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Brasil: Bolsonaro acorralado por delitos de lesa humanidad
Es por el tratamiento que hizo sobre la pandemia. También irán contra ministros, ex funcionarios y empresarios que apoyaron al mandatario brasileño en su lucha anticuarentena.
Es por el tratamiento que hizo sobre la pandemia. También irán contra ministros, ex funcionarios y empresarios que apoyaron al mandatario brasileño en su lucha anticuarentena.
La Comisión de Investigación del Senado de Brasil aprobó un informe que acusa de nueve delitos, entre ellos crímenes contra la humanidad, al presidente Jair Bolsonaro por sus acciones y omisiones durante la pandemia. La decisión no fue unánime pero sí suficiente como para que tanto el mandatario como sus tres hijos parlamentarios y otras 76 personas, entre ministros, ex funcionarios y empresarios, deban afrontar a la Justicia.
Los cargos contra Bolsonaro serán presentados este miércoles ante el fiscal general de la República, Augusto Aras. Bolsonaro se convirtió así en el primer presidente de la historia de Brasil acusado de crímenes contra la humanidad, algo por lo cual será presentada una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con sede en La Haya.
El relator del informe, el senador Renán Calheiros, tildó de homicida al mandatario, a quien consideró un «misionero enloquecido para matar a su propio pueblo». «El caos del gobierno de Bolsonaro entrará en la historia como el más bajo escalón de la indigencia humana y civilizatoria» y lo igualó a «carniceros» como Adolf Hitler, Augusto Pinochet, Alfredo Stroessner y el torturador brasileño Carlos Brilhante Ustra. «Bolsonaro está al lado de estos facinerosos», subrayó.
La comisión también pidió al fiscal general y al Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) prohibir el acceso de Bolsonaro a las redes sociales y quebrar el secreto de las cuentas del mandatario desde abril de 2020 para determinar su responsabilidad en la diseminación de noticias falsas sobre la Covid-19.
El pedido fue realizado en la última sesión de la comisión, luego de que las plataformas Facebook y YouTube eliminaron la divulgación de un video de Bolsonaro del jueves pasado en el cual vincula la vacunación contra la Covid-19 con la posibilidad de contagiarse HIV, una mentira que fue dicha durante una transmisión en vivo.

La novedad fue haber incluido un intento para que las redes sociales le cierren el camino a Bolsonaro, algo parecido con lo que ocurrió en Estados Unidos con el expresidente Donald Trump, otro negacionista de la pandemia. El pedido será enviado al fiscal general, Aras, y al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, quien investiga a Bolsonaro en una megacausa sobre fake news.
Uno de los pedidos aprobados por mayoría en la comisión prevé quebrar el secreto telemático de Bolsonaro en las redes de las empresas estadounidenses Twitter, Google y Facebook para que provean los datos de administración y accesos de las cuentas para publicar noticias falsas sobre la pandemia.
Bolsonaro está siendo acusado de nueve delitos entre ellos «charlatanismo», previsto en el Código Penal, por haber lanzado una suerte de campaña para tomar remedios sin eficacia para un inexistente tratamiento preventivo, con el objetivo de evitar que la población haga cuarentena.
El pedido incluye una solicitud al juez Moraes para que el presidente se retracte de sus mentiras, so pena de una multa de 50.000 reales, unos 9.600 dólares, por día de incumplimiento. «El presidente es un serial killer (asesino serial) porque las noticias falsas diseminadas en las redes por el presidente matan», dijo Calheiros, del ala opositora del Movimiento de la Democracia Brasileña (MDB). Entre los imputados quedó el poderoso ex jefe de gabinete y actual ministro de Defensa, general retirado Walter Braga Netto.
Bolsonaro, por su parte, viajó al amazónico Roraima para visitar a refugiados venezolanos que viven en Brasil y alertó sobre «el peligro del comunismo», en una clave electoral para las elecciones de 2022. Lo transmitió en vivo por Facebook a la misma hora de la sesión de la comisión, tras lo cual festejó el cumpleaños 106 de la Asamblea de Deus, pionera entre los evangélicos. «Este proceso del Senado es una gran fake news», dijo el senador Marcos Rogerio, del bloque oficialista de la comisión.
El presidente de la comisión parlamentaria de investigación (CPI), Omar Aziz,y el vice, Randolfe Rodrigues, destacaron el hecho histórico de este informe que, según dijo Bolsonaro, «tuvo un fuerte impacto negativo» de su imagen a nivel internacional.
Los cargos deberán ser elevados a la fiscalía general, al STF y a la Cámara de Diputados. Es la primera vez que el Congreso acusa a un presidente de delitos contra la humanidad. La sesión deberá extenderse luego de la lectura del informe de la comisión y de otro paralelo que prepararon los senadores oficialistas que defienden al Gobierno.
La acusación también incluye al gobernador de Amazonas, Wilson Lima, por sus posibles fraudes en el manejo de la pandemia en su estado, que fue centro del horror mundial en enero, cuando los pacientes se morían en sus camas por falta de oxígeno. Por este mismo asunto fue imputado el general retirado Eduardo Pazuello, exministro de Salud.
La cúpula y médicos de la prepaga Prevent Senior de San Pablo también fueron imputados ante la justicia común por haber realizado experimentos con pacientes con remedios como cloroquina, defendida por Bolsonaro y la ultraderecha como forma e generar una inmunidad de rebaño sin cuarentena. Bolsonaro es acusado pero los cargos chocarán contra el fiscal general Aras, un aliado del presidente que ha cajoneado varias acusaciones.
Los delitos contra Bolsonaro son crimen de responsabilidad por haber defendido la inmunidad de rebaño sin vacuna, uso irregular de dinero público, crimen contra la humanidad, charlatanismo, prevaricato en el fraude de la compra de vacuna Covaxin, charlatanismo, incitación al delito, falsificación de documento, delito de epidemia y delito contra norma sanitaria como el no uso de barbijo.
DDHH
Bertulazzi y Bullrich: dos militancias setentistas y la doble vara de LLA
La senadora que celebró la detención de un refugiado italiano al que llamó terrorista militó en los setenta en el entorno de la cúpula montonera, aunque niega haber integrado la organización. Bertulazzi, condenado en ausencia en Italia, se fugó antes de ser extraditado; Bullrich preside hoy el bloque oficialista en el Senado.
Un hombre de 74 años que vivió dos décadas en Buenos Aires bajo protección de refugiado se fugó a comienzos de noviembre del departamento de San Telmo donde cumplía arresto domiciliario, días después de que la jueza federal María Servini rechazara su último pedido y la extradición a Italia quedara firme. La Justicia ordenó su detención inmediata y la Policía Federal busca su rastro en cámaras de seguridad.
Se trata de Leonardo Bertulazzi, exintegrante de las Brigadas Rojas, condenado en ausencia por la Justicia italiana a 27 años de prisión. Servini había rechazado su extradición en 2003 porque Italia no garantizaba un nuevo juicio con derecho de defensa, y en 2004 la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) lo reconoció como refugiado. En 2024 perdió ese estatus por una decisión administrativa del Gobierno de Javier Milei, que su defensa considera ilegal, y la Corte Suprema confirmó la extradición el 1 de julio de 2025.
El trofeo de la ministra
El 29 de agosto de 2024, la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich anunció desde su cuenta oficial en X: «DETUVIMOS A UN TERRORISTA EX BRIGADAS ROJAS DE ITALIA». El comunicado de su cartera atribuyó la captura a un «profundo trabajo de inteligencia», y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, agradeció al Gobierno argentino la detención de un hombre «ya condenado en Italia a 27 años de prisión por delitos de terrorismo».
Bertulazzi vivía desde hacía 21 años en el mismo departamento porteño y no había nada que descubrir. Así lo sostuvo él mismo, y su abogado, Rodolfo Yanzón, afirmó que el Estado conocía su domicilio desde hacía más de veinte años justamente porque estaba amparado por la Convención de Refugiados de Naciones Unidas.
Según Yanzón, su defendido no está acusado de delitos de sangre, sino del secuestro de un empresario y de integrar una organización armada hasta septiembre de 1980, y la condena se apoyó en declaraciones de dos arrepentidos, sin que pudiera defenderse. Fuentes cercanas a la defensa también negaron la vinculación con el secuestro de Aldo Moro que había trascendido en los primeros días.
El pasado que la senadora relativiza
Bullrich es hoy senadora nacional y jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta. Nacida en 1956 en una familia de la élite porteña, militó desde 1972 y 1973 en la Juventud Peronista, y su hermana Julieta era pareja de Rodolfo Galimberti, jefe de la Columna Norte de Montoneros. Ella sostiene que su militancia fue en la Juventud Peronista y niega haber pertenecido a Montoneros.
Esa versión es discutida por las biografías no autorizadas. El periodista Ricardo Ragendorfer, autor de «Patricia, de la lucha armada a la seguridad», le atribuye roles secundarios y de apoyo en operativos de la organización, como tareas de inteligencia previa en el secuestro de los hermanos Born, en 1974, donde fueron asesinados el chofer y el ejecutivo Alberto Bosch, pariente de la familia Bullrich. Los autores Marcelo Larraquy y Roberto Caballero también le adjudican participación secundaria en dos operativos, entre ellos el vinculado a un ejecutivo de la empresa Sudamtex, en 1976.
Según Ragendorfer, que reconstruyó los hechos a partir de fuentes de primera mano, Bullrich tuvo además una participación más directa en el atentado con explosivos contra la vivienda del entonces intendente de facto de San Isidro, José María Noguer, en 1977, que dejó heridos a familiares y ninguna víctima fatal. Se trata de reconstrucciones periodísticas y testimonios, no de una sentencia judicial, y ella lo niega. En 1977 se exilió con su pareja, Marcelo Langieri, y regresó al país en el tramo final de la dictadura.
La palabra «terrorista» según quién la pronuncie
Las diferencias entre ambos casos existen y conviene nombrarlas: Bertulazzi tiene una condena en su contra, dictada en ausencia, y Bullrich no registra una sentencia por los hechos que se le atribuyen. Pero esta antología expone cómo el Gobierno administra una etiqueta que le cabe distinto según quién la reciba. A un refugiado de 74 años con tres ACV, según su abogado, y con una condena cuestionada por falta de defensa, se lo exhibe como «terrorista» y se ordena su extradición; a una dirigente con un pasado militante similar, la historia argentina y la democracia le abrió la puerta a la vida política como funcionaría y legisladora en varias oportunidades. Mientras al refugiado italiano se le niega la simple posibilidad de poder vivir en paz.
La ironía es más punzante por un antecedente que el oficialismo prefiere no recordar. En octubre de 2023, en plena campaña, Milei acusó a Bullrich de haber «puesto bombas en jardines de infantes», algo para lo que no existe registro histórico, judicial ni periodístico. Ella presentó querellas por calumnias e injurias y exigió que Victoria Villarruel certificara que nunca hubo atentados contra jardines de infantes. Semanas después, tras quedar fuera del balotaje, retiró las denuncias y se sumó al gobierno de quien la había expuesto. La acusación de terrorismo, entonces, resultó “negociable”, cuando la señalada terminó siendo una aliada necesaria.
Yanzón, por su parte, sostiene que en el derecho internacional el concepto de terrorismo es «vidrioso» y se utiliza según los intereses en juego, y que la persecución a Bertulazzi responde a un acuerdo político entre Milei y Meloni. Esa lectura es la de su defensa; lo que consta es que la Justicia argentina había negado la extradición en 2003 por la misma falta de garantías de defensa y que el cambio de criterio llegó después de la revocación del refugio.
Lo que tenés que saber:
- Leonardo Bertulazzi, de 74 años, se fugó a comienzos de noviembre de su arresto domiciliario en San Telmo y la jueza Servini ordenó su detención inmediata.
- Fue condenado en ausencia en Italia a 27 años de prisión; la Corte Suprema confirmó su extradición el 1 de julio de 2025.
- Bullrich celebró su detención en 2024 como ministra de Seguridad y lo llamó «terrorista».
- Bullrich niega haber integrado Montoneros; biografías y testimonios le atribuyen roles secundarios en operativos de los setenta.
- En 2023 Milei la acusó a Bullrich de poner bombas en jardines de infantes, pero ella retiró sus denuncias por calumnias e injurias para integrar el gobierno de LLA.
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