Las protestas contra el nuevo gobierno y el Congreso de Perú se multiplicaron hoy en el interior del país, donde rutas y aeropuertos fueron bloqueados, volvieron a chocar manifestantes y policías, un joven murió baleado y organizaciones sociales de una región llamaron a una huelga por tiempo indefinido a partir de mañana, informó la prensa local.

Las manifestaciones se produjeron en varias ciudades del norte y el sur andino, por cuarto día consecutivo, en demanda de la liberación del expresidente Pedro Castillo, destituido el miércoles por el Congreso y desde entonces detenido en una unidad de la Policía Nacional, en Lima.

Miles de personas se movilizaron por calles de Cajamarca, Arequipa, Tacna, Andahuaylas, Huancayo, Cusco y Puno, entre otras regiones, según imágenes difundidas por televisoras locales, reportó la agencia de noticias AFP.

La situación era especialmente complicada en el departamento Apurímac -del que es oriunda la flamante presidenta de la república, Dina Boluarte-, en cuya ciudad Huancabamba murió hoy un joven comunero al recibir una bala perdida en medio de choques entre manifestantes y policías, según el diario limeño La República.

En la misma región pero en Andahuaylas, donde las protestas dejaron ayer 16 civiles y cuatro policías heridos, se reanudaron los enfrentamientos entre manifestantes y uniformados. Los primeros atacaban con hondas y piedras, y las fuerzas del orden repelían con gases lacrimógenos.

En esa ciudad, situada a 760 kilómetros de Lima, permanecía cerrado el aeropuerto debido a diversos daños causados desde ayer por manifestantes, quienes aún mantenían como rehenes a un número no precisado de trabajadores y policías, informó la empresa operadora Corpac en un comunicado.

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que envió ayer desde Lima un contingente de 150 efectivos con el objeto de restablecer el orden en Andahuaylas y la Defensoría del Pueblo reportó la liberación de dos policías que estaban desde ayer como rehenes de los manifestantes.

Asimismo, un grupo de organizaciones sociales de Apurímac se declaró en “insurgencia popular” y llamó a un paro por tiempo indefinido a partir de mañana en esa región, según el diario La República y la radio RPP.

En ese contexto, el gobierno regional declaró esta tarde en alerta amarilla al sector de salud, para garantizar la atención permanente, y suspendió «hasta nuevo aviso» las clases y demás actividades educativas, a fin de proteger la vida y la salud de los estudiantes, según la agencia Andina.

También quedó suspendida la atención al público en todas las oficinas institucionales, cuyo personal deberá trabajar de manera remota, excepto en los casos del sector de salud y de las oficinas encargadas de ejecutar el presupuesto y liquidar haberes.

Asimismo, el gobernador, Baltazar Lantarón, convocó a dirigentes y representantes de los diversos sectores sociales a una mesa de diálogo «a la brevedad posible».

Paralelamente, dos de las mayores empresas de viajes interurbanos en ómnibus anunciaron la suspensión de sus rutas desde Lima y Arequipa -la segunda ciudad del país, a unos 1.010 kilómetros al sudeste de la capital- hacia el sur de país, incluido el centro turístico de Cusco, debido a los abundantes bloqueos de vías.

Por otra parte, los autoridades regionales pidieron dialogar con Boluarte a fin de «mantener inversiones, proyectos, para distintos sectores como salud, educación, agricultura, transportes y otros», afirmó el gobernador de Cusco y presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales (ANGR), Jean Paul Benavente.

«Que se convoque a un diálogo nacional; creemos que la instancia más propicia es el Acuerdo Nacional, donde están diversas instituciones, trabajadores, sector privado, entre otros», dijo Benavente.

El Acuerdo Nacional es un espacio de diálogo y compromiso de políticas de Estado, conformado por los gobiernos nacional, regionales y locales, así como por partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil.

Mientras tanto, el Congreso unicameral sesionaba esta tarde para examinar la marcha de las “diligencias preliminares” de la investigación fiscal sobre Castillo y quienes hasta el miércoles fueran su jefa de gabinete, Betssy Chávez, y su ministro del Interior, Willy Huerta.

El Ministerio Público los indaga por los posibles delitos de rebelión y conspiración en relación con el mensaje de Castillo en el que anunció el cierre del parlamento y el establecimiento de un gobierno excepcional con suspensión de garantías constitucionales y toque de queda.

Por esa decisión, que fue considerada como un “golpe de estado” y para la que Castillo no tuvo apoyo ni de su partido ni de su gabinete ni de las fuerzas armadas y de seguridad, el Congreso destituyó inmediatamente al hasta entonces mandatario y tomó juramento a su sucesora natural, la hasta allí vicepresidenta Boluarte.

Castillo, un maestro rural de 53 años que llegó al gobierno en julio de 2021, fue detenido por su propia escolta mientras se dirigía a la embajada de México a solicitar asilo y fue puesto el jueves en prisión preventiva por siete días.

De ser hallado culpable de rebelión, enfrentaría entre 10 y 20 años de prisión.

En Lima, cientos de partidarios de Castillo marcharon ayer por el centro histórico de la ciudad hacia el Congreso convocados por agrupaciones de izquierda en una manifestación que congregó menos gente que en días previos.

La continuidad de las protestas en gran parte del país provocó que la Policía anunciara la suspensión de vacaciones y permisos de su personal hasta “nueva orden”.