste) Chuquisaca (sur) Cochabamba (centro) Santa Cruz (este) Potosí (noreste)

En estas zonas, decenas de comunidades rurales han quedado aisladas por:

Colapso de puentes. Anegamiento de caminos. Destrucción de viviendas.

La pérdida de infraestructura básica agrava la crisis humanitaria, especialmente en áreas de difícil acceso donde la asistencia estatal llega tarde o no llega.

Golpe al sector agropecuario

El impacto en la producción rural es severo:

134.000 hectáreas de cultivos dañadas. 678.985 cabezas de ganado afectadas por la pérdida de forraje.

A pesar de la magnitud de los daños, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, minimizó el riesgo al afirmar que representa apenas el 3,5% del total agrícola del país y descartó una crisis alimentaria.

La declaración oficial contrasta con los reportes de las comunidades rurales, que denuncian falta de apoyo estatal y pérdidas irreparables.