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Bolivia: echan a diputado español fascista por injerencia en el caso Camacho

Se trata del legislador del partido Vox (ultraderecha) Víctor González Coello De Portugal. Fue expulsado por tres años.

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El diputado español del partido Vox (ultraderecha) Víctor González Coello De Portugal fue expulsado hoy “por tres años” de Bolivia, acusado de «alterar el orden público e incitar a la confrontación entre ciudadanos al cometer actos de injerencia» e irrumpir en dependencias policiales en el departamento de Santa Cruz, informó el Gobierno, mientras el legislador advirtió que fue notificado de su salida cuando ya estaba a bordo del avión.

El viceministro de Relaciones Exteriores local, Freddy Mamani, señaló que González Coello De Portugal y su colega chileno Luis Fernando Sánchez hicieron “política en Bolivia” al «inmiscuirse en asuntos internos» por cuestionar el proceso que se le sigue al gobernador cruceño Luis Fernando Camacho.

“Hicieron un trabajo político de generar violencia en el país”, afirmó Mamani durante una conferencia de prensa, reseñada por la estatal agencia ABI.

González y Sánchez acompañaron el lunes al presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, durante la irrupción a la dependencia del Comando Departamental de la Policía.

Los tres se quejaron, con diversos tonos, por el uso de la fuerza en contra de las protestas que exigen la liberación del procesado Camacho, detenido en el penal de Chonchocoro por su rol en el golpe de Estado contra Evo Morales en 2019.

El diputado de ultraderecha y Sánchez habían alegado que estaban en el país como “observadores” para “recabar información sobre presuntas violaciones a los derechos humanos”.

Y González Coello de Portugal denunció hoy que fue notificado de su salida obligatoria del país cuando ya había abordado el avión que lo sacaría del país.

“Ya sentado dentro del avión, dos agentes muy correctamente me han informado que estoy expulsado de Bolivia. Cuba, Nicaragua y ahora Bolivia son los países que me niegan la entrada. Si sirve para que (el presidente) Luis Arce tenga misericordia de Luis Fernando Camacho, bienvenido sea”, publicó el parlamentario.

Junto al mensaje, compartió la notificación de salida obligatoria en la que consta que tiene tres días para apelar la decisión, plazo tras el cual será expulsado del país. La medida estará vigente por tres años.

”La Dirección General de Migración resuelve la salida obligatoria por tres años del territorio boliviano del señor Víctor González, de nacionalidad española, por cometer actos que alteran el orden público y por emitir propaganda política de desprestigio contra instituciones de orden público y Gobierno nacional, mediante declaraciones realizadas a medios de prensa”, consta en el documento, publicado por el sitio del diario Página Siete.

Después de cuestionar a los responsables de la comandancia policial de Santa Cruz, el diputado español fue a la cárcel de Chonchocoro con la idea de visitar a Camacho, pero le fue negada la entrada.

Insistió entonces sobre los riesgos para la salud del gobernador. “No volveremos a ver a Luis Fernando Camacho vivo”, dijo entonces.

Mamani se quejó, además, de que González Coello de Portugal y Sánchez entraron al país con visas de turista, “sin cumplir los procedimientos establecidos entre ambos países, porque se han atribuido inclusive de que son de una misión especial, pero sin autorización de sus congresos”.

Ayer, La Paz se quejó antes los Ejecutivos de España y Chile por la «intromisión» en su soberanía por parte de los dos legisladores.

«Prestar declaraciones a medios de comunicación es un claro acto de intromisión, que es inaceptable en los asuntos internos de nuestro país», sostuvo a medios locales el viceministro de Comercio Exterior e Integración de Bolivia, Benjamín Blanco.

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Meloni elige la represión: soldados en la calle, cárcel para manifestantes y detención preventiva de menores

El decreto crea el delito de «participación violenta en una manifestación», con hasta cinco años de cárcel, y hace responsables a los padres por los daños de sus hijos. El Gobierno italiano lo aprobó tras los saqueos del fin de semana en Milán.

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El Argentino Diario-Giorgia Meloni.
Meloni responde a los disturbios de Milán con 500 soldados y un decreto que castiga a jóvenes y a sus familias.

Italia tendrá un nuevo delito penal por «participación violenta en una manifestación», con penas de hasta cinco años de prisión y multas de hasta 20.000 euros (unos 22.500 dólares). El Gobierno también ampliará la detención preventiva de menores sospechosos de representar una amenaza antes de las marchas.

La primera ministra, Giorgia Meloni, anunció el martes 20 de octubre, en un video difundido en redes sociales tras el Consejo de Ministros, que el gabinete aprobó un decreto de seguridad después de los disturbios del fin de semana en Milán y otras ciudades del país. La norma incluye además el despliegue de 500 soldados en la capital lombarda hasta fin de año. El lunes 19, el vicepresidente Matteo Salvini ya había adelantado el envío de las tropas en sus redes sociales.

Qué incluye el decreto

El texto endurece las sanciones para quienes se cubran el rostro, lesionen a otras personas o cometan actos de destrucción en grupo. Amplía las medidas de detención preventiva para menores sospechosos de representar una amenaza antes de manifestaciones e incorpora cláusulas que permiten atribuir responsabilidad financiera a los padres por los daños causados por sus hijos.

«Protestar es un derecho, devastar nuestras ciudades no», afirmó Meloni, quien condenó los ataques contra comercios y fuerzas de seguridad. La primera ministra sostuvo que se denunciaron saqueos, rotura de escaparates y agresiones a policías, y habló de «escenas inaceptables que no pueden ser minimizadas ni justificadas».

Una marcha por el costo de vida y una respuesta penal

Según consignó la prensa local, los incidentes ocurrieron al margen de una manifestación pacífica contra el encarecimiento de la vida. La policía de Milán estimó que 2.000 jóvenes participaron en los disturbios de la noche del sábado, y Meloni calificó de dolorosa y aterradora la presencia de tantos chicos en los hechos.

Las medidas conocidas hasta ahora se concentran en el castigo y el control: penas de prisión, soldados en las calles y detenciones. Ninguna de ellas apunta al malestar económico que, según se informó, había motivado la marcha original.

Un antecedente reciente

No es la primera vez que el Gobierno de Meloni responde con mano dura a la protesta. En febrero, tras disturbios en Turín, aprobó un paquete de seguridad urbana que permite la retención preventiva de personas «de riesgo» antes de una manifestación, por hasta 12 horas. Pocos días después, luego de los choques en Milán durante una marcha contra los Juegos Olímpicos de Invierno, Meloni tachó de «enemigos de Italia» a los responsables de los disturbios.

El nuevo decreto profundiza esa línea: cada episodio de violencia callejera se responde con una vuelta de tuerca penal, ahora con foco en los menores y en sus familias. La medida reabre el debate sobre dónde termina la prevención y dónde empieza la sanción anticipada, ya que alcanza a jóvenes sospechosos de ser una amenaza antes de que ocurra cualquier hecho.

Lo que tenés que saber

  • El decreto crea el delito de participación violenta en una manifestación, con hasta cinco años de prisión y multas de hasta 20.000 euros.
  • Se desplegarán 500 soldados en Milán hasta fin de año.
  • Se amplía la detención preventiva para menores sospechosos de representar una amenaza antes de manifestaciones.
  • Los padres podrán ser responsabilizados financieramente por los daños causados por sus hijos.
  • Meloni lo anunció tras los saqueos y las agresiones a policías del fin de semana en Milán y otras ciudades.
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