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¿Una o dos dosis? Los gobiernos del mundo analizan cómo llegar a más gente con la vacuna

Crece el debate sobre las diferentes estrategias para hacer frente a la falta de vacunas y a la enorme tarea de inmunizar a la humanidad. Entre las opciones que se barajan esta la de aplicar una sola dosis, o la mezcla de dosis, con extensión de los plazos entre la primera y segunda aplicación, para poder llegar a más personas en menos tiempo.

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Crece el debate sobre las diferentes estrategias para hacer frente a la falta de vacunas y a la enorme tarea de inmunizar a la humanidad. Entre las opciones que se barajan esta la de aplicar una sola dosis, o la mezcla de dosis, con extensión de los plazos entre la primera y segunda aplicación, para poder llegar a más personas en menos tiempo.

Brasil se sumó este lunes al debate que inició Reino Unido sobre la mezcla de vacunas y extensión de plazos entre dosis como estrategia para acelerar la vacunación masiva contra la Covid-19, y que ya discuten o implementan varios países del mundo ante la falta de dosis para ralentizar a la pandemia a nivel global.

En ese contexto, la jefa de científicos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que el planeta no va a «alcanzar ningún nivel de inmunidad de la población o inmunidad de rebaño en 2021». En tanto, el ministro de Salud brasileño, general Eduardo Pazuello, dejó entrever que existe una estrategia en su país para aumentar el número de vacunados al admitir la dificultad de adquirir en el mercado mundial las vacunas.

«Con dos dosis de la Oxford tendremos 90% de eficacia, pero con una vamos a tener 71%. Quizás ahora el foco no sea la inmunidad completa y sí la reducción de la contaminación, con lo cual la pandemia va a disminuir mucho», dijo el general Pazuello, de visita en Manaos, la capital del Estado de Amazonas, donde la logística de las unidades de terapia intensiva volvieron a colapsar.

Con más 8 millones de infectados y más 203.000 muertos totales, Brasil es el segundo país con más decesos a causa de la enfermedad, después de los Estados Unidos, razón por la cual el país abrió la posibilidad de mezclar diferentes inoculantes, o reducir las dosis recomendadas, o aumentar el plazo entre cada inyección.

Algo similar pasa en el Reino Unido, el país más afectado en Europa, con 81.567 muertos, que modificó su estrategia de vacunación contra el coronavirus ante el avance de la pandemia y el reciente descubrimiento de una nueva variante del virus, que disparó le número de contagios y hace temer un colapso sanitario.

Ante esta desesperante situación, el Gobierno británico cambió sus pautas de vacunación el pasado 30 de diciembre para que la segunda dosis de los inmunizantes de Pfizer/BioNTech y Oxford/AstraZeneca sea administrada hasta 12 semanas después de la primera, en lugar de los 21 días prescritos.

El médico mexicano, Jorge Abarca, consultor especialista en enfermedades infecciosas en el hospital de la ciudad británica de Bradford, apoyó la decisión de aplicar una sola dosis y criticó la politización que está dominando el tema.

Abarca sostuvo que la mejor estrategia es «vacuna que llega, vacuna que se administra» y advirtió que la politización de este tema hace que los recursos disponibles no sean canalizados de manera óptima.

El especialista, que se encuentra en la primera línea del combate sanitario de la pandemia en Reino Unido, aseguró que por ahora «la mejor estrategia es inmunizar a la mayor cantidad de gente posible». «Desde mi perspectiva, el hecho de politizar esta pandemia es uno de los grandes problemas que hemos tenido».

Imagen de la primera vacunada del Reino Unido.

Para Abarca, como para otros expertos, la decisión británica abrió una polémica que es más política que científica. Aunque reconoció que el Reino Unido «ahora es uno de los pioneros en vacunación, ya que tiene más de 1,2 millones de vacunados hasta el día de hoy, lo que está muy bien».

Estrategia que se impone

Pese a las dudas por las campañas de vacunación masivas, la aceleración de contagios impulsó que algunos países europeos a plantearse la misma estrategia. Tal es el caso de Bélgica y Alemania, que pidieron a sus expertos evaluar una aplicación de la segunda dosis hasta un máximo de 42 días, el límite fijado por la Agencia Europea del Medicamento (EMA), mientras que Dinamarca anunció que dejaría pasar dicho plazo entre ambas inyecciones.

La opinión de la OMS

Expertos de la OMS informaron que la vacuna de Pfizer/BioNTech puede ser retrasada varias semanas en «circunstancias excepcionales de contextos epidemiológicos y de problemas de suministros».

No obstante, precisaron que el intervalo nunca podía exceder las seis semanas y que la OMS continuaba recomendando la administración de ambas dosis «en un plazo de 21 a 28 días».

De hecho, el laboratorio BioNTech alertó que la eficacia máxima de su vacuna contra el coronavirus no está garantizada si se retrasa la administración de la segunda dosis.

Sin embargo, algunos científicos pidieron a los gobiernos que distribuyan dosis únicas de la vacuna contra el coronavirus, luego que una investigación preliminar de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) estadounidense sugiriera que la eficacia de una sola dosis de la vacuna de Moderna es de entre 80% y 90%, mientras que la de Pfizer/BioNTech es de 70%, en comparación con el 95% obtenido con dos inyecciones.

Los reguladores británicos también afirmaron, tras aprobar la vacuna de Oxford/AstraZeneca, que tenía una efectividad de cerca del 70% en las 12 semanas posteriores a la primera dosis.

«Los Gobiernos deberían distribuir tantas dosis únicas como sea posible lo antes posible. Podríamos salvar muchas vidas», aconsejó Chris Gill, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Boston a la radio local WBUR.

Según Bill, Moderna «no tuvo reparos en demostrar que una sola dosis era eficaz». De hecho, el Gobierno estadounidense pretende reducir a la mitad las dosis del inoculante de Moderna, que contempla dos inyecciones en un plazo de entre 21 y 28 días.

Elecciones

Un juez frenó los avisos de Trump pagados con 20 millones de dólares de los contribuyentes

The New York Times respondió preguntas de lectores sobre las elecciones del 3 de noviembre y expuso el uso de 20 millones de dólares públicos para avisos que glorifican a Trump, que un juez federal ordenó frenar, y el temor a la presencia de agentes del ICE en los centros de votación.

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A pocas semanas de las elecciones de medio término en EEUU, el Gobierno de Donald Trump usó al menos 20 millones de dólares de los contribuyentes para pagar avisos televisivos que glorifican al presidente, y un juez federal tuvo que ordenarle el domingo que cancelara los que quedaban al aire. Al mismo tiempo, la administración republicana alimenta con desinformación la sospecha de fraude electoral, mientras crece el temor a que agentes de inmigración se presenten en los centros de votación.

Ese clima quedó retratado en The Morning, el newsletter del diario estadounidense The New York Times, que esta semana dedicó su edición a responder preguntas de lectores sobre los comicios del 3 de noviembre. El editor del boletín, Adam B. Kushner, convocó a cinco periodistas del diario para contestar dudas sobre los avisos oficiales de Trump, la posible presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en las urnas, la exigencia de documento para votar y la impunidad de las campañas que mienten.

Propaganda con plata de todos

La ley federal estadounidense prohíbe usar fondos aprobados por el Congreso para fines de «publicidad o propaganda». Según explicó la corresponsal en la Casa Blanca Maggie Haberman, los abogados de la Casa Blanca avalaron los avisos, pero ni siquiera algunos aliados del presidente están convencidos de que sean legales.

Haberman marcó la diferencia: el dinero público puede financiar anuncios de servicio público sobre un programa o una política, pero estos spots exaltan la figura de Trump, incluso el que se refiere a la captura de Nicolás Maduro, que también termina en un elogio al presidente.

Los avisos comenzaron a emitirse a fines de septiembre, financiados con 20 millones de dólares del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Uno de ellos es directamente una copia de un spot de la campaña presidencial de Trump de 2024, al que solo le cambiaron el sello de la campaña por la leyenda de que lo pagó el Gobierno de Estados Unidos. Otro muestra al mandatario caminando en blanco y negro por un pasillo mientras habla de «la batalla final» contra «el Estado profundo» y «los globalistas».

La reacción fue amplia. Legisladores de ambos partidos cuestionaron el gasto, organizaciones de defensa del voto representadas por Democracy Forward y el Comité Nacional Demócrata presentaron demandas, y un juez federal ordenó el domingo cancelar los avisos restantes. Ante la presión, Trump anunció que desde ahora los pagará con fondos de su comité de acción política MAGA Inc., aunque defendió hasta el final que usar dinero público para promocionarse era «algo bastante estándar».

El fantasma del ICE en las urnas

Otra de las preguntas que recibió el diario fue si habrá agentes del ICE en los centros de votación. La periodista de investigación Alexandra Berzon, especializada en sistemas electorales, respondió que la ley es clara: los agentes federales armados no pueden ingresar a los lugares de votación. El Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia aseguraron que no tienen planes de enviar agentes armados a patrullarlos.

Sin embargo, Berzon advirtió que funcionarios electorales y defensores del derecho al voto temen que esa sola posibilidad aleje a votantes, y señaló que funcionarios del Gobierno difundieron desinformación sobre los padrones al asegurar que están inflados de no ciudadanos. Es la misma estrategia de siembra de sospechas que el trumpismo viene usando desde su derrota de 2020.

Documento para votar y mentiras sin castigo

El debate sobre la exigencia de documento de identidad para votar también ocupó espacio. Michael Gold, que cubre el Congreso, explicó los argumentos de sus críticos: algunas leyes solo aceptan licencias de conducir, pasaportes o identificaciones estatales que cuestan dinero y tiempo, y los votantes mayores, pobres y no blancos tienen menos probabilidades de contar con ellas. Muchos demócratas sostienen que un derecho constitucional no puede quedar condicionado por esas barreras, sobre todo cuando el fraude electoral es poco frecuente.

Sobre por qué las campañas pueden emitir avisos que mienten sobre sus rivales, Bayliss Wagner, periodista política del diario, recordó que la Primera Enmienda le da al discurso político la máxima protección. Los candidatos pueden ser demandados por difamación si difundieron afirmaciones falsas a sabiendas, pero el umbral para ganar esos juicios es muy alto y los tribunales son lentos. Además, no hace falta mentir abiertamente para distorsionar la verdad: alcanza con omitir contexto, difundir acusaciones sin pruebas o sacar conclusiones engañosas.

En cuanto a las encuestas, la editora de sondeos Ruth Igielnik contó que, tras probar mensajes de texto, correo y entrevistas online para la encuesta Times/Siena, el clásico llamado telefónico sigue dando los resultados más precisos.

Una democracia bajo presión

Las respuestas del diario neoyorquino dibujan un mapa inquietante: un presidente que usa el aparato estatal para hacer campaña, un Gobierno que instala sospechas infundadas sobre los padrones y votantes que temen ser intimidados en las urnas. El control del Senado se definirá en noviembre en un escenario donde las reglas de juego están siendo forzadas desde la propia Casa Blanca.

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