A cinco semanas de las elecciones de medio término, la Corte Suprema de Estados Unidos le entregó a Donald Trump una herramienta clave para su cruzada contra el supuesto voto de extranjeros. El tribunal habilitó el uso de una base de datos federal que ya señaló como sospechosos a ciudadanos con derecho a votar y que un juzgado había declarado ilegal por violar la privacidad de millones de personas.

La decisión se conoció el viernes 25 de septiembre, en una orden sin firma adoptada por seis votos contra tres en la causa que enfrenta al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) con la Liga de Mujeres Votantes. La mayoría suspendió el fallo de primera instancia que bloqueaba la versión ampliada del sistema de Verificación Sistemática de Extranjeros para Beneficios, conocido como SAVE. Las tres juezas progresistas del tribunal, Ketanji Brown Jackson, Sonia Sotomayor y Elena Kagan, votaron en disidencia.

Qué es SAVE y cómo lo transformó Trump

SAVE es administrado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración y fue concebido para verificar el estatus migratorio de personas que solicitan beneficios públicos. El gobierno de Trump lo reformuló: incorporó información de la Administración de la Seguridad Social, incluidos los números de seguro social, y permitió que los estados cargaran sus listas de votantes completas para revisarlas en forma masiva y sin costo.

Según la cadena pública NPR, el fallo también despeja el camino para que la administración retome un proyecto sin precedentes: la confección de listas de ciudadanos adultos en cada estado. Las organizaciones demandantes advirtieron que el Congreso nunca autorizó al gobierno federal a construir una base maestra con datos de toda la ciudadanía. El DHS, además, intentó condicionar fondos antiterroristas destinados a los estados a que aceptaran usar SAVE para auditar sus padrones.

El fallo que la Corte dejó en suspenso

La demanda fue presentada en septiembre de 2025 por la Liga de Mujeres Votantes y el Centro de Información sobre Privacidad Electrónica (EPIC). El 22 de junio de 2026, la jueza federal Sparkle Sooknanan, del Distrito de Columbia, bloqueó el sistema modificado al concluir que la acumulación y divulgación de datos sensibles violaba la Ley de Seguridad Social, la Ley de Privacidad y la Ley de Procedimiento Administrativo. Una cámara de apelaciones se negó por dos votos a uno a suspender esa decisión, y el procurador general John Sauer acudió entonces a la Corte Suprema.

La mayoría sostuvo que el gobierno federal «tiene la obligación de responder a las solicitudes de los funcionarios electorales estatales y locales que buscan verificar la ciudadanía de los votantes» y que la orden de primera instancia le impedía usar «el programa que considera más adecuado para esa tarea». Los jueces se apoyaron en una ley migratoria de 1996 que, a su criterio, autoriza al DHS a compartir información de ciudadanía con los estados, y anticiparon que probablemente revocarán el fallo de Sooknanan cuando resuelvan el fondo.

La disidencia: los daños que la mayoría no quiso ver

En su voto, Jackson acusó a la mayoría de concentrarse «solo en los daños que el Gobierno supuestamente sufrirá» sin la suspensión, «sin considerar los daños que el sistema SAVE modificado causó, y probablemente seguirá causando, a votantes legales». Entre esos perjuicios mencionó que ciudadanos recientemente naturalizados deban acreditar su ciudadanía antes de votar o que directamente se les cancele la inscripción.

La jueza también sostuvo que la inclusión de los números de seguro social viola las normas de confidencialidad y que «nada autoriza el sistema SAVE modificado» ni deja sin efecto las disposiciones de la Ley de Seguridad Social y de la Ley de Privacidad. El problema no es teórico: los inmigrantes que obtuvieron la ciudadanía pueden figurar todavía como extranjeros en los registros federales, porque esos datos no siempre se actualizan.

Texas ofrece un antecedente concreto. Cuando el estado pasó por SAVE su padrón completo de 18 millones de votantes, el sistema marcó a 2.724 personas como posibles extranjeras. Los condados les dieron 30 días para demostrar su ciudadanía y, según la ley estatal, dieron de baja a quienes no respondieron a tiempo. Funcionarios texanos confirmaron luego que algunos de los votantes señalados ya habían presentado prueba de ciudadanía.

Un problema convertido en bandera política

Trump insiste en que el voto de extranjeros es una amenaza para la limpieza de las elecciones, aunque las auditorías de los padrones muestran que se trata de un fenómeno raro. La Corte le dio así un respaldo institucional a una narrativa que no se sostiene en los datos, con el riesgo de que el costo lo paguen ciudadanos con pleno derecho a votar.

El impacto inmediato sobre las elecciones de noviembre podría ser acotado. La ley federal de registro electoral prohíbe a los estados realizar depuraciones sistemáticas de sus padrones dentro de los 90 días previos a una elección federal, aunque la Corte aclaró que SAVE sí puede usarse para consultas individuales. Según el sitio especializado Ballotpedia, 28 estados se registraron ante el gobierno federal para usar SAVE en el mantenimiento de sus listas, mientras que los estados gobernados por demócratas se resistieron a hacerlo.

El senador republicano Mike Lee, impulsor de un proyecto que exige documentación de ciudadanía para empadronarse, celebró la decisión como una «excelente noticia para la seguridad electoral». La Liga de Mujeres Votantes, en cambio, aseguró que el litigio continúa y que hará todo lo posible para proteger el derecho al voto y la privacidad de la ciudadanía.

Lo que tenés que saber:

• La Corte Suprema de Estados Unidos habilitó por seis votos contra tres el uso del sistema SAVE ampliado para verificar la ciudadanía de los votantes.
• La jueza Sparkle Sooknanan había bloqueado el sistema en junio por violar leyes federales de privacidad y de seguridad social.
• La jueza Ketanji Brown Jackson, junto a Sotomayor y Kagan, advirtió sobre el riesgo de que ciudadanos naturalizados pierdan su inscripción.
• En Texas, SAVE marcó a 2.724 votantes como posibles extranjeros, y algunos ya habían acreditado su ciudadanía.
• La ley federal prohíbe depuraciones masivas de padrones en los 90 días previos a las elecciones de noviembre.