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Ante el crecimiento de Lula, Bolsonaro avanza sobre la justicia electoral
El ministro de Defensa brasileño -y general retirado- Paulo Sergio Nogueira de Oliveira, pidió ser parte de una comisión fiscalizadora de la justicia electoral. Lula denunció que podría haber fraude.
El ministro de Defensa brasileño, Paulo Sergio Nogueira de Oliveira, pidió ser parte de una comisión fiscalizadora de la justicia electoral, en un avance del Gobierno sobre el proceso eleccionario a cinco meses de que el presidente Jair Bolsonaro busque revalidar el cargo en unos comicios en los que es favorito a ganar su rival Luiz Inácio Lula da Silva y en los que ha dicho que podría haber fraude.
El ministro, un general retirado, envió un oficio al presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE) para ser incorporado a la Comisión de Transparencia de las Elecciones, creada el año pasado para fiscalizar y auditar el proceso electoral y la actuación del TSE, máxima autoridad en materia contenciosa electoral del país.
«Este pedido se debe al hecho de que el ministro es la autoridad que ejerce la conducción superior de las Fuerzas Armadas», dice la carta enviada al juez Edson Fachin.
Fachin, por su parte, dijo que el período de objeciones y recomendaciones ha finalizado y que hasta el miércoles hay espacio para escuchar nuevas recomendaciones antes de abrir el proceso electoral con el ultraderechista Bolsonaro, quien está más de diez puntos por debajo de Lula da Silva en intención de voto para la primera vuelta del 2 de octubre y unos 20 para el eventual balotaje, según las encuestas.

El avance militar sobre de la justicia electoral llega luego de que el ombudsman (el defensor del lector) del diario Folha de Sao Paulo, el más influyente y vendido del país, alertara ayer del riesgo de un golpe de Estado del bolsonarismo en caso de perder las elecciones.
El ombudsman citó columnas del periódico alertando sobre el germen de un movimiento anticonstitucional de la ultraderecha.

El jueves pasado, el presidente Bolsonaro había vuelto a agitar, sin pruebas, el fantasma de un supuesto fraude en su contra y anunció la contratación de una empresa privada para auditar el trabajo del TSE.
La declaración fue dada a conocer horas después de que se informara que directivos de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) dijeran a Bolsonaro y a varios ministros el año pasado que el sistema electoral brasileño era confiable.

Bolsonaro afirmó que las Fuerzas Armadas hicieron un informe presentado ante el TSE con objeciones sobre el sistema electoral de Brasil.
El año pasado, el Supremo Tribunal Federal, la máxima corte de justicia Brasil, abrió una causa contra Bolsonaro por atentar contra el sistema constitucional y mentir sobre un supuesto fraude en el sistema de urnas electrónicas que Brasil utiliza desde 1996 sin irregularidades.

El Gobierno rechazó un pedido para que observadores de la Unión Europea (UE) puedan participar de los comicios.
Según Bolsonaro, «si las urnas no son capaces de ser violadas, ¿por qué se esconde de la población las objeciones de las fuerzas armadas?».
Bolsonaro, excapitán del Ejército, suele repetir que las Fuerzas Armadas «son las garantes de la democracia», a las que reivindica por su rol en el golpe militar de 1964 y en el régimen de facto que duró 21 años.
Geopolítica 🌎
Taiana y Grabois exigieron expulsar al buque británico del puerto de Ushuaia
Los diputados de Unión por la Patria repudiaron el amarre y la operación del petrolero VS Promise de bandera inglesa en el puerto austral, bajo administración del Gobierno nacional desde enero. Taiana alertó sobre una estrategia de «desmalvinización» mientras Grabois denunció una «traición a la Patria» por parte del oficialismo.
Los diputados nacionales de Unión por la Patria Jorge Taiana y Juan Grabois repudiaron el ingreso, amarre y operación del buque petrolero VS Promise, de bandera británica, al puerto fueguino de Ushuaia, y reclamaron su expulsión inmediata. Las declaraciones, realizadas a través de la red social X, escalaron la tensión política en torno a un episodio que ya había motivado un reclamo formal del Gobierno de Tierra del Fuego al Ejecutivo nacional.
Taiana: «desmalvinización» y «gobierno genuflexo»
El ex canciller y ex ministro de Defensa consideró que la presencia del VS Promise en Ushuaia, sumada al paso previo del buque de guerra HMS Medway por el Mar Argentino rumbo a Punta Arenas, «constituyen hechos de extrema gravedad que comprometen el interés nacional y los derechos soberanos argentinos». En su publicación en X, Taiana advirtió que «mientras el Reino Unido avanza sobre espacios estratégicos, el Gobierno Nacional flexibiliza la normativa, diluye la Cuestión Malvinas y abandona reclamos históricos».
Para el legislador, la secuencia de hechos responde a un patrón deliberado: «bajo este modelo, se consolida una estrategia de desmalvinización que busca naturalizar, mediante los usos y costumbres, la presencia y el accionar británicos en el Atlántico Sur». Y cerró con una definición que apunta directo al Gobierno de Javier Milei: «La defensa de la soberanía y del interés nacional exigen una política firme, coherente y sostenida; no un Gobierno genuflexo y subordinado ante el colonialismo británico».
Grabois: «traición a la Patria» y reclamo de intervención
Más directo en la acusación, Grabois planteó que «el gobierno nacional, en otro acto de traición a la Patria, permite que un buque inglés atraque en un puerto argentino de Tierra del Fuego, provincia que tiene parte de su territorio bajo ocupación militar británica». El líder de Patria Grande exigió dos medidas concretas: la expulsión inmediata del VS Promise y la eliminación de la intervención federal mileísta del Puerto de Ushuaia.
La ironía política del episodio es difícil de soslayar: el Gobierno nacional intervino el Puerto de Ushuaia en enero de este año esgrimiendo precisamente razones de soberanía y de estrategia nacional en el Atlántico Sur, y fue ese mismo puerto, ya bajo su administración directa, el que habilitó la operación del buque británico.
El VS Promise y el reclamo provincial
El VS Promise es un buque petrolero de gran capacidad, con aproximadamente 228 metros de eslora. Según se informó, la embarcación habría operado previamente en instalaciones vinculadas a la actividad hidrocarburífera de Río Cullen antes de amarrar en el muelle comercial del Puerto de Ushuaia. Su presencia motivó un reclamo formal del Gobierno provincial, que solicitó al Ejecutivo nacional que informara los criterios políticos, estratégicos y administrativos utilizados para autorizar la operación.
La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), organismo dependiente del Gobierno nacional, dispuso mediante la Resolución 4/2026 del 20 de enero la intervención administrativa del Puerto de Ushuaia por 12 meses, asumiendo su gestión operativa, técnica y administrativa. Esa decisión, cuestionada legalmente por la provincia fueguina, es la que le otorgó al Estado nacional la potestad de autorizar o rechazar las operaciones portuarias que hoy están en el centro del debate soberano.
Puntos clave
- Los diputados Taiana y Grabois repudiaron el amarre del buque británico VS Promise en Ushuaia y exigieron su expulsión inmediata.
- Taiana denunció una estrategia oficial de «desmalvinización» y calificó al Gobierno como «genuflexo ante el colonialismo británico».
- Grabois acusó al Ejecutivo de «traición a la Patria» y reclamó también el fin de la intervención federal del puerto austral.
- El VS Promise operó en el puerto que el Gobierno nacional administra desde enero de 2026 por la Resolución ANPyN 4/2026.
- El Gobierno de Tierra del Fuego reclamó formalmente al Ejecutivo nacional los criterios utilizados para autorizar la operación del buque inglés.
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