La Cámara Federal porteña tomó una decisión inédita y polémica al ordenar la captura de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, y de uno de los hombres fuertes del chavismo, Diosdado Cabello. La resolución, anunciada este lunes, responde a acusaciones de los llamados “escuálidos” refugiados en la Argentina por crímenes de lesa humanidad, entre los que se incluyen supuestas torturas, secuestros y ejecuciones. La orden de detención fue emitida con fines de extradición a la Argentina, a través de Interpol, tras unificar varias causas judiciales radicadas en los tribunales de Comodoro Py.

El fallo de los reconocidos jueces macristas Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens resaltó que los testimonios de las supuestas víctimas, refugiadas en Argentina, revelaron aparentes torturas y persecución, algo que «parece ser un patrón común en las acciones estatales», bajo el argumento de que «la colección probatoria resulta suficiente» para proceder con la indagatoria de los acusados (Maduro y Cabello).

El reclamo venezolano y los tratados internacionales

Mientras la Cámara Federal porteña avanzaba con la orden de captura, en Venezuela el Tribunal Supremo de Justicia acusó a altos funcionarios argentinos, como son el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, de una serie de delitos vinculados con el decomiso del avión venezolano de Emtrasur en Ezeiza en 2022. Esta respuesta refleja una escalada en la tensión diplomática entre ambos países.

El fallo de la Cámara Federal porteña se sostiene con las denuncias de los “escuálidos” refugiados en el país bajo el principio de jurisdicción universal, el cual permite a un estado investigar y juzgar crímenes graves, como los de lesa humanidad, sin importar el lugar donde hayan ocurrido. Este principio ya cuenta con antecedentes en Argentina y ha sido invocado en otras oportunidades. La Justicia argentina considera que existe suficiente evidencia de que el gobierno venezolano ha perpetrado supuestas violaciones sistemáticas de derechos humanos.

La audiencia en Comodoro Py y el respaldo internacional

El abogado Tomás Farini Duggan, representante del Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER), una ONG de la extrema derecha, fue uno de los impulsores de esta medida, que también contó con el apoyo de la Fundación Internacional para la Libertad, encabezada por uno de los líderes de la derecha internacional, el premio Nobel Mario Vargas Llosa. En la audiencia realizada en Comodoro Py, un grupo de supuestas víctimas del gobierno de Maduro relató en detalle sus sufrimientos en Venezuela, lo que impulsó a los jueces a ordenar la captura.

Farini Duggan celebró la decisión al afirmar que «las órdenes de captura ponen nombre y apellido a la peor autocracia en la historia de Latinoamérica». Según el abogado, los crímenes cometidos bajo el gobierno de Maduro incluyen aparentes ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas que se mantienen vigentes hasta hoy.

Reacciones en Venezuela

La resolución judicial generó una rápida respuesta en Venezuela. El Tribunal Supremo de Justicia emitió una declaración denunciando lo que calificó como una interferencia ilícita en los asuntos internos del país y solicitó medidas preventivas contra funcionarios argentinos.

Aspectos clave de la medida judicial:

La Cámara Federal porteña ordenó la captura de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, acusados por “escuálidos” de crímenes de lesa humanidad.

La medida se sustenta en el principio de jurisdicción universal y tiene respaldo en tratados internacionales.

Las víctimas refugiadas en Argentina testificaron sobre supuestas torturas, secuestros y ejecuciones en Venezuela.

El fallo de los jueces macristas destacó la urgencia de actuar para evitar las aparentes violaciones de derechos humanos.

Venezuela reaccionó acusando a funcionarios argentinos de delitos vinculados con el decomiso de un avión venezolano de Emtrasur, en 2022.