El gobierno de Donald Trump pidió el viernes a la Corte Suprema que confirmara la orden ejecutiva del presidente que pone fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, el principio seguido durante más de un siglo según el cual los niños nacidos en suelo estadounidense son automáticamente ciudadanos.

Trump emitió la orden el primer día de su mandato presidencial en enero de 2025, pero desde entonces ha estado bloqueada por los tribunales inferiores que consideran que viola la Constitución estadounidense.

Los argumentos del gobierno federal

En un par de peticiones presentadas ante la Corte Suprema, los abogados del gobierno argumentaron que la promesa de ciudadanía de la Constitución se confería a “los esclavos liberados y a sus hijos, no a los hijos de extranjeros que visitan temporalmente Estados Unidos o de extranjeros ilegales”.

John Sauer, el procurador general, argumentó que la interpretación común de la Decimocuarta Enmienda durante más de un siglo, confirmada por la Corte Suprema, era “errónea”, según los documentos presentados que fueron revisados por The New York Times pero que aún no han aparecido en el sistema público de seguimiento de casos del tribunal.

El marco constitucional en disputa

La orden de Trump chocaría con la interpretación establecida de la Decimocuarta Enmienda, que se ratificó tras la Guerra Civil para garantizar la ciudadanía para todos y revocó una decisión judicial que había privado de ese derecho a las personas negras nacidas en Estados Unidos. La enmienda establece que son estadounidenses “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sometidas a su jurisdicción”.

La política presidencial pondría fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de migrantes indocumentados y residentes temporales extranjeros, enfrentándose a impugnaciones legales inmediatas desde su promulgación.

Los bloqueos judiciales

Después de que varios jueces federales decretaran pausas temporales en la política, el gobierno de Trump había pedido anteriormente a los jueces de la Corte Suprema que descongelaran la medida. En una decisión de junio de 6 votos a favor y 3 en contra, dividida por las líneas ideológicas, los jueces se pusieron del lado del gobierno de Trump, cortando un mecanismo de bloqueo de las políticas del poder ejecutivo por parte de los jueces de primera instancia.

Sin embargo, surgieron nuevas impugnaciones, incluida una demanda colectiva nacional presentada ante un tribunal federal de Nuevo Hampshire. En julio, el juez Joseph Laplante, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Nuevo Hampshire, acordó admitir a trámite la demanda, congelando la política para los bebés y sus padres con aplicación nacional.

Ese mismo mes, en una decisión dividida, un grupo de jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos dictaminó que la orden ejecutiva del presidente violaba la Constitución. En ese dictamen, los jueces concluyeron que la orden “contradice el lenguaje llano de la Decimocuarta Enmienda que concede la ciudadanía a ‘todas las personas nacidas en los Estados Unidos y sometidas a su jurisdicción’”.

Las implicancias del caso

Si los jueces de la Corte Suprema aceptaran el caso, el tribunal podría oír los argumentos sobre el asunto durante su próximo período, que está previsto que comience a principios de octubre. Las decisiones suelen anunciarse a finales de junio o principios de julio.

“Si la corte acepta el caso de la ciudadanía por derecho de nacimiento, el presidente irá en contra de la Constitución estadounidense, de un precedente de 127 años de la Corte Suprema y de una ley del Congreso, y perderá”, declaró Cecillia Wang, directora jurídica nacional de la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU), que se encuentra entre los grupos que impugnan la orden ejecutiva.

En sus nuevos documentos, Sauer argumentó que las decisiones de los tribunales inferiores habían invalidado las políticas necesarias para asegurar la frontera y habían concedido la ciudadanía a cientos de miles de “personas no cualificadas”.