Una organización criminal integrada por al menos 12 personas, presuntamente liderada por un preso de la cárcel federal de Ezeiza y con conexiones con Paraguay y Brasil, fue descubierta cuando intentaba traficar más de 11 toneladas de marihuana y 20 kilos de cocaína desde la frontera del litoral argentino hacia la provincia y la ciudad de Buenos Aires, informaron hoy fuentes judiciales.

Se trata de una investigación que comenzó en octubre de 2019 y que está a cargo de personal de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), las fiscalías federales 2 de Posadas y Corrientes, y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Nación, a cargo de Diego Iglesias.

Fuentes judiciales informaron a Télam que el principal acusado fue identificado como Néstor Fabián Rojas, alias «El Negrito» o «Loko», quien está preso en la cárcel federal de Ezeiza, imputado de narcotráfico y de tres homicidios cometidos en Misiones, dos de ellos en 2015 y el restante en 2018.

Uno de estos homicidios es el de Aldo Andrés Cantero, ocurrido el 5 de agosto del 2018 en la localidad misionera de Gobernador Roca, y que se hizo público porque su novia contó que escuchó por vía telefónica cuándo lo mataban a tiros, tras lo cual se descubrió que la chacra de la víctima era un depósito de droga.

A su vez, la pareja de Rojas, identificada como Tamara Maciel, está detenida como acusada de ser la encargada de manejar los movimientos del dinero de la banda y de actuar de intermediaria entre el presunto líder con sus nexos con «el Primer Comando de la Capital -PCC-, Comando Vermelho y Bala Na Cara»; de Brasil.

Además de Rojas, otros dos imputados también estás actualmente detenidos, uno en el penal de Ezeiza y el otro en la cárcel de Posadas. «De los doce acusados todavía hay tres que permanecen prófugos», explicó una fuente judicial.

Según indicó el Ministerio de Seguridad nacional en un comunicado de prensa, hoy se llevaron a cabo 12 allanamientos en las provincias de Misiones, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma «para desbaratar a una organización criminal trasnacional dedicada al tráfico de estupefacientes y armas».

El informe oficial señaló que los investigadores «lograron determinar que el presunto líder de la organización manejaba las operaciones desde una cárcel y que, incluso, organizó la contratación de sicarios para atentar contra un juez que intervino en una causa en su contra».

Respecto del magistrado presuntamente apuntado por Rojas, desde la Procunar creen que se trata del titular del Juzgado de Instrucción 3 de la Primera Circunscripción de Posadas, Fernando Verón, detallaron los voceros.

En un momento, Rojas descubrió que escuchaban sus conversaciones y en una de ellas manifestó: «Díganle a esos jueces, a esos jueces, que esto recién comienza, esto recién empieza, que van a pagar todos los que hicieron todo, todo uno por uno, uno por uno, todos».

De acuerdo con las investigaciones, el «modus operandi» de la banda sería ingresar la droga desde Paraguay a través de río Paraná, a la altura de las ciudades misioneras de Candelaria y Jardín América; luego llevarla hasta Santo Tomé, en Corrientes; desde donde sería ingresada también por vía fluvial a Brasil para ser entregada a las mencionadas organizaciones delictivas.

Las drogas y las armas también tenían como destino el partido bonaerense de Moreno y el barrio porteño de Villa Lugano, detallaron las fuentes judiciales consultadas.

A partir de las intervenciones telefónicas, los pesquisas determinaron que la banda tenía planeado traficar 13 mil kilos de marihuana, pero el 23 de septiembre último la Prefectura Naval Argentina (PNA) interceptó un cargamento de 700 kilos en Misiones.

Luego, el 15 de octubre GNA secuestró 12 paquetes con cocaína en dos encomiendas con un destinatario en Villa Lugano. El 23 de octubre, la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay incautó unos 10 mil kilos de marihuana en Pirapó y, el 4 de noviembre, la GNA descubrió otros 20 paquetes con cocaína en el peaje Santa Ana de la ruta nacional 12.

Para los investigadores, «la empresa criminal operó con permanencia en el tiempo y una marcada división de roles, al menos, desde octubre de 2019 hasta la fecha, valiéndose de los medios pertinentes para lograr su cometido».

Ante esta situación, quedaron imputados Rojas (en calidad de organizador y financista), Tamara Maciel, Walter Gómez, José Ruíz Díaz, Roberto Gómez, Oscar Rodríguez, Sergio Rolón, Sebastián Ochoa, Pablo Campos, Oscar Sánchez, Paula Aguirre y Pablo Hernán Jorge por el delito de «tráfico ilícito de cocaína y marihuana en sus diferentes etapas, desde su obtención a través de la República del Paraguay e ingreso al país, transporte y almacenamiento, hasta su comercialización a otros grupos delictivos».