Perú ingresó en una nueva fase de crisis política luego de la destitución de la presidenta Dina Boluarte el 10 de octubre por “incapacidad moral permanente”. El Congreso designó en su lugar al entonces titular de la Mesa Directiva, José Jerí Oré, como presidente interino, de acuerdo con el artículo 115 de la Constitución.

La sucesión no apaciguó las tensiones. El 15 de octubre, miles de ciudadanos se movilizaron en Lima, Trujillo, Piura, Puno y otras regiones del país. Las protestas, protagonizadas en gran parte por jóvenes de la llamada Generación Z, exigieron la renuncia de Jerí, el cierre del Congreso y una reforma integral del sistema político.

La jornada concluyó con la muerte de Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz, de 32 años, tras recibir un disparo de un agente vestido de civil en las inmediaciones del Congreso. La Defensoría del Pueblo reportó más de un centenar de heridos entre civiles y policías, y denunció el uso excesivo de la fuerza.

El gobierno interino respondió con la posibilidad de declarar el estado de emergencia en Lima, medida cuestionada por organismos internacionales. El Ministerio de Exteriores de Alemania instó al Ejecutivo peruano a “evitar una escalada de violencia” y a respetar el orden constitucional.

José Jerí: perfil y cuestionamientos

José Jerí, abogado de 38 años y congresista por Lima, asumió el cargo con la promesa de garantizar “estabilidad y gobernabilidad” hasta las elecciones generales convocadas para abril de 2026. “No voy a renunciar. Mi responsabilidad es mantener la estabilidad del país”, declaró tras confirmarse la muerte del manifestante Ruiz Sáenz.

Sin embargo, su gestión comenzó bajo fuertes cuestionamientos. Diversos medios peruanos, entre ellos La República y El Comercio, recordaron que Jerí enfrenta múltiples denuncias judiciales. Entre ellas, una acusación por presunta violación sexual presentada en diciembre de 2024 por una mujer que aseguró haber sido agredida durante una reunión social en Canta.

La Fiscalía archivó el caso en agosto de 2025 por falta de mérito, aunque ese cierre no implica una absolución definitiva. El mandatario también acumula investigaciones por presunta desobediencia a la autoridad, enriquecimiento ilícito y cobros irregulares.

Su gabinete, conformado por 19 ministros, recibió críticas por incluir figuras con antecedentes judiciales y escaso respaldo político.

Voces expertas y malestar ciudadano

Para el politólogo Alberto Vergara, “la crisis actual es el resultado de una acumulación de desgobierno, corrupción y desconexión entre la clase política y la ciudadanía. Jerí representa una continuidad del modelo que la gente rechaza”.

La socióloga Carmen González consideró que “la participación juvenil en las protestas marca un cambio generacional. Ya no se trata solo de partidos, sino de una demanda por justicia social, transparencia y dignidad”.

En las calles, el reclamo se mantiene. “No queremos más parches. Que se vayan todos”, afirmó Mariana, estudiante de sociología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. “Nos matan por protestar, pero no nos callarán”, dijo Luis, transportista de Huancayo.

Un futuro incierto

Aunque Jerí insistió en que habrá elecciones en abril de 2026, amplios sectores sociales y políticos reclaman una reforma previa que garantice transparencia y representatividad. Entre las demandas, volvió a tomar fuerza la idea de una Asamblea Constituyente, impulsada por colectivos juveniles y gremios sociales.

En paralelo, la economía peruana muestra signos de inestabilidad. El tipo de cambio registró variaciones ante la incertidumbre política, y rubros como el comercio y el turismo informaron caídas en sus ingresos, según datos del Banco Central de Reserva del Perú.