Judiciales ⚖️
Descubren una banda narco que operaba desde la cárcel de Ezeiza con nexos en Paraguay y BRASIL
La organización criminal fue descubierta cuando intentaba traficar más de 11 toneladas de marihuana y 20 kilos de cocaína desde la frontera del litoral argentino hacia la provincia y la ciudad de Buenos Aires.
Una organización criminal integrada por al menos 12 personas, presuntamente liderada por un preso de la cárcel federal de Ezeiza y con conexiones con Paraguay y Brasil, fue descubierta cuando intentaba traficar más de 11 toneladas de marihuana y 20 kilos de cocaína desde la frontera del litoral argentino hacia la provincia y la ciudad de Buenos Aires, informaron hoy fuentes judiciales.
Se trata de una investigación que comenzó en octubre de 2019 y que está a cargo de personal de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), las fiscalías federales 2 de Posadas y Corrientes, y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Nación, a cargo de Diego Iglesias.
Fuentes judiciales informaron a Télam que el principal acusado fue identificado como Néstor Fabián Rojas, alias «El Negrito» o «Loko», quien está preso en la cárcel federal de Ezeiza, imputado de narcotráfico y de tres homicidios cometidos en Misiones, dos de ellos en 2015 y el restante en 2018.
Uno de estos homicidios es el de Aldo Andrés Cantero, ocurrido el 5 de agosto del 2018 en la localidad misionera de Gobernador Roca, y que se hizo público porque su novia contó que escuchó por vía telefónica cuándo lo mataban a tiros, tras lo cual se descubrió que la chacra de la víctima era un depósito de droga.
A su vez, la pareja de Rojas, identificada como Tamara Maciel, está detenida como acusada de ser la encargada de manejar los movimientos del dinero de la banda y de actuar de intermediaria entre el presunto líder con sus nexos con «el Primer Comando de la Capital -PCC-, Comando Vermelho y Bala Na Cara»; de Brasil.
Además de Rojas, otros dos imputados también estás actualmente detenidos, uno en el penal de Ezeiza y el otro en la cárcel de Posadas. «De los doce acusados todavía hay tres que permanecen prófugos», explicó una fuente judicial.
Según indicó el Ministerio de Seguridad nacional en un comunicado de prensa, hoy se llevaron a cabo 12 allanamientos en las provincias de Misiones, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma «para desbaratar a una organización criminal trasnacional dedicada al tráfico de estupefacientes y armas».
El informe oficial señaló que los investigadores «lograron determinar que el presunto líder de la organización manejaba las operaciones desde una cárcel y que, incluso, organizó la contratación de sicarios para atentar contra un juez que intervino en una causa en su contra».
Respecto del magistrado presuntamente apuntado por Rojas, desde la Procunar creen que se trata del titular del Juzgado de Instrucción 3 de la Primera Circunscripción de Posadas, Fernando Verón, detallaron los voceros.
En un momento, Rojas descubrió que escuchaban sus conversaciones y en una de ellas manifestó: «Díganle a esos jueces, a esos jueces, que esto recién comienza, esto recién empieza, que van a pagar todos los que hicieron todo, todo uno por uno, uno por uno, todos».
De acuerdo con las investigaciones, el «modus operandi» de la banda sería ingresar la droga desde Paraguay a través de río Paraná, a la altura de las ciudades misioneras de Candelaria y Jardín América; luego llevarla hasta Santo Tomé, en Corrientes; desde donde sería ingresada también por vía fluvial a Brasil para ser entregada a las mencionadas organizaciones delictivas.
Las drogas y las armas también tenían como destino el partido bonaerense de Moreno y el barrio porteño de Villa Lugano, detallaron las fuentes judiciales consultadas.
A partir de las intervenciones telefónicas, los pesquisas determinaron que la banda tenía planeado traficar 13 mil kilos de marihuana, pero el 23 de septiembre último la Prefectura Naval Argentina (PNA) interceptó un cargamento de 700 kilos en Misiones.
Luego, el 15 de octubre GNA secuestró 12 paquetes con cocaína en dos encomiendas con un destinatario en Villa Lugano. El 23 de octubre, la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay incautó unos 10 mil kilos de marihuana en Pirapó y, el 4 de noviembre, la GNA descubrió otros 20 paquetes con cocaína en el peaje Santa Ana de la ruta nacional 12.
Para los investigadores, «la empresa criminal operó con permanencia en el tiempo y una marcada división de roles, al menos, desde octubre de 2019 hasta la fecha, valiéndose de los medios pertinentes para lograr su cometido».
Ante esta situación, quedaron imputados Rojas (en calidad de organizador y financista), Tamara Maciel, Walter Gómez, José Ruíz Díaz, Roberto Gómez, Oscar Rodríguez, Sergio Rolón, Sebastián Ochoa, Pablo Campos, Oscar Sánchez, Paula Aguirre y Pablo Hernán Jorge por el delito de «tráfico ilícito de cocaína y marihuana en sus diferentes etapas, desde su obtención a través de la República del Paraguay e ingreso al país, transporte y almacenamiento, hasta su comercialización a otros grupos delictivos».
Judiciales ⚖️
Condenaron al Pity Álvarez a 12 años, pero con domiciliaria y tobillera
El Tribunal Oral 29 lo consideró culpable de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, pero dispuso un arresto domiciliario provisional. Álvarez no escuchó el veredicto y la defensa de Javier Baños, que había calificado el juicio de ilegal, deberá designar el domicilio donde cumplirá la pena.
Pity Álvarez fue condenado a 12 años de prisión por el crimen de Cristian Díaz, aunque por ahora la cumplirá bajo arresto domiciliario y con tobillera electrónica. Lo resolvió este viernes el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 de la Ciudad de Buenos Aires, más de ocho años después del hecho.
Los jueces Gustavo Goerner (presidente), Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro consideraron a Cristian “Pity” Álvarez, ex líder de Viejas Locas e Intoxicados, culpable de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. A Cristian Maximiliano “Gringo” Díaz lo mataron el 12 de julio de 2018 en el complejo Cardenal Samoré, de Villa Lugano. Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer más adelante.
Domiciliaria, tobillera y un domicilio por definir
Según se informó durante la lectura del veredicto, la defensa, encabezada por el abogado y ex fiscal Javier Baños, debe designar el domicilio donde Álvarez cumplirá la pena, bajo la modalidad de arresto domiciliario provisional y con tobillera electrónica. Si se registra una violación de la prisión domiciliaria, la condena puede hacerse efectiva en una cárcel.
La tobillera no es una novedad en el expediente: en marzo de 2023, cuando ratificó la suspensión del debate, el propio Tribunal había ordenado retirarle la que tenía colocada y dispuso que la Justicia civil supervisara su tratamiento de rehabilitación.
Una silla vacía en la lectura
Álvarez, que permanece internado de manera involuntaria en la clínica psiquiátrica Solar Colonial, de Castelar, iba a presenciar el veredicto por videoconferencia, pero la transmisión solo mostró una silla vacía: no se conectó para escuchar la sentencia. Antes de que los jueces deliberaran había hablado por Zoom para sus últimas palabras: dijo que “me pareció un poco excesivo el alegato que presentó el fiscal” y agregó que no tenía nada más para decir.
Una pena a la medida de la querella
La condena quedó a solo 10 meses del pedido de la querella y a 6 años y 6 meses del que formuló la Fiscalía. El fiscal Sandro Abraldes había reclamado 18 años y 6 meses de prisión efectiva, mientras que el abogado Fabián Améndola, que representa a la familia de la víctima junto a Fernando Burlando, pidió 11 años y 2 meses con arresto domiciliario. Burlando había asegurado que Álvarez sería condenado.
La defensa había pedido la absolución por legítima defensa y, de manera subsidiaria, una condena por exceso en la legítima defensa. Baños, que actúa junto a Sebastián Queijeiro, calificó el proceso de “un juicio en ausencia, ilegal al 100%” y planteó la nulidad, y durante las réplicas tuvo un fuerte cruce con el Tribunal, cuyo presidente, Goerner, lo interrumpió.
Lo que tenés que saber
- El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 condenó a Álvarez a 12 años de prisión por el homicidio agravado por arma de fuego de Cristian Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018.
- La pena se cumplirá bajo arresto domiciliario provisional y con tobillera electrónica, en un domicilio que debe designar la defensa de Javier Baños; si se viola, la condena puede hacerse efectiva en una cárcel.
- Álvarez no escuchó el veredicto: la transmisión por videoconferencia solo mostró una silla vacía.
- El fiscal Abraldes había pedido 18 años y 6 meses de prisión; la querella, 11 años y 2 meses.
- Los fundamentos de la sentencia se conocerán más adelante.
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