Gremiales
General Motors cierra plantas en Colombia y el dolarizado Ecuador
En Colombia, el sindicato denuncia que unos 600 trabajadores se quedarán sin empleo. En Ecuador, en 2022, Marcus Oliveira, entonces director comercial de GM, aseguró que la empresa tenía unos 450 empleados directos y alrededor 6.750 indirectos. El daño es brutal.
El fabricante de automóviles estadounidense General Motors (GM) anunció este viernes que cerrará sus plantas de ensamblaje en Ecuador y Colombia, donde el sindicato de trabajadores denuncia cientos de despidos.
Las operaciones de manufactura en la planta de Colmotores en Colombia cesarán con un proceso de desmontaje que comienza hoy (viernes), con un equipo reducido; mientras que en la planta de OBB en Ecuador, la actividad de manufactura cesará hacia finales de agosto de 2024, aseguró la compañía en comunicados emitidos en ambos países.
General Motors agregó que la decisión conducirá a la “transformación del modelo de negocio hacia empresas nacionales de comercialización”.
En Colombia, el sindicato denuncia que unos 600 trabajadores se quedarán sin empleo, por lo que interpondrán una queja ante el Ministerio de Trabajo.
“Nos están informando del cierre de General Motors Colmotores. (…) Hay unas propuestas de retiro para la gente que acepte” pero el sindicato pide a los trabajadores “que no firmen absolutamente nada”, dijo a la AFP Jhon Ríos, dirigente sindical.
“Hoy amanecimos con la planta” en Bogotá “totalmente cerrada, bloqueada, las operaciones no van más”, agregó.
General Motors había asumido el control de Colmotores en 1979. El fabricante anticipó que seguirá teniendo presencia en Colombia con su marca Chevrolet.
Según la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) las ventas de Chevrolet cayeron un 27% entre enero y marzo de 2024 comparado con el mismo periodo del año pasado.
En Ecuador, en 2022, Marcus Oliveira, entonces director comercial de GM, aseguró que la empresa tenía unos 450 empleados directos y alrededor 6.750 indirectos.
Ese año General Motors comercializó en ese país cerca de 136.000 autos ensamblados en la planta de Quito, inaugurada en 1975, según dijo Oliveira a Forbes.
El fabricante no especifica el número de trabajadores afectados por las medidas.
“La compañía comprende el impacto que esta decisión tendrá en los empleados afectados, por lo que los apoyará durante su transición”, concluye el comunicado.
Gremiales
El Consejo del Salario fracasó: la CGT pidió $911.000, empresarios ofrecieron $400.000 y decide el Gobierno
La CGT reclamó un piso de $911.000 y los empresarios ofrecieron apenas $400.000, frente a un SMVM actual de $376.600. Ante el fracaso de la negociación, la Secretaría de Trabajo tomará la decisión unilateralmente. El secretario de ATE, Rodolfo Aguiar, denunció que el organismo es «una puesta en escena» y que el salario mínimo quedó en niveles de indigencia.
El Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil sesionó este viernes sin llegar a un acuerdo para fijar el nuevo monto del salario mínimo, y la definición quedará en manos del Gobierno nacional, que lo establecerá por resolución propia. La brecha entre las posiciones de trabajadores y empleadores resultó tan pronunciada que no hubo margen para ningún punto de encuentro: los gremios nucleados en la CGT y las dos CTA reclamaron un piso de $911.000, mientras que los representantes empresariales ofrecieron $400.000, poco más del doble del valor vigente.
El Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) se encuentra actualmente en $376.600, cifra que resulta del cronograma de ajustes fijado en la reunión del organismo de noviembre de 2025. Ese valor funciona como referencia no solo para determinar una remuneración básica, sino también para el cálculo de una serie de programas sociales, prestaciones y subsidios, lo que convierte a la discusión en un asunto que excede el ámbito estrictamente salarial.
La intención del Gobierno: salarios de bolsillo cerca de $800.000
Detrás de la reunión virtual de este viernes flotaba una señal que la Secretaría de Trabajo hizo trascender en las horas previas: el Gobierno nacional busca que los salarios mínimos de bolsillo se acerquen a los $800.000, lo que equivaldría a un bruto de aproximadamente $1.100.000. Ese objetivo, sin embargo, no formó parte de la agenda formal del encuentro y quedó como un telón de fondo no discutido durante la jornada.
El encuentro se realizó de manera virtual, a través de Zoom, pese al reclamo expreso de la CGT de la semana pasada para retornar a la presencialidad. El Gobierno rechazó ese pedido, sosteniendo el formato remoto que viene utilizando en el último período. La decisión fue leída por los sectores sindicales como una señal más de la desjerarquización del espacio de negociación.
Por el sector empleador participaron Juan José Etala, José Luis Zapata y Horacio Martínez, en representación de la Unión Industrial Argentina (UIA), junto a Ricardo Diab y Juan Massi, de la Cámara Argentina de Comercio (CAC). Por los trabajadores, estuvieron Jorge Solá, Cristian Jerónimo, Octavio Argüello y Luna Villar por la CGT, y Claudio Mani, Hugo Yasky, Hugo Godoy y Ricardo Peidro por las dos CTA. Todos los sectores contaron con sus asesores técnicos durante la sesión.
Aguiar: «El Consejo del Salario es inservible»
La voz más dura tras el cierre de la sesión fue la del secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, quien no escatimó adjetivos para describir el estado del organismo. Según el dirigente, los representantes empresariales propusieron un aumento de apenas 1,8% para septiembre y 1,7% mensual de ahí hasta abril, una suba que calificó de burla frente al costo de vida.
«Este Gobierno terminó convirtiendo al salario mínimo en un subsidio», sostuvo Aguiar en un comunicado. El dirigente estatal apuntó directamente contra la naturaleza del espacio: «El Consejo del Salario debiera ser la paritaria de los que no tienen paritarias. Joden y dejan desprotegidos al 40% de los trabajadores. El SMVM sigue siendo de indigencia. No es vital porque no alcanza para vivir, tampoco es móvil porque se ubica por debajo de la inflación.»
Aguiar fue aún más contundente al referirse al funcionamiento estructural del organismo: «El Consejo del Salario es inservible, es una puesta en escena. Hace más de dos años que no hay acuerdos y se termina resolviendo por una resolución del Gobierno. Ha sido copado por los grandes empresarios y se reúne solo para convalidar lo que ellos resolvieron previamente con el Gobierno», afirmó. Y cerró con una advertencia: «Si seguimos así, el Consejo va a existir pero los salarios van a desaparecer.»
Un organismo sin acuerdos hace más de dos años
La situación de este viernes no es una anomalía coyuntural sino la regla que se consolidó durante la gestión de Javier Milei. El Consejo del Salario no logra un acuerdo genuino entre partes hace más de dos años, y en cada oportunidad la brecha entre las posiciones sindicales y empresariales deriva en una definición unilateral del Ejecutivo. Ese patrón repetido convierte al organismo, creado para garantizar que el piso salarial se fije mediante el diálogo tripartito, en un trámite formal sin incidencia real sobre el resultado.
El SMVM vigente de $376.600 se obtiene tras una serie de actualizaciones que, en términos reales, no han logrado recuperar el poder adquisitivo perdido desde el inicio del programa de ajuste. La diferencia entre los $911.000 que reclamaron los sindicatos, los $400.000 que ofrecieron los empresarios y los $376.600 actuales resume con precisión la disputa: quién absorbe el costo de la estabilización y en qué medida los trabajadores de menores ingresos son forzados a financiarla con su capacidad de consumo.
Puntos clave
- El SMVM vigente es de $376.600, fijado por el cronograma acordado en noviembre de 2025.
- La CGT reclamó $911.000 y los empleadores ofrecieron $400.000, sin punto de encuentro posible.
- El Gobierno definirá el nuevo monto por resolución propia, reiterando el patrón de los últimos dos años.
- Rodolfo Aguiar (ATE) calificó al organismo de «inservible» y denunció que los empresarios propusieron aumentos de apenas 1,8% mensual.
- La Secretaría de Trabajo hizo trascender que el Gobierno busca salarios de bolsillo cercanos a $800.000, equivalentes a un bruto de $1.100.000.
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