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EEUU sanciona por corrupción al vicepresidente de Paraguay y al ex mandatario Horacio Cartes

Declarados ambos «significativamente corruptos» el año pasado, un nuevo comunicado del Departamento de Estado de EEUU y una conferencia del embajador, Marc Ostfeld en Asunción sirvieron ahora para detallar las sanciones.

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Estados Unidos anunció hoy sanciones contra el vicepresidente de Paraguay, Hugo Velázquez, y contra el expresidente Horacio Cartes, por la participación de ambos en “la corrupción sistémica que ha socavado las instituciones democráticas”, medidas que implican el bloqueo de todos los activos y propiedades que puedan tener bajo soberanía estadounidense.

Declarados ambos «significativamente corruptos» el año pasado, un nuevo comunicado del Departamento de Estado de EEUU y una conferencia del embajador, Marc Ostfeld en Asunción sirvieron ahora para detallar las sanciones.

Las penalidades abarcan también a “cuatro entidades de propiedad o controladas por Cartes: Tabacos USA Inc, Bebidas USA Inc, Dominicana Acquisition SA y Frigorífico Chajha SAE”, sancionadas en base a la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad por los Derechos Humanos “y se dirige a los perpetradores de abusos graves contra los derechos humanos y corrupción en todo el mundo”, señaló el comunicado de EEUU.

Velázquez es acusado de «interferir en procesos legales» y de maniobrar para protegerse de potenciales investigaciones, con sobornos o amenazas «a quienes pudiesen exponer su actividad criminal», informó el Gobierno estadounidense en el texto.

En cuanto Cartes, el documento afirma que «durante más de una década, aprovechó su riqueza e influencia adquiridas ilícitamente para expandir su poder político y económico sobre las instituciones paraguayas».

«La carrera política arrancó y continua dependiendo de medios corruptos», agregó el texto, que da cuenta de sobornos de hasta 10.000 dólares para lograr su designación como candidato presidencial del Partido Colorado.

En 2017, destinó 1 millón de dólares de su fortuna para «comprar» los votos de diputados e intentar una reforma constitucional que le abriese la puerta a un segundo mandato.

Fracasada esta reforma, y ya fuera de la Presidencia, habría intentado mantener su influencia con pagos continuados que en algunos casos alcanzan los 50.000 dólares al mes.

En esta línea, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, aseguró que «Estados Unidos está con el pueblo de Paraguay» y seguirá apoyando a sus «socios» en las instituciones locales para «combatir la corrupción y defender el Estado de Derecho».

Pese las calificaciones del año pasado, Velázquez sigue siendo el número dos del país y hoy volvió a negar la chance de una renuncia, en tanto Cartes -al mando del país entre 2013 y 2018- asumió hace apenas días la titularidad del gobernante Partido Colorado, después de ganar las internas de diciembre al mandatario Mario Abdo Benítez.

“Las acciones de hoy refuerzan las designaciones públicas de Cartes y Velázquez por parte del Departamento de Estado por corrupción significativa en 2022, lo que demuestra nuestro compromiso continuo de combatir la corrupción sistémica, abordar la captura del Estado, reforzar las instituciones democráticas y promover la rendición de cuentas en Paraguay”, señaló Washington.

Además, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por su sigla en inglés) señaló que ambos dirigentes tienen vínculos con integrantes de Hezbollah, una organización considerada terrorista por EEUU.

«El grupo guerrillero ha realizado regularmente eventos privados en Paraguay donde los políticos hacen acuerdos por favores, venden contratos estatales y discuten los esfuerzos de aplicación de la ley a cambio de sobornos. Representantes tanto de Cartes como de Velázquez han cobrado sobornos en estas reuniones», dijo la OFAC.

Velázquez ofreció hoy una conferencia de prensa para rechazar las acusaciones.

«No voy a renunciar; me debo al pueblo paraguayo. Si yo no tengo ningún proceso penal en Paraguay, ¿cómo voy a renunciar por una denuncia que no tengo idea de dónde sale ni tengo claro sus motivaciones?», contestó el vicepresidente a la pregunta si dejará el cargo.

Dijo también que las acusaciones de EEUU son «descabelladas» y las rebatirá ante la justicia.

«Voy a recurrir a los tribunales de EEUU porque estas acusaciones que me hacen no tengo idea de dónde vienen, es totalmente falso, es una denuncia descabellada», afirmó, según la agencia Sputnik y el sitio del diario Última Hora.

Aclaró finalmente que no tiene cuentas ni bienes en EEUU. “No hago negocios con empresas ni ciudadanos estadounidenses», dijo.

A su turno, Cartes dejó en manos de su abogado Pedro Ovelar su defensa.

«Estamos convencidos que se van a revocar ambas sanciones. Mi representado está siendo perseguido injustamente», afirmó Ovelar, que consideró a las denuncias “injustas y carentes de fundamentos y pruebas”.

Llamó la atención sobre el hecho de que “las sanciones provienen de un sector, sobre supuestos hechos ocurridos en Paraguay, pero que no hay ningún proceso en su contra” en el país y advirtió que las palabras de Ostfield “violan la presunción de inocencia y la legítima defensa establecida en la Constitución nacional”.

“Intentaron destruir políticamente desde julio (del 2022) a (Horacio) Cartes y no lo han logrado”, manifestó.

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Pity Álvarez: el fiscal pidió 18 años y 6 meses y su detención inmediata si es condenado

Sandro Abraldes descartó la legítima defensa, acusó al músico por la muerte de Cristian Díaz y la portación ilegal del arma, y pidió que quede detenido si lo condenan, al terminar la internación. La querella había pedido 11 años y 2 meses.

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El Argentino Diario-Pity Álvarez.

El fiscal general Sandro Abraldes pidió este miércoles 18 años y seis meses de prisión para Cristian “Pity” Álvarez por la muerte de Cristian Díaz y reclamó que, si hay condena, el tribunal ordene su detención inmediata, que quedará sujeta al fin de la internación involuntaria que cumple por orden de un juzgado civil. Abraldes, titular de la Fiscalía General ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional N.° 27, alegó ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.° 29 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Hugo Navarro y Juan María Ramos Padilla.

El fiscal consideró a Álvarez responsable de dos delitos: homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegítima de arma de uso civil. Díaz murió el 12 de julio de 2018 en el barrio Cardenal Samoré, de Villa Lugano. El acusado no se conectó a la audiencia. Está internado desde el 2 de octubre en una clínica psiquiátrica de Castelar y, según informó el director del lugar al tribunal, no quiso participar porque se consideraba bien representado. Sus defensores, Javier Baños y Sebastián Queijeiro, siguieron el alegato por vía remota.

Cuatro disparos y ninguna agresión previa

Según la reconstrucción de la Fiscalía, cerca de la 1.30 Álvarez y Díaz discutieron frente al acceso de una de las torres del complejo. El músico sacó una pistola del bolsillo derecho de su campera y le disparó a Díaz en la cabeza. Con la víctima en el piso, efectuó tres disparos más hacia la misma zona. Después huyó, descartó el arma en una alcantarilla y se entregó en una comisaría de Villa Lugano a la mañana siguiente.

Abraldes se apoyó en los peritos, que ubicaron los disparos a muy corta distancia, entre 60 y 80 centímetros, y en la forense, que concluyó que todos fueron vitales. “Álvarez quiso matar a la víctima, le disparó primero para matarlo y ya en el suelo, se aseguró de que muriera”, sostuvo el fiscal. Recordó además que el amigo de Díaz, testigo presencial, aclaró que la víctima no estaba armada.

El fiscal descartó la legítima defensa porque, dijo, no hubo una agresión ilegítima contra el acusado. “Álvarez jugó a ser Dios. Se pudrió de Díaz y decidió que no tenía que vivir más”, afirmó. También rechazó la versión de la indagatoria, en la que el músico dijo haberse sentido “atrapado o acorralado”, y exhibió frases que Álvarez dio en entrevistas años antes del crimen, como “ando armado porque todos andan armados”. Recordó que no tenía permiso para tener ni portar armas. Proyectó, además, un video del músico en la entrada de un boliche de Ramos Mejía, donde camina con normalidad, contra los testimonios de allegados que dijeron que una operación de cadera se lo impedía.

Abraldes también descartó la inimputabilidad. Citó a los profesionales que lo examinaron en 2018, quienes no hallaron afectación de su capacidad para entender o dirigir sus acciones.

Una pena en la mitad de la escala

El homicidio con arma de fuego tiene en el Código Penal una escala de 10 años y 8 meses a 25 años de prisión, por la combinación de los artículos 79 y 41 bis. El pedido de la Fiscalía se ubica cerca de la mitad de ese rango; el de la querella, de 11 años y 2 meses, quedó apenas por encima del mínimo. Como agravantes, el fiscal valoró el escaso valor que el acusado le dio a la vida de Díaz, la reiteración de los disparos y su experiencia con armas. Como atenuantes, el arrepentimiento y el pedido de disculpas a la familia.

La diferencia con la querella también alcanza a la forma de cumplimiento. El 6 de noviembre, Fabián Améndola había pedido arresto domiciliario con salidas laborales. Abraldes, en cambio, reclamó la detención: “Sin afectar la presunción de inocencia, la condena modifica cualitativamente la situación del acusado”. Y cerró: “En un Estado de Derecho, la ley manda para todos”.

El viernes 13, al mediodía, alegarán Baños y Queijeiro. El veredicto todavía no tiene fecha confirmada. Hasta la sentencia, Álvarez conserva la presunción de inocencia.

Lo que tenés que saber:

  • El fiscal general Sandro Abraldes pidió 18 años y seis meses de prisión para Pity Álvarez por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegítima de arma de uso civil.
  • Reclamó su detención inmediata si es condenado, sujeta al fin de la internación involuntaria que cumple desde el 2 de octubre en una clínica de Castelar.
  • Descartó la legítima defensa: según los peritos, los cuatro disparos fueron a entre 60 y 80 centímetros y tres se efectuaron con Díaz en el piso.
  • La querella había pedido el 6 de noviembre 11 años y 2 meses, con arresto domiciliario y salidas laborales; la escala va de 10 años y 8 meses a 25 años.
  • La defensa alegará el viernes 13; el veredicto no tiene fecha confirmada.
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