Los chilenos votaban hoy para decidir si aprueban o rechazan un proyecto de nueva Constitución escrito en su mayoría por partidos de derecha para que reemplace a la elaborada durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet (1973-1990).

Las mesas abrieron a las 8 y cerrarán a las 18 (la misma hora en Argentina) y más de 15 millones de personas están habilitadas para sufragar en Chile además de otras 120.000 en el exterior.

El voto es obligatorio, por lo que todo el padrón podrá volcarse a las urnas en más de 3.000 centros de votación, en un día que ha sido declarado feriado obligatorio.

Las primeras cifras parciales podrían estar cerca de las 20, mientras que los definitivos podrían estar ya más cerca de la medianoche, aunque un poco antes, alrededor de las 21, podría conocerse una tendencia importante.

Chile se rige por la Constitución pinochetista de 1980, que tuvo una importante reforma en 2005 durante el Gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006) pero que fue el centro de los reclamos ciudadanos en el estallido social de octubre de 2019.

Esto derivó en un primer proceso constitucional, redactado en su mayoría por convencionales de izquierda e independientes, que finalmente fue rechazado por el 61% de los chilenos en un plebiscito el 4 de septiembre de 2022.

Aquella votación constituyó un gran revés para el presidente Gabriel Boric, uno de los principales impulsores de la fallida versión constitucional.

El presidente de izquierda, en el poder desde marzo de 2022, no ha expresado su intención de voto sobre el nuevo borrador de Constitución, lo que le ha valido críticas de la oposición.

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, ha llamado a no “confundir” a la ciudadanía y rechazado que la elección sea una evaluación del Gobierno, sino que se vota por aprobar o rechazar este nuevo texto constitucional.

El nuevo borrador de carta magna contiene 182 páginas, 17 capítulos, 216 artículos y 62 disposiciones transitorias que se redactaron en cinco meses de trabajo.

El texto no estuvo exento de polémica.

Los sectores progresistas del país dicen que significa un “retroceso” en materia de derechos, principalmente por el riesgo que corre la ley de aborto en tres causales, mientras que la derecha la ha definido como la “Constitución de la seguridad”.

El borrador constitucional contempla un retiro del pago de contribuciones a la primera vivienda, la libertad de elección de salud y el derecho preferente de los padres a elegir la educación de sus hijos.

La libre elección en materia de salud podría constitucionalizar a las Isapres (salud privada de Chile), norma muy criticada desde el oficialismo ya que estas instituciones de salud han sido fuertemente cuestionadas debido a sus cobros excesivos.

Además, el nuevo texto propone reducir la cantidad de diputados de 155 a 138 y establece que los partidos políticos necesitan superar un umbral del 5% de los votos para poder entrar en el Congreso.

Cualquiera sea el resultado hoy, el Gobierno ha afirmado que no apoyará un tercer intento de sancionar una nueva carta magna.