La oposición boliviana, básicamente el golpismo de derecha que llevó al último gobierno de facto en la nación quechua, anunció diversas protestas en contra del fallo que condenó a la golpista, dictadora y ex presidenta de facto, Jeanine Añez.

La justicia de ese país determinó que Áñez deberá cumplir una condena de 10 años de prisión por tomar el mando irregularmente tras la renuncia forzada del ex mandatario Evo Morales (2006-2019).

EL RELATO GOLPISTA

«A partir de la próxima semana, iremos generando movilizaciones», dijo el opositor Manuel Morales, del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade). La familia de Áñez llamó «cobarde» al expresidente de izquierda y anunció que apelará el veredicto.

«Es una sentencia política. No va a cambiar nada porque mi madre va a seguir siendo una presa política», lamentó Carolina Ribera, hija de la exmandataria conservadora, según reportó la agencia de noticias AFP.

¿QUÉ DIJO EVO?

Evo Morales, por su parte, consideró insuficiente la condena contra Áñez y señaló en su cuenta de Twitter que «10 años de cárcel es una pena benigna en relación al daño que causaron a la democracia».

EL JUICIO

Un tribunal de La Paz halló anoche culpable a Áñez de los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución.

La opositora, que cumplirá 55 años el lunes, completará la pena en la cárcel de mujeres de La Paz, donde lleva 15 meses en prisión preventiva, y tendrá que pagar asimismo un monto aún no especificado por daños al Estado.

En su alegato final, Añez se había declarado inocente y denunció que el tribunal «excluyó» pruebas que descartaban un derrocamiento de Morales en 2019, por lo que anunció que acudiría a la justicia internacional.

«Hice lo que tenía hacer, asumí la presidencia por compromiso», afirmó la opositora, que gobernó el país entre 2019 y 2020, mientras decenas de manifestantes fuera de la cárcel reclamaban su condena.

También fueron condenados a 10 años por los mismos delitos el excomandante de las Fuerzas Armadas William Kalimán y el exjefe de la Policía Yuri Calderón, ambos prófugos.

La Justicia considera que Áñez alcanzó la presidencia de forma inconstitucional en noviembre de 2019 tras la renuncia forzada de Morales, en medio de protestas multitudinarias por un supuesto fraude electoral denunciado por la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Áñez se proclamó presidenta interina en una sesión del Senado sin quórum el 12 de noviembre de 2019, dos días después de que Morales se viera obligado a renunciar presionado por una rebelión militar, antes de exiliarse en México y luego en la Argentina.