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Renata Souza pidió el juicio político de Cláudio Castro tras la masacre en Río

La ALERJ deberá definir si el pedido de destitución avanza a comisión.

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La diputada estatal Renata Souza presentó este lunes un pedido de juicio político contra el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, por su presunta responsabilidad en el Operativo Contención, una incursión policial realizada la semana pasada en los complejos da Penha y do Alemão, que dejó más de 130 personas muertas.

Souza, integrante del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), denunció que la acción vulneró derechos humanos y violó el estado de derecho democrático. “¡Destitución ya! ¡Día histórico hoy en ALERJ: se presentó la solicitud de destitución contra el gobernador Cláudio Castro! Ya no puede seguir al frente del estado de Río de Janeiro. Nadie puede seguir viviendo con miedo e inseguridad en las calles. ¡Río quiere paz!”, escribió en la red social X.

Un operativo bajo fuego político y social

El Operativo Contención, llevado a cabo el martes 29 de octubre, movilizó fuerzas policiales y militares contra el Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas del país. Según las autoridades, el objetivo fue neutralizar células narcoactivas en las favelas de la zona norte carioca. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos denunciaron el uso desproporcionado de la fuerza y la ausencia de protocolos humanitarios durante la acción.

La diputada Souza sostuvo que el gobernador Castro “incumplió obligaciones constitucionales al permitir una operación letal sin control judicial ni supervisión civil”. El pedido de juicio político ingresó este lunes a la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro (ALERJ) y deberá ser analizado por la mesa directiva antes de pasar a comisión.

La opinión pública respalda el operativo

Una encuesta de la consultora AtlasIntel reveló que el 87,6% de los habitantes de las favelas de Río aprueba la megaoperación contra el Comando Vermelho. El estudio se realizó de forma online entre el 29 y 30 de octubre, sobre una muestra de 1.527 residentes de la ciudad, apenas horas después del operativo.

A nivel general, el 62,2% de los cariocas expresó su apoyo a la intervención, mientras que un 34,2% la rechazó y un 3,6% dijo no tener opinión.

El 62,3% consideró que el nivel de violencia utilizado por las fuerzas de seguridad fue “adecuado”, frente al 34,4% que lo calificó de “excesivo”. Entre los habitantes de las favelas, ese respaldo fue aún mayor: 89,5% aprobó el uso de la fuerza.

Para el 51,7% de los encuestados, el número de muertos reflejó “la mejor forma de combatir el crimen”, mientras que el 37% lo atribuyó a una búsqueda de rédito político. En tanto, el 65,1% de los consultados consideró que las personas muertas eran “criminales”, una percepción que ascendió al 88,8% entre los encuestados de las favelas.

Un dilema entre seguridad y derechos humanos

El operativo abrió un profundo debate sobre los límites del accionar policial en territorios populares. Mientras parte de la población celebró la respuesta estatal frente al narcotráfico, sectores políticos, religiosos y sociales denunciaron una “política de exterminio” que repite patrones de violencia institucional registrados en anteriores gestiones.

Diversas organizaciones de derechos humanos exigieron una investigación independiente sobre las ejecuciones y las condiciones en las que se desarrolló el operativo. Hasta el momento, el gobierno de Castro no respondió formalmente al pedido de juicio político.

Investigación 🔎

Rodrigo Paz admitió el vínculo con Cerimedo pero negó que tuviera funciones oficiales

El presidente boliviano reconoció que el estratega argentino colaboró en su campaña y en los primeros tramos de su gestión, pero descartó que haya existido contrato, relación laboral o autorización para representar al Estado, a la Presidencia o a su familia. Las declaraciones contrastan con la versión de Nadia Beller, quien describió a Cerimedo como un poder paralelo dentro del Ejecutivo.

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El relato de Rodrigo Paz sobre Cerimedo: entre el reconocimiento del vínculo y el intento de desligarse del escándalo.

Diez días después del ataque armado contra Nadia Beller, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, rompió el silencio que mantuvo desde el 17 de agosto y publicó un video de cuatro minutos en el que reconoció el vínculo con Fernando Cerimedo, el consultor político argentino vinculado al espacio de La Libertad Avanza, pero trazó una línea clara entre la colaboración informal en campaña y cualquier forma de representación institucional.

«Cuando ganamos en primera vuelta y llegamos a la segunda vuelta electoral en Bolivia, se generó un contacto con el señor Cerimedo para trabajar, siendo un estratega de reconocimiento mundial, en nuestra campaña electoral», afirmó Paz en la grabación. Según el mandatario, esa colaboración se extendió también a los primeros tramos de su gestión, pero nunca derivó en una relación formal.

«Jamás tuvo autorización para representar al Estado»

«Ganamos las elecciones y, a partir de ello, no solo cooperó en esa elección, sino también al inicio del Gobierno», reconoció Paz. Sin embargo, subrayó que esa participación no implicó vínculo contractual ni mandato institucional de ningún tipo. «Por eso, nunca hubo un contrato. Por eso, nunca hubo una relación de trabajo directa como la que se puede llevar adelante con ministros, viceministros o delegados presidenciales», sostuvo.

El presidente fue categórico al delimitar las atribuciones que Cerimedo nunca tuvo: «El señor Cerimedo jamás tuvo la autorización de representar al Estado boliviano, a la Presidencia, al Gobierno o a mi familia», afirmó, según un amplio informe de Xinhua. Paz aclaró que la representación oficial del Ejecutivo corresponde exclusivamente a quienes cuentan con mandato institucional expreso.

La versión de Beller y el contraste con el relato oficial

Las declaraciones del mandatario chocan de frente con el relato que Beller construyó públicamente desde que fue atacada. La abogada y expareja de Cerimedo aseguró ante los medios que el consultor argentino operaba como una suerte de «presidente en la sombra» dentro del Gobierno de Paz, y que habría intervenido en designaciones y negociaciones que presuntamente involucraban a miembros de la familia del mandatario.

Beller también señaló que Cerimedo estaba involucrado en supuestos casos de corrupción: sobreprecio en la distribución de combustible, la creación de un equipo de élite policial que respondía al consultor, y pagos a legisladores para garantizar la aprobación de ciertas leyes. Estas denuncias forman parte de la causa por enriquecimiento ilícito que tramita en la Justicia boliviana, en la que Beller fue citada como testigo.

Cerimedo, detenido en Palmasola con tres causas abiertas

Cerimedo permanece en detención preventiva en el penal de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, donde cumple seis meses de prisión preventiva por ser considerado el presunto autor intelectual del ataque contra Beller, que derivó en una imputación por tentativa de feminicidio. A esa causa se suman el proceso por enriquecimiento ilícito y un tercero por presunto tráfico de sustancias controladas y encubrimiento al narcotráfico.

El mandatario boliviano aseguró que solicitó a la Policía Nacional realizar todas las investigaciones pertinentes sobre el ataque contra Beller y garantizó que el Ejecutivo facilitará un proceso transparente. Por su parte, Beller anunció que aportará nuevas pruebas en la causa y que está dispuesta a declarar también en la Argentina, donde la investigación sobre Cerimedo tiene ramificaciones vinculadas al escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Puntos clave

  • Rodrigo Paz reconoció que Cerimedo colaboró en su campaña y en el inicio de su gestión, pero negó todo vínculo contractual o representación institucional.
  • El presidente boliviano afirmó que Cerimedo «jamás» tuvo autorización para hablar en nombre del Estado, la Presidencia o su familia.
  • Beller sostuvo, en contraposición, que el consultor operaba como un poder paralelo e intervenía en decisiones del Ejecutivo.
  • Cerimedo enfrenta tres causas penales simultáneas en Bolivia: tentativa de feminicidio, enriquecimiento ilícito y tráfico de sustancias controladas.
  • Beller confirmó que aportará nuevas pruebas y que está dispuesta a declarar en Argentina, donde el caso tiene conexiones con la causa ANDIS.
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