​★ En un movimiento que coincide con la inminente llegada al país del presidente chileno José Antonio Kast, la justicia argentina y las fuerzas de seguridad aceleraron el proceso de extradición de Galvarino Apablaza. El exlíder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), quien residió en Argentina durante más de veinte años bajo el estatus de refugiado político, no fue hallado en su domicilio de Moreno durante un operativo de la Policía Federal. La orden de detención, emitida por la jueza federal María Servini, busca cumplir con el requerimiento de la justicia de Chile por el asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991.

​El refugio como frontera democrática

​La situación de Apablaza, de 75 años, representa un punto de inflexión en la política de derechos humanos de la región. En 2010, bajo la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) otorgó al ciudadano chileno el asilo político, al considerar que en su país de origen no estaban garantizadas las condiciones para un juicio justo debido a la persistencia de enclaves del pinochetismo en el Poder Judicial. Aquella decisión bloqueó la entrega de Apablaza, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia había autorizado la extradición previamente.

​Con el ascenso de Javier Milei al Ejecutivo y el retorno de la derecha dura en Chile, el escenario legal giró drásticamente. En febrero de 2026, una cámara federal confirmó la revocación del refugio, una medida que la defensa de Apablaza calificó como ilegal. Los abogados del exdirigente sostienen que la medida no está firme y que aún rigen las protecciones de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, que impiden la devolución de una persona a un Estado donde su vida o libertad corran peligro por causas políticas.

​Una agenda de impunidad y coordinación represiva

​La visita de José Antonio Kast a Buenos Aires, programada para este domingo, tiene como eje central la seguridad y la cooperación ideológica entre ambas administraciones. Según fuentes diplomáticas consultadas, el «caso Apablaza» figuraba como un punto prioritario en la agenda bilateral. La sincronía entre el fallido operativo policial en Moreno y el arribo del mandatario chileno sugiere una coordinación política que busca saldar una deuda histórica de la derecha trasandina con el legado de Jaime Guzmán, ideólogo de la constitución de la dictadura de Augusto Pinochet.

​El plan coordinado, según informaron autoridades chilenas, contemplaba el traslado inmediato de Apablaza en un vuelo de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) para recluirlo en la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago. Tras el fracaso de la captura, el Ministerio del Interior de Chile solicitó formalmente informes a Buenos Aires, mientras que el gobierno de Milei ratificó que la búsqueda continúa para garantizar la entrega del militante.

​Antecedentes de una causa politizada

​El asesinato de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards son los cargos que la justicia chilena imputa a Apablaza como presunto autor mediato. Sin embargo, la trayectoria del exguerrillero está marcada por su resistencia activa contra la dictadura de Pinochet, lo que le valió el reconocimiento de diversos organismos sociales y políticos que ven en este proceso una persecución política tardía. Durante el gobierno de Mauricio Macri, ya se realizaron intentos para quitarle el estatus de refugiado, pero las presentaciones judiciales de la defensa lograron postergar la definición hasta el actual contexto de alineamiento total entre la Casa Rosada y el Palacio de La Moneda bajo el signo de la ultraderecha.

​Puntos clave

• ​La jueza federal María Servini ordenó la detención de Galvarino Apablaza para hacer efectiva su extradición.
• ​El operativo de la Policía Federal en el partido de Moreno resultó fallido y el exdirigente es buscado como prófugo.
• ​La defensa sostiene que la revocación de su estatus de refugiado no es una decisión firme.
• ​El operativo coincide con la visita oficial del presidente chileno José Antonio Kast a la Argentina.
• ​Apablaza contaba con protección política en el país desde el año 2010. ★