La Iglesia católica española recopiló el testimonio de más de 900 personas que fueron víctimas de abusos sexuales en su seno cuando eran menores, según lo admitió la institución, en un informe presentado hoy en Madrid.

«Estamos hablando de 927 víctimas que han presentado testimonio», explicó en la presentación el sacerdote José Gabriel Vera Beorlegui, director de la oficina de prensa de la Conferencia Episcopal Española (CEE), informó la agencia AFP.

Esta cifra está alejada de las 1.957 víctimas registradas por el diario español El País, desde que lanzó una investigación en 2018 y creó una base de datos.

Fue este diario el que hizo saltar el 30 de abril los abusos a menores perpetrados por jesuitas españoles en Bolivia, que causado un escándalo en este país.

En marzo de 2022, la Iglesia española había tomado testimonio a 506 personas, según comunicó entonces.

Estas 927 víctimas acusaron a 728 miembros de la Iglesia, de ellos «la mayoría son clérigos, son sacerdotes» ordenados, precisó Vera Beorlegui, sobre un informe llamado «Para dar luz», que fue descrito como el primero que realiza la Iglesia española que trasciende públicamente.

De los agresores, el 63% fallecieron y el 36% están vivos, prosiguió el portavoz, situándose los casos más antiguos en los años 1940.

Según un comunicado difundido por la CEE, más del 99% de los agresores eran varones, y entre las víctimas también predominaban los chicos, en un 82,62% de los casos, siendo las niñas un 17,38%.

Vera Beorlegui explicó que «199 testimonios están siendo estudiados en las oficinas para poder culminar con ellos ese proceso pastoral o judicial que sea oportuno».

La década en la que se recogieron más casos fue en la de 1970, con 172, y los testimonios de abusos más antiguos recopilados son de los años ’40.

«Son los dos primeros casos que hay, personas muy mayores que han venido a contar un relato de abusos cometidos contra ellos», narró Vera Beorlegui.

El informe se llama «Para dar luz» porque, según explicó el presidente de la CEE, Francisco César García Magán, «quiere que sea una declaración de intenciones y una hoja de ruta».

A diferencia de países como Alemania, Australia, Estados Unidos, Francia o Irlanda, España no ha culminado ninguna investigación de envergadura sobre este tema, aunque hay dos en curso.

El Defensor del Pueblo (ombudsman) español está realizando la suya comisionado por el Parlamento, y la Iglesia encargó lo propio a un bufete de abogados independiente.