Judiciales ⚖️
Pidieron la devolución del avión venezolano y que dejen salir del país a los tripulantes
El pedido fue formulado por la defensa de quienes viajaban en el avión y refrendada por el ministerio de Relaciones Exteriores de Irán.
La defensa de los tripulantes del avión venezolano retenido en Ezeiza desde el mes pasado pidió este miércoles a la Justicia la restitución de la aeronave y el reintegro de los pasaportes a esas personas para que puedan salir del país ya que, sostuvo, «no existe ni remotamente ni jamás existió siquiera un indicio de la comisión de delito alguno».
La presentación fue realizada ante el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena por el abogado Hernán Emilio Carluccio, en representación de los tripulantes venezolanos e iraníes del avión Jumbo de la empresa Emtrasur.
En paralelo, el ministerio de Relaciones Exteriores de Irán informó que pidió a la Argentina la suspensión de la prohibición de abandonar el país de los ciudadanos de esa nación que viajaban en el avión retenido aquí desde principios de junio.
Consultada la Cancillería argentina, voceros dijeron que «funcionarios de la Cancillería de Irán consultaron por el estado de situación de la causa al representante argentino en ese país y, en ese sentido, Argentina remarca lo que ya ha expresado: el tema está en la Justicia y es quien dictaminará los pasos a seguir en la causa».
Carluccio hizo la petición en nombre de Mario Arraga Urdaneta, Víctor Pérez Gómez, Victoria Valdiviezo Marval, José García Contreras, Cornelio Trujillo Candor, Vicente Raga Tenias, José Armando Marcano Estredo, Ricardo Rendón Oropeza, Albert Ginez Pérez, Ángel Marín Ovalles, Nelson Coello, Zeus Rojas Velásquez, Jesús Landaeta Oraa, Mohammad Khosraviaragh, Gholamreza Ghasemi, Mahdi Mouseli, Saied Vali Zadeh y Abdolb Aset Mohamaddi, según la presentación a la que accedió Télam.
El abogado solicitó «el levantamiento de la medida cautelar de prohibición de salida del país oportunamente dispuesta en autos respecto de la totalidad de mis asistidos», quienes son investigados para determinar si están relacionados con actos de terrorismo internacional.
En ese sentido, reclamó «la devolución de los pasaportes retenidos y de la aeronave Boieng 747 Matricula YV 3531 secuestrada». Carluccio sostuvo que «una medida restrictiva de la libertad tiene que estar sustentada principalmente en la razonabilidad y en la proporcionalidad de la misma».
Precisó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó sobre las medidas cautelares que restringen la libertad personal y el derecho de circulación del procesado que «tienen un carácter excepcional, ya que se encuentran limitadas por el derecho a la presunción de inocencia y los principios de necesidad y proporcionalidad, indispensables en una sociedad democrática'».
El abogado advirtió que «si las medidas de restricción de derechos por su intensidad y prolongación dejan de lado la presunción de inocencia terminan constituyendo una sanción encubierta y anticipada que resulta inadmisible».
El letrado dijo que «la medida a la fecha carece absolutamente de aquella razonabilidad declamada, desglosada en necesidad, eficacia y proporcionalidad».
«No existe ni remotamente ni jamás existió siquiera un indicio de la comisión de delito alguno, lo cual luego de más de un mes de investigación secreta, en que esta defensa se ha tenido que manejar prácticamente a ciegas, ha salido finalmente a la luz, lo cual resulta inobjetable», aseguró Carluccio.
Abundó que «en los 14 cuerpos que -hasta la fecha- han sido recopilados, y en los que, hay que reconocerlo, se plasma el notable esfuerzo investigativo realizado, no se ha dado con un indicio, una pista, un acto medianamente sospechoso; nada».
Sostuvo que «partiendo de la nada, se llegó a la nada; si queremos ironizar, diremos que la nave procesal que partió aquel 6 de junio corrió la misma suerte que el Boeing 747 de Emtrasur, es decir, se encuentra hoy día exactamente en el mismo lugar».
También advirtió que el caso fue «claramente fogoneado por ciertos medios de comunicación en particular, con sensacionalistas titulares e incluso fake news a la orden del día».
Añadió que hubo numerosas diligencias con las cuales «se han llenado cuerpos y cuerpos recabando información en esta verdadera -es hora de decirlo- expedición de pesca que constituye la presente causa, con todo lo que ello implica, sin que la misma haya dado fruto alguno».
Sostuvo que la defensa «fue aportando material probatorio -cosa que claramente no le compete atento la carga de la prueba que corresponde al acusador- que demostraba que los investigados son quienes dicen ser, que la aeronave es de quien dice ser, que cada un de los tripulantes cumple una función en el avión, todo ello sustentado en la correspondiente documentación».
Policiales 🚨
Le negaron la entrada a una fiesta, golpeó a un vecino con un matafuego y baleó a su madre
El episodio ocurrió en un edificio del barrio porteño Rodrigo Bueno. El agresor recibió tres años y tres meses de prisión efectiva, aunque también se dispuso su expulsión del país tras cumplir la mitad de la condena.
Un hombre fue condenado a tres años y tres meses de prisión efectiva por protagonizar dos ataques violentos en el barrio Rodrigo Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires. Primero golpeó en la cabeza a un vecino con un matafuego después de que le impidieran ingresar a una fiesta privada. Días más tarde, disparó tres veces contra la madre del joven agredido, quien resultó ilesa.
La sentencia se resolvió mediante un juicio abreviado impulsado por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 14 del Ministerio Público Fiscal porteño. La resolución fue homologada por el juez subrogante del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 23, Ricardo Baldomar.
Le prohibieron ingresar a una fiesta y atacó a un vecino con un matafuego
El primer episodio ocurrió durante una celebración privada que se desarrollaba en el salón de usos múltiples de un edificio del barrio Rodrigo Bueno.
Según la investigación, el hombre intentó ingresar al evento, pero el organizador le negó el acceso. Frente a esa situación, tomó un matafuego que se encontraba en el hall del inmueble y golpeó en la cabeza a uno de los vecinos.
La agresión provocó lesiones leves en la víctima y dio inicio a una investigación judicial para identificar al responsable.
Días después, disparó tres veces contra la madre del joven agredido
La violencia continuó días más tarde, cuando la madre del vecino atacado se cruzó con el agresor en la calle y le reclamó por las lesiones que había sufrido su hijo.
De acuerdo con la reconstrucción del caso, el hombre fue a buscar un arma de fuego y efectuó tres disparos contra la mujer. Pese a la gravedad del episodio, la víctima no resultó herida.
El segundo ataque quedó incorporado a la investigación como un hecho de abuso de armas.
La Justicia lo condenó a tres años y tres meses de prisión efectiva
La condena fue establecida mediante un juicio abreviado y contempló los delitos de lesiones leves, abuso de armas y portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal.
La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 14, conducida por Paulo Gaspani. Para identificar al responsable, los investigadores utilizaron registros audiovisuales y testimonios aportados por habitantes del barrio.
Las tareas se desarrollaron en el marco del programa Integración Barrial con la Justicia, una iniciativa del Ministerio Público Fiscal porteño que busca fortalecer el vínculo con los vecinos y abordar conflictos en el territorio.
También dispusieron su expulsión de Argentina
Otro aspecto relevante de la resolución está relacionado con la situación migratoria del condenado, de nacionalidad peruana.
El hombre tenía una orden de expulsión y una prohibición de reingreso a la Argentina por ocho años, medidas dispuestas por la Dirección Nacional de Migraciones.
Por ese motivo, también se hizo lugar al extrañamiento, una figura legal que permite expulsar del país a una persona extranjera condenada una vez que cumple la mitad de la pena de prisión impuesta.
De esta manera, además de la condena de tres años y tres meses de prisión efectiva, la resolución contempla su posterior expulsión del territorio argentino.
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