El 7° Juzgado Civil de Santiago falló a favor del Consejo de Defensa del Estado (CDE) en la demanda civil presentada contra los herederos del exdictador Augusto Pinochet, ordenando la restitución de US$ 16,2 millones provenientes de caudales públicos malversados.

La decisión judicial marca un hito en el prolongado caso Riggs, que comenzó en 2004 cuando se revelaron las cuentas secretas del exdictador en bancos internacionales. Esta decisión se produce casi siete años después de que la Corte Suprema cerrara el proceso penal del denominado caso Riggs, en el que se investigaron delitos de corrupción cometidos durante el régimen militar.

Los fondos públicos malversados

En su resolución de 52 páginas, según reporta el diario El Mercurio, el tribunal estableció que, aunque no fue posible condenar penalmente a Pinochet por su fallecimiento, quedó acreditado que incurrió en apropiación indebida de recursos públicos, con ingresos sin justificación por al menos US$ 17,8 millones.

Dichos fondos provenían de gastos reservados asignados a la Presidencia, la Casa Militar y la Comandancia en Jefe del Ejército. El origen de estos recursos confirma que se trató de dinero público destinado a funciones oficiales que fue desviado ilegalmente.

Distribución entre los herederos

La sentencia determina que el dinero no decomisado —más de 16 millones de dólares— fue heredado de forma proporcional por 16 personas, incluidos descendientes y su esposa ya fallecida, Lucía Hiriart. Según la disposición del tribunal citada por medios locales, cada heredero deberá devolver una parte proporcional en pesos chilenos según su participación en la herencia.

El fallo confirma que los familiares del exdictador se beneficiaron económicamente de fondos que habían sido sustraídos del Estado durante los años del régimen militar (1973-1990).

Rechazo de la prescripción

Uno de los aspectos centrales de la resolución fue el tratamiento de la prescripción. El fallo también desestima la prescripción alegada por la defensa de los herederos, señalando que el plazo para iniciar acciones legales comenzó recién con la sentencia definitiva de la Corte Suprema en 2018. Por tanto, la demanda presentada por el CDE en ese período fue considerada oportuna.

Esta interpretación legal permite que el Estado recupere recursos que, de otro modo, habrían quedado definitivamente en manos de los beneficiarios de la herencia.

Valoración del Consejo de Defensa del Estado

El presidente del CDE, Raúl Letelier, valoró la resolución, subrayando que forma parte de los esfuerzos institucionales por reparar los perjuicios causados al Estado por la corrupción en el régimen de Pinochet.

«Transcurridos siete años desde su presentación, la demanda por provecho del dolo ajeno que hoy acoge íntegramente la justicia forma parte de un conjunto de acciones materializadas por el Consejo de Defensa del Estado para reparar los exorbitantes perjuicios ocasionados por la malversación de fondos públicos cometida por Pinochet y sus colaboradores», declaró Letelier según consigna El Mostrador.

Próximos pasos procesales

Los herederos podrán apelar ante la Corte de Apelaciones e incluso recurrir a la Corte Suprema, ya que se trata de un fallo de primera instancia. Esto significa que la resolución aún puede ser impugnada y modificada en instancias superiores, por lo que el proceso legal continuará.

El caso Riggs representa uno de los episodios más emblemáticos de la corrupción durante la dictadura chilena, cuando se descubrió que Pinochet mantenía cuentas millonarias en el banco estadounidense Riggs, entre otras entidades financieras internacionales.

Puntos clave:

• El 7° Juzgado Civil de Santiago ordenó a 16 herederos de Pinochet restituir US$ 16,2 millones al Estado chileno
• Los fondos provienen de gastos reservados de la Presidencia, Casa Militar y Comandancia en Jefe del Ejército durante la dictadura
• El tribunal desestimó la prescripción alegada por la defensa, considerando que el plazo comenzó en 2018
• La resolución puede ser apelada ante instancias superiores
• El caso forma parte de los esfuerzos por recuperar fondos públicos malversados durante el régimen militar