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Fake News

El Gobierno cruzó fuerte una fake news de La Nación

En respuesta a la nota sobre la falta de transparencia en los gastos relacionados con la COVID-19 en Argentina, la Auditoría General De La Nación (AGN) anuncia la aprobación de su informe de auditoría y destaca el cumplimiento de los objetivos del programa de emergencia.

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La Auditoría General De La Nación (AGN) anuncia con satisfacción la aprobación, mediante la Resolución 130/2023 del 17 de agosto, del informe de Auditoría titulado «Proyecto de Emergencia para la Prevención y Manejo de la Enfermedad por COVID-19 en Argentina». Este programa tiene como objetivo principal fortalecer las medidas de preparación y respuesta contra la pandemia, así como la adecuación de los sistemas de salud pública en el país. Se hace hincapié en que la ejecución del préstamo del Banco Mundial, por un valor de USD 535 millones, destinado al financiamiento de los contratos de suministros de vacunas COVID-19 con Pfizer y Moderna, ha alcanzado un impresionante 99,6%.

La AGN ratifica que la auditoría se realizó siguiendo las Normas de Control Externo Gubernamental de la AGN, que son compatibles con las prácticas contables aceptadas en Argentina y las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI). Además, se llevaron a cabo las pruebas pertinentes de los registros contables y otros procedimientos de auditoría necesarios, en línea con los requerimientos específicos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).

La AGN destaca que, durante el análisis, se identificaron diferencias que, en su consideración, no afectan de manera significativa la opinión del auditor. En resumen, los estados financieros y las notas anexas presentan razonablemente la situación financiera del «Proyecto de Emergencia para la Prevención y Manejo de la Enfermedad por COVID-19 en la República Argentina» y «Financiamiento Adicional» durante el segundo ejercicio, que abarcó desde el 1 de julio de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021. Esto se hizo de acuerdo con las prácticas contables habituales y los requisitos de los Contratos de Préstamo N° 9083-AR y 9292-AR, firmados el 07/05/2020 y el 04/10/2021, respectivamente, entre la República Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).

En respuesta al informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) que señala la falta de transparencia en los gastos relacionados con la COVID-19 en Argentina, la AGN enfatiza que se cumplió con el acuerdo de llevar a cabo una auditoría expost sobre estos gastos. Sin embargo, se destaca que la publicación completa del informe no fue factible debido a cuestiones de confidencialidad, tal como lo establece la AGN. La confidencialidad fue impuesta en virtud de las cláusulas correspondientes en los contratos y en resguardo del interés público declarado por el Congreso. Además, se señala que el Ministerio de Salud no eximió ni se negó a proporcionar información a la AGN y, de hecho, ha compartido información oficial relacionada con las Vacunas COVID-19 en su sitio web para garantizar la transparencia y el acceso a la información pública.

En aras de la transparencia, el Ministerio de Salud buscará las autorizaciones necesarias de los proveedores Pfizer y Moderna para la publicación de información adicional y solicitará a la AGN que reconsidere la difusión completa del informe. Este esfuerzo demuestra el compromiso del Gobierno Nacional con la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión pública, especialmente en un contexto crítico como la pandemia de COVID-19.

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Pensiones “truchas” y videos falsos: la ofensiva de LLA contra la discapacidad

Santiago Caputo afirmó sin pruebas que el 60% de las pensiones por invalidez son falsas, la diputada Gabriela Flores acusó de mentir a quienes marchan el 15 de octubre y un sitio libertario reflotó un video ya desmentido. Todo mientras se discute la prórroga de la Emergencia y el Presupuesto 2027.

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El Argentino Diario-Discapacidad.
Estigmatizar para ajustar: el libreto oficial contra la discapacidad en plena discusión del Presupuesto 2027.

“Aproximadamente el 60% de las pensiones por invalidez son truchas”. La frase, sin un solo dato que la respalde, la escribió el asesor presidencial Santiago Caputo en su cuenta de X, y el presidente Javier Milei la reposteó, como es su costumbre. Fue la primera piedra de una nueva oleada de estigmatización contra las personas con discapacidad, lanzada justo cuando el Congreso discute cuántos recursos tendrá el sector en el Presupuesto 2027 y si se prorroga la Ley de Emergencia.

Caputo repitió además un argumento que el oficialismo ya había ensayado en tiempos de Manuel Adorni como vocero: «Tenemos más pensiones por invalidez que un país que haya sufrido una guerra». Después llegaron la diputada libertaria salteña Gabriela Flores, con acusaciones directas contra las familias que convocan a movilizarse, y el portal militante La Derecha Diario, que volvió a difundir un video que había sido desmentido el año pasado.

Cuatro titulares y una sola consigna

La ofensiva discursiva coincide con un nuevo cambio de mando en el área. El Gobierno designó a Diego Masaragian, hasta ahora administrador nacional de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), como cuarto responsable de discapacidad desde el inicio de la gestión libertaria. Reemplaza a Pablo Di Liscia, quien había asumido tras la salida de Alejandro Vilches, a su vez sucesor de Diego Spagnuolo, desplazado en medio del escándalo de corrupción en la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Al anunciar el nombramiento, el Ministerio de Salud fijó como prioridad profundizar los controles y las auditorías. En paralelo, el Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de ley Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez, que prevé un reempadronamiento total de los titulares en un plazo de 90 días. La rotación de funcionarios cambia los nombres, pero la orientación sigue intacta: sospechar primero de los beneficiarios y ajustar después.

El Foro Permanente Discapacidad, que nuclea a organizaciones del sector, salió al cruce de los dichos de Caputo: «Exigimos que presente la documentación y las pruebas que las respalden». Y advirtió: «Las declaraciones que estigmatizan a las personas con discapacidad generan dudas y desvían el foco de lo urgente: garantizar los derechos, los apoyos y las prestaciones que necesitan quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad».

«Hemos recibido solo palos de este gobierno»

Flores apuntó contra quienes convocan a la marcha de este 15 de octubre. «Mentir es de cobardes. Y esto va para todo ese colectivo de actrices y defensores de personas con discapacidad que están llamando a una marcha el 15 de octubre. Te están mintiendo», afirmó la legisladora de La Libertad Avanza, que sostiene que el dictamen impulsado por su bloque supera a la Ley de Emergencia vigente.

La respuesta llegó de la actriz Valentina Bassi, madre de un adolescente con autismo y una de las referentas más visibles de la lucha del sector. Le reclamó que, antes de acusar, explique por qué votó a favor de derogar la Ley de Emergencia, y cuestionó que el dictamen libertario sea superador. Según Bassi, ese texto «se hizo a espaldas de las personas con discapacidad y muchas instituciones, transportistas, familiares y personas con discapacidad están llamando a los aliados para reunirse, indicándoles que hay puntos que sí o sí tienen que incorporarse a ese nuevo dictamen para que podamos salir de la emergencia».

«No está bueno, diputada, que ataquen a las personas y sus familiares justo cuando en teoría se está haciendo una ley para garantizar sus derechos (…) Estamos colapsados. Necesitamos que se nos escuche. Hemos recibido solo palos de este gobierno», le dijo Bassi a Flores.

El trasfondo es la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso en 2025 pese a la resistencia del Ejecutivo, que la vetó y debió aceptar que ambas cámaras insistieran con la norma. La emergencia rige hasta el 31 de diciembre de 2026 y puede prorrogarse un año más, una decisión que hoy está en disputa en el Parlamento.

El video desmentido que volvió a circular

La Derecha Diario se sumó a la ofensiva con un video de un hombre que sale con muletas de hacer un trámite y luego camina con normalidad, al que acusó de simular una discapacidad para cobrar una pensión. La versión ya había sido desmentida: la organización de verificación Chequeado retomó la constatación de Ruido, integrante de la Red Federal de Periodismo e Innovación, según la cual las imágenes fueron filmadas en la sucursal del Banco Nación de Río Tercero, en Córdoba.

El hombre es José, un jubilado de 67 años con enfermedad de Parkinson, según aseguró su hija, Verónica Navarro, quien además presentó el Certificado Único de Discapacidad (CUD) de su padre. El Parkinson explica que por momentos camine con dificultad y por momentos no; la difamación, en cambio, no tiene explicación médica. La reaparición del video ocurre mientras los pacientes con esa enfermedad expresan preocupación por la continuidad del acceso a su medicación.

Un método repetido

La estrategia no es nueva. Cuando todavía era vocero presidencial, Adorni mostró una radiografía de un perro para acusar a una persona de haber cobrado una pensión con documentación falsa, aunque ese beneficio nunca se otorgó a nadie con esa radiografía. Adorni llegó luego a la Jefatura de Gabinete, cargo al que renunció en junio de este año en medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

El patrón se repite: frente a cada discusión presupuestaria, el oficialismo instala la sospecha generalizada sobre un colectivo vulnerable para justificar recortes que, de otro modo, serían políticamente indefendibles. Mientras tanto, la única corrupción comprobada en el área sigue siendo la que estalló dentro del propio Gobierno.

Lo que tenés que saber:

  • Santiago Caputo afirmó en X que «aproximadamente el 60% de las pensiones por invalidez son truchas», sin presentar pruebas; Milei reposteó el mensaje.
  • El Foro Permanente Discapacidad le exigió que presente la documentación que respalde esa cifra.
  • La diputada Gabriela Flores acusó de mentir a quienes convocan a la marcha del 15 de octubre; Valentina Bassi le respondió que el sector recibió «solo palos de este gobierno».
  • La Derecha Diario reflotó un video desmentido: el hombre señalado es un jubilado de 67 años con Parkinson y tiene CUD.
  • Diego Masaragian es el cuarto responsable del área de discapacidad en la gestión de Milei.
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