Las fuerzas prorrusas en los territorios ocupados en Ucrania iniciaron elecciones regionales Zaporizhia, Lugansk, Donetsk y Mariupol de forma anticipada para afianzar su influencia, en las que los habitantes eligen entre candidatos avalados por Rusia, mientras Ucrania y la comunidad internacional denuncian que estos comicios no son legales y no los reconocen.

Rusia mantiene una ocupación sobre cerca del 20 por ciento del territorio ucraniano, incluyendo la península de Crimea, anexada en 2014, casi la totalidad de la región de Lugansk y una parte de Donetsk, en el este, y zonas de Zaporiyia y Jersón, en el sur, informó la agencia de prensa estatal Tass.

Las elecciones en estas zonas, que fueron denunciadas por Ucrania, están programadas para el 10 de septiembre, pero las autoridades de ocupación nombradas por Moscú organizarán una votación «anticipada» a partir de este jueves en Donetsk y en Zaporiyia, y del 2 de septiembre en Jersón y Lugansk.

En estos comicios serán elegidos los diputados regionales y las autoridades municipales, precisó la agencia AFP.

Rusia anunció la anexión de varias regiones ucranianas en septiembre de 2022, pese a la condena de las potencias occidentales, después de la realización de «referendos», que no fueron reconocidos por la comunidad internacional.

Casi un año después, Rusia controla parcialmente estas regiones donde arrecian los combates.

Ucrania inició una amplia contraofensiva de un frente que se extiende por cerca de 1.000 kilómetros y espera concretar un avance importante en el sur, en Zaporiyia.

En los comicios no hay una representación de la oposición a la ocupación rusa, ya que las voces críticas con el gobierno han sido silenciadas desde el inicio de la ofensiva en Ucrania. Los opositores más connotados están presos o en el exilio.

En plena guerra con Rusia el país no está en condiciones de celebrar esos comicios en medio de la guerra con Rusia, aseguró el martes de esta semana el principal asesor de la Presidencia de Ucrania, Mijail Podoliak.

El funcionario salió así a complementar comentarios hechos el domingo último por el presidente Volodimir Zelenski en el sentido de que no se puede votar en un país que está regido por la ley marcial, que expirará el 15 de noviembre, y es probable que sea prorrogada nuevamente, amén de que, materialmente, se necesitarían fondos aportados por aliados occidentales.

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) informó ayer que identificó a más de 3.500 personas, entre emisarios de Rusia y sus colaboradores ucranianos, que trabajan con las autoridades impuestas por Moscú en la organización de las elecciones en las zonas bajo control ruso.

Entre las personas identificadas, que son sospechosas de delitos de colaboracionismo y conspiración contra la integridad territorial de Ucrania, según la ley ucraniana, hay miembros de los comités de organización de los comicios que organiza Rusia en las regiones capturadas y también candidatos a estos comicios.

Según el SBU, Rusia ofrece dinero a los ciudadanos ucranianos que se implican en el proceso electoral e incluso obliga a algunos de ellos a participar en él.