Por Tania Valentina

Como un rayo en cielo despejado cayó en México la noticia de que el gobierno de EEUU solicitó, el 20 de julio, la instalación de una mesa de negociaciones para atender sus reclamos en torno a decisiones “irregulares” sobre la legislación eléctrica nacional, así como porque el gobierno mexicano está otorgando “privilegios” a Pemex y a la CFE en detrimento de empresarios de aquel país.

La información desplegada en los diarios mexicanos daba la imagen de que entre ambos países existe una atmósfera de confrontación, casi con preparativos de guerra. Atmósfera irreal, lejana de la realidad, pero que en ese momento dio la impresión de inminente colapso de las relaciones bilaterales.

En principio el presidente AMLO llamó a la serenidad y remarcó que hay indicios de que empresarios mexicanos, perjudicados por la aplicación de la mencionada ley, habían acudido a Washington a pedir protección. En redes han circulado al respecto los nombres de Felipe Calderón, expresidente de México, empleado de Iberdrola; Ildefonso Guajardo, actual diputado del PRI, partidario de la entrega del país al extranjero, entre otros.

Más adelante, en varias entrevistas, la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, situó el tema en su perspectiva real y fue calmando los exaltados ánimos. Lo que dijo se puede resumir así:

1.- Las consultas dentro del T-MEC son un mecanismo normal establecido en el tratado con el objeto de debatir entre las partes las posibles diferencias. Tatiana Clouthier usó la expresión “lo que les duele a las partes”.

2.- Esta es la cuarta vez que se usa ese mecanismo para resolver diferencias entre países: la primera ocurrió cuando EEUU pidió a Canadá aclaración sobre algunas reglas del comercio internacional de productos lácteos. En la segunda ocasión, Canadá pidió a EEUU aclarar lo referente a la instalación de páneles solares. La tercera ocasión se presentó cuando México solicitó a EEUU aclaraciones sobre las reglas de origen en la industria automovilística. Por cierto, esta controversia no se ha resuelto. Y en esta cuarta ocasión se presentó el reclamo de EEUU sobre interpretación y aplicación de la Ley Eléctrica.

3.- La presente consulta tendrá un plazo de 75 días naturales para su desahogo, y cuando las mesas de consulta se instalen, los temas que se discutan serán secretos, o sea que no serán dados a conocer al público hasta su desenlace. Se ha previsto que los resultados serán conocidos oficialmente en los primeros días de octubre.

En caso de que el acuerdo se produjera antes de esa fecha, se dará a conocer de inmediato. Pero si llegado el término de 75 días las partes han procesado solo una parte de los reclamos, pero les falta tiempo para resolverlos en su totalidad, ese término se puede prorrogar.

Si no se llegara a ningún acuerdo, la parte interesada, EEUU, podría optar por llevarlo a los tribunales internacionales para que se procediera a establecer sanciones contra la parte “infractora”, en ese caso México. Generalmente la sanción correspondiente sería el alza de aranceles en asuntos conexos, es decir, en la industria eléctrica.

En este contexto, AMLO informó en una de sus conferencias que consultó el tema con Jesús Seade, actual embajador mexicano en China, quien fuera asesor de México en las negociaciones para firmar el T-MEC; éste le respondió que no existe ningún problema, y ese tema ya fue resuelto durante aquellas negociaciones.

En especial, quedó establecido claramente en el capítulo 8, Artículo 8.1 incisos a) y b) del T-MEC el reconocimiento específico de EEUU y Canadá de que el petróleo mexicano es patrimonio de nuestra Nación, y no admite ninguna negociación al respecto. Lo mismo la energía eléctrica, producida en su mayoría por gas.

Con relación al asunto de los “privilegios” que el gobierno otorga a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en detrimento de empresas privadas de EEUU, aclaró que el gobierno siempre ha actuado conforme a la ley, y quienes realmente la violaban eran los empresarios privados a través de mecanismos fraudulentos en la comercialización de energía eléctrica. Asimismo, México no está obligado legalmente a otorgar contratos a empresas privadas de ningún país.

También se dio a conocer que México ha salido avante de diversas observaciones en temas laborales, tomando en cuenta la disparidad en las condiciones de trabajo y los salarios que se pagan a los obreros automotrices en ambos países. Se ha establecido un mecanismo de “respuesta rápida” a cargo de la secretaría del Trabajo, que ha atendido los temas con rapidez y eficacia. Asimismo, México ha modificado la Ley Federal del Trabajo, aplica la nueva legislación y ha establecido nuevos mecanismos democráticos para realizar elecciones dentro en los diferentes sindicatos, así como para la firma de contratos colectivos de trabajo.

La pregunta que se han formulado acerca del tema en algunos sectores políticos del país es: ¿por qué, en estos momentos, cuando el panorama era apacible, la administración de Biden lanza esta ofensiva contra el gobierno mexicano?

La respuesta es clara: la fuerza de los extremistas de la derecha racista en EEUU ha venido creciendo, y el 5 de noviembre de este año tendrán lugar elecciones legislativas en EEUU. La maniobra usada por el gobierno de Biden fue diseñada para aminorar el impacto de los argumentos y desvirtuar los alegatos de los racistas, para quienes la buena relación con México es profundamente rechazable.

Respecto a los impugnadores mexicanos, AMLO se mostró sorprendido de la gran cantidad de traidores en este país. Es increíble, dijo, el gusto que les da cuando un gobierno extranjero trata de castigar a México, y por lo mismo que le vaya mal a nuestro país.

Finalmente, algunos observadores han subrayado que la relación bilateral de ambos países transcurrió normalmente durante la reciente visita de AMLO a Washington, y se situó dentro de los parámetros del decoro público y la alegre cooperación de los empresarios de EEUU, quienes se comprometieron a invertir cerca de 40 mil millones de dólares (800 mil millones de pesos) de hoy hasta el fin del presente sexenio. Y uno de los rubros principales de esa inversión será precisamente el sector eléctrico.