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¿Sicarios? Asesinaron a tres médicos en Río de Janeiro
Las víctimas son tres médicos traumatólogos de la ciudad de San Pablo que asistían a un congreso en el Hotel Windsor de la exclusiva playa de Barra de Tijuca. Uno de ellos es hermano de a diputada federal Samia Bomfin, del Partido Socialismo y Libertad, el mismo donde militaba Marielle Franco.
Tres médicos, entre ellos el hermano de una diputada socialista, fueron asesinados y otro resultó gravemente herido por supuestos sicarios que les efectuaron más de 20 disparos en un bar de la playa de Barra de Tijuca, en la ciudad de Río de Janeiro.
El presidente brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, lamentó el hecho y expresó su solidaridad con los familiares de los muertos, uno de los cuales era hermano de la diputada federal Samia Bomfin, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL).
El ministro de Justicia, Flávio Dino, dijo que ordenó a la Policía Federal intervenir para determinar si existen motivaciones políticas en el homicidio, que fue filmado por las cámaras de la municipalidad de Río de Janeiro y ocurrió a las 0.59 de este jueves.
Barra de Tijuca, en la zona oeste de Río de Janeiro, es uno de los barrios controlados por las milicias parapoliciales responsables del asesinato en marzo de 2018 de la concejala socialista Marielle Franco, también del PSOL.
La Policía Civil de Río de Janeiro, que investiga el caso, informó que está «oyendo testigos» y analizando «imágenes de cámaras de seguridad» para intentar establecer los motivos del crimen, al que calificó de «grave», informó la agencia de noticias AFP.
Las víctimas son tres médicos traumatólogos de la ciudad de San Pablo que estaban en Río de Janeiro para un congreso en el Hotel Windsor de la exclusiva playa de Barra de Tijuca.

Según la policía de Río de Janeiro, tres delincuentes bajaron de un automóvil en la avenida Lucio Costa, corrieron hacia la mesa de un bar de playa donde estaban los médicos y dispararon más de 20 tiros sin robarles nada, tras lo cual huyeron.
Uno de los asesinados es Diego Bomfim, de 35 años, hermano de la diputada Bomfim.
La legisladora está casada con el diputado federal Glauber Braga, famoso por sus discursos contra las milicias de Río de Janeiro, los grupos parapoliciales de ultraderecha conocidos como escuadrones de la muerte que le disputan negocios a los narcos.

Los otros dos muertos eran los traumatólogos Perseu Almieda, de 33 años, y Marcos Corato, de 62, quien era director del Instituto de Ortopedia y Traumatología del Hospital de Clínicas de la Universidad de San Pablo, el mayor hospital público de América Latina.
El herido fue identificado como Daniel Proença, de 32 años.
«Recibí con gran tristeza e indignación la noticia de la ejecución de Diego Ralf Bomfim, Marcos de Andrade Corsato y Perseu Ribeiro Almeida en las afueras de Barra da Tijuca, Río de Janeiro, en la madrugada de este jueves», dijo Lula.
«La Policía Federal, bajo órdenes del ministro Flávio Dino, está siguiendo el caso», agregó.
Dino dijo en redes sociales que había ordenado a la Policía Federal «seguir las investigaciones sobre la ejecución de médicos en Río».
«Después de estas medidas iniciales inmediatas, analizaremos jurídicamente el caso. Mi solidaridad con la diputada Samia, el diputado Glauber y sus familias», expresó.

Por el crimen de Marielle Franco están detenidos dos expolicías miembros de las milicias parapoliciales cariocas.
El PSOL forma parte de la base de apoyo del gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y está a cargo del Ministerio de los Pueblos Originarios, conducido por Sonia Guajajara.
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Chat Control: la ley europea que convierte tu celular en un testigo
El Parlamento Europeo debate una normativa que obligaría a escanear mensajes privados para detectar abuso sexual infantil, incluso en aplicaciones con cifrado de extremo a extremo. El debate enfrenta la protección de la infancia contra el derecho a la privacidad de millones de usuarios y pone en cuestión el futuro de las comunicaciones digitales.
Millones de conversaciones privadas, fotos, audios y textos intercambiados a diario en aplicaciones como WhatsApp o Signal podrían ser escaneados automáticamente antes de llegar a su destinatario. Eso es lo que prevé la normativa conocida como «Chat Control», una propuesta legislativa en debate en el Parlamento Europeo que divide a juristas, activistas digitales, gobiernos y organizaciones de derechos humanos en toda la Unión Europea.
La regulación apunta a detectar contenido de explotación sexual infantil (CSAM, por sus siglas en inglés) en las comunicaciones digitales. En su versión vigente, una normativa temporal prorrogada hasta 2028 permite a las plataformas identificar de manera voluntaria ese tipo de material en mensajes privados, imágenes y videos. Pero la propuesta de largo plazo, denominada «Chat Control 2.0», plantea extender esa capacidad de detección también a los servicios con cifrado de extremo a extremo, lo que representa un salto cualitativo de enorme magnitud en términos de vigilancia digital masiva.
Un escudo que también puede convertirse en una red de arrastre
El cifrado de extremo a extremo, tal como funciona hoy en aplicaciones como Signal o WhatsApp, impide que ni siquiera el proveedor del servicio pueda leer los mensajes en tránsito. Es, en términos prácticos, el equivalente digital del secreto postal. Cualquier sistema de detección que pretenda operar sobre mensajes cifrados tendría que actuar antes de que ese escudo se active, es decir, en el dispositivo del usuario, justo antes de que el mensaje sea enviado. Esta técnica se denomina «client-side scanning» y consiste en examinar el contenido mientras aún es legible, antes de que se aplique el cifrado.
Las herramientas técnicas propuestas funcionan transformando cada archivo en una especie de huella digital que se compara con bases de datos de material ilegal ya identificado. Además, utilizan modelos de aprendizaje automático capaces de reconocer contenido nuevo o modificado y analizan los textos en busca de patrones lingüísticos asociados al grooming o acoso sexual a menores.
El fallo humano en la cadena de verificación
En plataformas sin cifrado, cuando un sistema automático detecta una coincidencia, la alerta es enviada a revisores humanos expertos que examinan el material antes de informarlo a las autoridades. Empresas como Google sostienen que este proceso garantiza una verificación responsable. Sin embargo, según señaló el ex eurodiputado alemán Patrick Breyer, jurista y activista por los derechos digitales, es precisamente en esa etapa de verificación donde el sistema comienza a fallar cuando se utiliza a gran escala.
Los empleados encargados de revisar las alertas aplican criterios legales diversos, no siempre logran discernir la intención detrás del contenido y, con frecuencia, confunden situaciones de sexting consensuado entre jóvenes o imágenes enviadas como bromas en chats grupales. En muchos casos, los adolescentes involucrados nunca tuvieron intención de enviar ni recibir material ilegal, simplemente reenviaron un archivo dentro de una conversación diferente.
Breyer no se opone a la detección en sí misma. Su argumento es más preciso: el escaneo debería permitirse solo cuando un tribunal independiente confirme que hay motivos razonables para sospechar de una persona específica, tal como ocurre con una orden judicial para revisar la correspondencia de un ciudadano. Extender ese control a toda la población «por si acaso» representa, en sus términos, un tipo de intervención de naturaleza completamente diferente.
Una regulación que depende de la app que uses
Por el momento, lo que sucede con un mensaje depende enteramente de la aplicación que se use. En servicios sin cifrado, el contenido puede recibir una identificación digital o ser examinado por algoritmos antes o justo después de ser enviado, revisado luego por expertos y comunicado a las autoridades ante una coincidencia confirmada. En servicios con cifrado de extremo a extremo, la legislación europea actual no se aplica de la misma forma y el contenido permanece inaccesible para los proveedores.
Esa asimetría está en el centro del debate parlamentario. Si «Chat Control 2.0» finalmente incluye a los servicios cifrados, la arquitectura de privacidad digital que millones de personas dan por garantizada quedaría radicalmente transformada. La pregunta que el Parlamento Europeo no puede eludir es hasta dónde está dispuesta la sociedad a ceder privacidad en nombre de la seguridad, y si esa cesión puede hacerse sin abrir una puerta que, una vez abierta, sea prácticamente imposible cerrar.
El debate no es solo técnico. Es político, filosófico y tiene implicancias directas para las nuevas generaciones que crecen en un entorno donde la comunicación digital es constitutiva de su identidad. La decisión que tome Europa en los próximos años marcará un precedente global sobre los límites del Estado en las comunicaciones privadas.
Lo que tenés que saber
- La normativa «Chat Control» vigente, prorrogada hasta 2028, permite a las plataformas detectar voluntariamente contenido de abuso sexual infantil en mensajes privados.
- La propuesta «Chat Control 2.0» plantea extender ese escaneo a servicios con cifrado de extremo a extremo, lo que implicaría revisar mensajes en el dispositivo del usuario antes de que sean enviados.
- El ex eurodiputado Patrick Breyer advierte que el sistema falla a gran escala y que el escaneo solo debería habilitarse con orden judicial previa, no de manera masiva e indiscriminada.
- Las herramientas de detección combinan huellas digitales de archivos conocidos, inteligencia artificial para contenido nuevo y análisis de patrones lingüísticos vinculados al grooming.
- La decisión del Parlamento Europeo sobre si incluir o no a los servicios cifrados en la regulación definitiva tendrá impacto global en el futuro de la privacidad digital.
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