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Cambia, todo cambia

Brasil se suma al nuevo orden global mientras Argentina titubea detrás de la extorsión crediticia del Fondo Monetario Internacional.

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El-Argentino-Jorge-Elbaum

Por Jorge Elbaum

La generala Laura Richardson, jefa del Comando Sur, la división militar de Estados Unidos que pretende controlar a los países de América Latina y el Caribe ubicados al sur de México, visitó nuevamente la Argentina.

Vestida con su uniforme militar, se reunió con el ministro de Defensa Jorge Taiana, para verbalizar su preocupación por los vínculos que mantiene nuestro país con China y al mismo tiempo cuestionar la posición que mantiene el Gobierno en relación al conflicto en Ucrania.

La visita de Richardson coincidió con la presencia de la número dos del Departamento de Estado, Wendy Sherman y del titular de la Comisión Reguladora Nuclear del mismo país, Christopher Hanson. Los tres altos funcionarios arribaron con el objetivo explícito de controlar y/o limitar los lazos del Gobierno argentino con la República Popular China, con la que mantiene importantes acuerdos de cooperación en materia de infraestructura energética.

Entre los objetivos planteados por los enviados estadounidenses figura el de obstaculizar la concreción y puesta en funcionamiento de la Central Nuclear Atucha III, dotada de un reactor de tecnología china.

Durante el mismo lapso en que Richardson desfilaba por las oficinas locales, el matutino Clarín intentaba comprometer a Cristina Fernández de Kirchner al consignar que la militar iba a ser recibida en una reunión protocolar por la Vicepresidenta. La propia dirigente del peronismo desautorizó la propaganda de la corporación mediática al afirmar que dicha información era totalmente falsa.

La semana pasada el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, mantuvo una reunión con el mandatario chino Xi Jinping en Beijing y participó de la asunción de la nueva titular del Nuevo Banco de Desarrollo (NDB), Dilma Rousseff, quien dirigirá los destinos del órgano financiero y crediticio. El BND es una institución conformada por los socios del BRICS, la asociación de países que conforman Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Este colectivo concentra casi el 40 por ciento de la población mundial y produce más de un tercio del total de las materias primas alimenticias.

En la última Cumbre de los BRICS, celebrada en julio de 2022, se debatió el posible ingreso de Argentina y la República Islámica de Irán y en los últimos meses se especuló con la incorporación de Túnez, Arabia Saudita, Turquía, Argelia, Indonesia, México, Nigeria, Siria, Pakistán, Venezuela, Egipto, Bangladesh y Emiratos Árabes Unidos.

En su estancia en China, Lula cuestionó el monopolio del dólar y al día siguiente, su ministro de Hacienda, Fernando Haddad, adelantó que se estudia la ejecución de intercambios comerciales entre los integrantes del BRICS con monedas propias, ajenas al billete estadounidense.

La visita de Lula a Pekín fue criticada, como era de esperar, por medios oficiosos del Departamento de Estado. Sin embargo, el mandatario brasileño respondió de forma taxativa: “Nadie prohibirá a Brasil mejorar su relación con China”. Además cuestionó al Fondo Monetario Internacional (FMI) y otras instituciones financieras tradicionales, por imponer sus reglas a los países en vías de desarrollo. «No le corresponde a un banco asfixiar la economía de una nación como lo está haciendo ahora el FMI con Argentina, como lo hizo con Brasil durante tanto tiempo, y como lo hizo con los países del tercer mundo”, denunció el ex dirigente metalúrgico paulista.

Esa realidad tiene en América Latina y el Caribe otros costos adicionales: el injerencismo de Washington utiliza el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional y de otros organismos internacionales para limitar la soberanía de la región. En términos explícitos, Estados Unidos maneja esos organismos “dolarizados” con fines extorsivos para vulnerar la soberanía e impedir el desarrollo autónomo de lo que siguen considerando como su Patio Trasero.

El mundo está cambiando de forma acelerada. Pero desde Washington intentan impedirlo.

Buenos Aires

Un fondo (buitre) alemán demandó a la Provincia de Buenos Aires en Nueva York por el canje de deuda de 2021

La firma Daniels Invest GmbH presentó una demanda ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York reclamando el pago de bonos que quedaron fuera de la reestructuración impulsada por el actual gobernador y el ministro Pablo López. El dato que el macrismo prefiere ocultar: esos bonos los tomó María Eugenia Vidal, y Kicillof, además de heredar “tierra arrasada”, se encontró con una bomba de tiempo.

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El Argentino Diario-Axel Kicillof.
La deuda del macrismo vuelve a golpear: un fondo (buitre) alemán demanda a Buenos Aires en Nueva York por bonos de María Eugenia Vidal.

Un nuevo frente judicial se abrió contra la provincia de Buenos Aires en los tribunales de los Estados Unidos. La firma de inversión alemana Daniels Invest GmbH presentó una demanda ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York por bonos que quedaron fuera del canje de deuda que la administración de Axel Kicillof concretó en 2021 bajo jurisdicción extranjera. La acción judicial, que reclama títulos por un valor nominal original de €15,1 millones en bonos en euros y USD 2,6 millones en bonos en dólares, reintroduce el fantasma de los litigios de holdouts. Pero hay un dato que el relato macrista omite sistemáticamente: esos bonos no los tomó Kicillof, los tomó Cambiemos.

La herencia de Vidal: USD 5.000 millones de deuda en dólares

Los títulos que hoy litiga el fondo alemán en Nueva York fueron emitidos durante la gestión de María Eugenia Vidal entre 2016 y 2019, cuando la provincia de Buenos Aires salió al mercado internacional de capitales por más de USD 5.000 millones, endeudándose en moneda extranjera de manera exponencial e irresponsable para una jurisdicción que recauda en pesos. La administración Cambiemos multiplicó por 5,3 el nivel de deuda pública bonaerense en apenas cuatro años de gestión, según datos del Observatorio de Políticas Públicas de la UNDAV. El stock de deuda en moneda extranjera creció un 69%, mientras que las emisiones de bonos en dólares protegidos por tribunales extranjeros aumentaron un 91%.

El impacto sobre las finanzas provinciales fue devastador: el peso de los servicios de deuda sobre los recursos netos de coparticipación se duplicó, pasando del 10% en 2016 al 20% en 2019. El cupón promedio de los bonos en dólares llegó al 8,3%, una tasa insostenible para una provincia cuya ecuación fiscal está atada a la moneda local. Para 2020, cuando Kicillof asumió, el perfil de vencimientos acumulaba compromisos por más de USD 5.600 millones entre 2020 y 2023, a razón de USD 1.400 millones anuales; el 76% de esos vencimientos correspondía a deuda emitida bajo la gestión de Cambiemos. Ese fue el legado concreto que dejó Vidal: una provincia hipotecada en dólares, atada a la justicia de Nueva York, con servicios de deuda que se comían uno de cada cinco pesos de recursos disponibles.

El mismo patrón se reprodujo a nivel nacional. La gestión de Mauricio Macri tomó deuda externa a una velocidad sin precedentes en la historia argentina reciente, culminando con el préstamo del Fondo Monetario Internacional más grande de la historia del organismo, por USD 57.000 millones, firmado en 2018 sin respaldo legislativo suficiente y con fondos que se fugaron del país en tiempo récord. La lógica fue idéntica en la Nación y en la provincia: endeudarse en moneda extranjera, transferir el riesgo cambiario al sector público y dejar la bomba activada para la gestión siguiente.

Lo que hizo Kicillof: ordenar el desastre heredado

Frente a esa herencia, la administración de Kicillof encaró en 2020 y 2021 un proceso de reestructuración de la deuda en moneda extranjera. El resultado fue contundente: la provincia alcanzó una adhesión que permitió canjear el 98% de la deuda alcanzada por la propuesta, equivalente a una deuda elegible de más de USD 7.178 millones más intereses. La operación triplicó los plazos de repago, redujo el costo promedio de la deuda y generó un alivio financiero superior a USD 4.600 millones entre 2021 y 2027, según comunicó la propia Provincia. El ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, lo definió como el inicio de «un sendero de sostenibilidad y responsabilidad en términos de deuda pública».

En septiembre de 2025, la gestión bonaerense fue incluso más lejos: cerró acuerdos con los bonistas de Nueva York y Alemania que tenían sentencias firmes por los títulos que no habían ingresado al canje de 2021, resolviendo todos los litigios vigentes en condiciones equivalentes a las de la reestructuración original. Fue, en los hechos, el cierre de la última deuda judicial abierta por la gestión Vidal. El nuevo litigio de Daniels Invest, presentado este mes, reabriría un capítulo que el gobierno bonaerense creía cerrado.

El 2% que no entró: un precedente peligroso

Daniels Invest GmbH rechazó voluntariamente la propuesta de canje de 2021 y ahora exige el cobro de 2,5 millones de euros y 866.000 dólares de capital pendiente. El especialista en deuda soberana Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors, describió la maniobra como «el típico proceso litigioso en Estados Unidos contra un subsoberano que tiene una deuda reestructurada que ya cerró y se quedaron algunos holdouts afuera». Según Maril, los holdouts alemanes buscan «copiar la iniciativa que tomaron los primeros» fondos que litigaron y recuperaron cerca de USD 150 millones a comienzos de 2026, «y como hay precedente en la Corte, ellos también quieren cobrar».

El caso funciona además como un test para otros acreedores que tampoco ingresaron al canje y siguen de cerca el expediente, atentos a que la Provincia opte por cerrar el litigio mediante un pago directo. Maril estimó que el proceso será lento, similar al de los litigios previos, pero la incertidumbre sobre la estrategia de defensa provincial y la decisión del juez mantiene el caso abierto.

La Provincia, entre la deuda heredada y el ajuste de la Nación

El nuevo litigio llega en un momento de extrema presión financiera para el gobierno bonaerense, que afronta simultáneamente las secuelas del endeudamiento de Cambiemos y el ahogo que impone la administración de Javier Milei. Según el ministro de Gobierno provincial Carlos Bianco, el Estado nacional acumula una deuda con la provincia que supera los $16,7 billones, producto de transferencias incumplidas, obras paralizadas y programas desfinanciados. La Legislatura provincial declaró la emergencia económica hasta el 31 de diciembre de 2026, atribuyendo la situación a «la profunda recesión y el incumplimiento, default y/o detracción por parte del Estado nacional» de los fondos que le corresponden al distrito.

El cuadro completo es elocuente: la provincia de Buenos Aires paga hoy las consecuencias del endeudamiento irresponsable en dólares que protagonizó Cambiemos entre 2016 y 2019, mientras el gobierno libertario de Milei, heredero político y filosófico de ese mismo ciclo, le retacea recursos, le congela obras y le achica la coparticipación. Los bonistas que litigan en Nueva York son el último eslabón de una cadena de daños que arrancó con Vidal.

Puntos clave

  • Los bonos que reclama Daniels Invest GmbH fueron emitidos durante la gestión de María Eugenia Vidal entre 2016 y 2019, cuando Cambiemos multiplicó por 5,3 la deuda pública bonaerense.
  • Kicillof reestructuró en 2021 la deuda heredada, logrando la adhesión del 98% de los acreedores y un alivio financiero superior a USD 4.600 millones.
  • El fondo alemán rechazó voluntariamente el canje y ahora litiga en Nueva York por 2,5 millones de euros y 866.000 dólares de capital pendiente.
  • El caso sigue el precedente de holdouts que recuperaron USD 150 millones a comienzos de 2026 y funciona como test para otros acreedores que evalúan copiar la estrategia.
  • La provincia afronta el litigio en un contexto de emergencia económica agravada por el recorte sistemático de transferencias nacionales bajo la gestión Milei.

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