Un fallo judicial que reavivó la crisis institucional

La reciente decisión del juez Andrés Franz Zabaleta Callisaya, de La Paz, de restituir la orden de aprehensión contra Evo Morales, volvió a poner en el centro del debate la independencia y la legitimidad del sistema judicial boliviano.

Morales, líder histórico del Movimiento al Socialismo (MAS), denunció públicamente que el magistrado “tiene nefastos antecedentes” y lo vinculó con el gobierno de Luis Arce, profundizando así la fractura interna en el oficialismo y la desconfianza social hacia la administración de justicia.

Acusaciones cruzadas y antecedentes polémicos

Morales afirmó que Zabaleta “fue encarcelado en 2017 por consorcio corrupto de jueces, fiscales y policías; varios litigantes lo acusaron de apropiarse de casas; tuvo decenas de procesos disciplinarios; fue nombrado por el Consejo de la Magistratura de los autoprorrogados y, en varias ocasiones, dictó fallos favorables al arcismo”.

El ex mandatario sostuvo que la decisión de Zabaleta de anular el fallo de la jueza Lilian Moreno, que había suspendido la orden de captura, es “prevaricadora” y carece de competencia legal, ya que, según la Constitución boliviana, solo el Tribunal Constitucional puede revisar este tipo de resoluciones.

El equipo jurídico de Morales, encabezado por Wilfredo Chávez, calificó el fallo de Zabaleta como “ilegal e inejecutable”, y denunció presiones políticas detrás de la medida. “No puede venir otro tribunal de otro lado a decir si está bien o mal, eso no existe en el orden jurídico interno boliviano”, afirmó Chávez, quien insistió en que la defensa de Morales “ya ganó el caso” y que la decisión de la jueza Moreno debe cumplirse.

El trasfondo político y la fractura en el MAS

El conflicto judicial se da en un contexto de fuerte disputa interna en el MAS y de creciente tensión entre Morales y el presidente Arce. Desde su salida del poder en 2019, Morales mantuvo una relación ambivalente con su sucesor, marcada por acusaciones cruzadas y una lucha por el control del partido. La reciente resolución judicial, que reactiva la orden de captura contra Morales por un caso de presunta trata agravada de personas, fue interpretada por el exmandatario como una maniobra política para “confundir y tapar el desastre económico que vive Bolivia”.

El caso judicial se remonta a octubre de 2024, cuando la fiscal de Tarija dictó una orden de captura contra Morales, posteriormente refrendada por un juzgado de esa región. La defensa del exmandatario sostiene que el proceso fue cerrado en 2020 y reabierto con un nuevo tipo penal, lo que consideran una irregularidad jurídica.

Implicancias constitucionales y el futuro de la causa

El debate sobre la legalidad de las resoluciones judiciales y la competencia de los jueces involucrados expone las debilidades estructurales del sistema judicial boliviano. Morales advirtió: “No puede haber Amparo Constitucional sobre otro Amparo Constitucional. No puede haber una Acción de Libertad contra otra Acción de Libertad. No puede haber una Resolución Constitucional contra otra Resolución Constitucional”.

Pese a la polémica, Morales aseguró que su “libertad está garantizada” y anunció su intención de inscribirse como candidato para las elecciones del 17 de agosto, convocando a una marcha pacífica el 16 de mayo. El desenlace de este conflicto judicial y político será clave para el futuro inmediato del país y la estabilidad institucional.

Puntos clave de la denuncia de Evo y del nuevo intento de proscribir su candidatura:

• Evo Morales denunció al juez Zabaleta por “nefastos antecedentes” y lo vinculó con el gobierno de Arce.
• La defensa de Morales calificó el fallo judicial como “ilegal e inejecutable” y denunció presiones políticas.
• El conflicto expone la crisis de independencia judicial y la fractura interna en el MAS.
• Morales ratificó su intención de participar en las próximas elecciones, pese a la vigencia de la orden de captura.