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Causa Vialidad: la defensa busca probar que «la fiscalía mintió»

Entre los ejes que tendrán las presentaciones de los abogados que representan a los imputados están cuestionar la figura de la asociación ilícita y que la prueba producidad fue recortada intencionalmente. Un momento culmine podría darse si, como abogada, la vicepresidenta hacer uso de la palabra para ejercer como «defensora en causa propia».

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Por Ariel Zak

Los abogados defensores de la causa Vialidad trabajan por estas horas en los alegatos con los que intentarán probar que «la fiscalía mintió al recortar la prueba producida en el expediente», a la vez que atacarán las calificaciones elegidas para pedir la condena de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y los demás imputados por el supuesto direccionamiento de licitaciones de obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

El momento culmine de los alegatos defensistas podría darse cuando llegue el turno de los abogados que representan a la exmandataria: la expresidenta no descarta pedir que, dada su condición de abogada, se le permita hacer uso de la palabra para ejercer como «defensora en causa propia» y compartir así el tiempo con el letrado Carlos Beraldi.

«Vamos a desmontar cada acusación. Vamos a demostrar que a fiscalía mintió, que la prueba producida fue recortada intencionalmente, algo que los fiscales llegaron a hacer, incluso, con los testigos del juicio pedidos por la propia fiscalía», aseguró el abogado de uno de los doce imputados que adelantó que reproducirán en los alegatos las versiones completas de los testigos supuestamente editados.

Los abogados de los doce imputados trabajan cada uno por separado en la estrategia de sus respectivos representados pero también comparten información, en particular cuando detectan elementos que pueden ser útiles a la defensa del otro, a la hora de responder a los pedidos de pena de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, explicaron fuentes judiciales.

Cuestionamiento unánime

Será unánime el cuestionamiento a la calificación elegida por los fiscales a la hora de acusar: la figura de la asociación ilícita, que refiere a una «banda tres o más personas destinada a cometer delitos», fue creada para perseguir guerrilleros, es cuestionada a nivel nacional e internacional, y en este caso Luciani y Mola la utilizaron para definir el funcionamiento de todo un Gobierno.

«La asociación ilícita es una construcción imaginaria que desnuda la falta de pruebas. Como no pudieron acreditar los delitos recurrieron a la figura de la banda que se reúne para delinquir, pero acá no hubo asociación criminal sino actos de gobierno en un contexto en el que funcionó el Congreso y todos los organismos de control», resumió uno de los abogados consultados.

La figura elegida por los fiscales fue incluso apuntada por abogados ajenos a la causa pero que siguieron los alegatos, entre los que se encuentra el profesor de Derecho constitucional y derechos humanos de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de la Universidad de La Pampa (Unlpam), Andrés Gil Domínguez, cuyos trabajos además fueron citados por Luciani en el preludio al pedido de pena.

«Lo controversial de la acusación de los fiscales es que, en este caso, el plan criminal tuvo como soporte leyes de presupuesto sancionadas por el Congreso con el voto de oficialistas y opositores, decretos de necesidad y urgencia aprobados por el Congreso, órganos de control que fallaron sistemáticamente, reasignación de partidas presupuestarias dispuestas por distintos jefes de gabinete, pero sin embargo a dichas personas no se las consideran integrantes de la banda», cuestionó el jurista Gil Domínguez en un artículo publicado en el portal elDiario.Ar.

Estrategias individuales

Llegado el momento de ir a las obras y a los trámites en particular, cada defensor apuntará a desmontar aquellos hechos que se le imputan a su defendido, por lo que lo más probable es que la defensa de Fernández de Kirchner responda desde la óptica presidencial, que es la presupuestaria, mientras que la del empresario Lázaro Báez insumiría más tiempo en repasar cada una de las 51 obras cuestionadas.

La defensa de la expresidenta exhibirá las leyes de presupuesto del período 2004-2015 para refutar la afirmación de la fiscalía en relación a que 17 de las 51 obras investigadas en esta causa «no fueron incluidas» en ninguno de los presupuestos nacionales: se indicará qué denominación le dio a cada obra la Comisión de Presupuesto del Congreso, para que no queden dudas.

Habrá también cuestionamientos a los análisis de las obras que hizo la fiscalía y se recordará que en todas las instancias judiciales se les negó a las defensas la posibilidad de hacer un peritaje que abarque a las 51 obras públicas viales observadas en el marco de esta causa en la que se investiga si los gobiernos kirchneristas direccionaron licitaciones en favor de Báez.

Será recordado en los alegatos defensistas el momento en el que el fiscal Luciani mostró una foto de una ruta para la que había que hacer un terraplén de 188 centímetros por debajo de la traza de asfalto, y exclamó que esa ruta ni siquiera superaba en altura a la suela de un zapato.

Las defensas encuentran allí, cuanto menos, el error técnico de suponer que el terraplén debió haber sido una elevación de casi dos metros que hubiera generado un dique en la llanura patagónica, en lugar de analizar la posibilidad de que hubiera sido emplazado bajo la tierra.

Pero habrá más: la defensa de una de las partes encontró en los últimos días las fotos del desarrollo de la obra en las que se puede ver los detalles que pasó por alto la fiscalía; estaban entre las tres toneladas de prueba almacenadas en un edificio de la Armada.

El cronograma

La instancia de los alegatos defensistas comenzará el 5 de septiembre con el turno de la defensa del expresidente de la Administración General de Vialidad de la provincia de Santa Cruz, Hugo Garro, según comunicó a las partes el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 en los últimos días.

El tribunal asignó un máximo de tres audiencias a cada una de las defensas y dispuso un orden que deberá cumplirse de forma continua e inmediata, lo que significa que si alguna de las partes precisa menor cantidad de audiencias se continuará con quien le seguía en la lista.

La defensa de Garro ya avisó que utilizará solo una audiencia y lo mismo hizo la del exresponsable del Distrito N°23 «Santa Cruz» de la Dirección Nacional de Vialidad, Mauricio Collareda, que figura segundo en la lista.

¿Hablará Cristina?

En el sexto lugar del orden de alegatos defensistas figura el turno asignado para los representantes de Cristina Fernández de Kirchner y no está descartada la posibilidad de que la Vicepresidenta vuelva a pedir hacer uso de la palabra.

Días atrás, los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso le denegaron el pedido de ampliar su indagatoria luego de que la fiscalía la acusara por los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta, a pesar de que el Código Procesal Penal (CPP) establece en el artículo 380 que «en el curso del debate el imputado podrá efectuar todas las declaraciones que considere oportunas, siempre que se refieran a su defensa».

Esta vez la Vicepresidenta podría hacer valer su título de abogada e invocar el artículo 104 del CPP que reza que «el imputado tendrá derecho a hacerse defender por abogado de la matrícula de su confianza o por el defensor oficial» aunque «podrá también defenderse personalmente siempre que ello no perjudique la eficacia de la defensa y no obste a la normal sustanciación del proceso».

¿Volvería el tribunal a negarle el uso de la palabra?

DDHH

Sin señal de la ONU, “Cristina Libre” lleva a Washington la proscripción de CFK

El Comité de Derechos Humanos de la ONU cerró su período de sesiones sin resolver la cautelar de la defensa de Cristina Kirchner y tiene su próxima reunión en marzo de 2027. Taiana, Siley, Metaza y Rossi viajan igual a Washington y Nueva York del 9 al 13 de noviembre, con el triunfo demócrata en las legislativas de Estados Unidos como telón de fondo.

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Qué es "Cristina Libre", quiénes lo integran y su objetivo explícito de habilitarla para 2027.

La respuesta que el kirchnerismo esperaba de Ginebra no llegó. El Comité de Derechos Humanos de la ONU cerró el viernes 6 de noviembre su 146° período de sesiones sin pronunciarse sobre la cautelar que pidió la defensa de Cristina Fernández de Kirchner para suspender su inhabilitación perpetua, y su próxima reunión está prevista del 1 al 19 de marzo de 2027. Ante una consulta periodística, el propio organismo había advertido que una decisión sobre la admisibilidad y el fondo del asunto “suele tardar varios años”.

Con ese telón, una delegación del Comité Internacional “Cristina Libre” viaja de todos modos a Estados Unidos del 9 al 13 de noviembre. La integran el diputado nacional y excanciller Jorge Taiana, la diputada nacional y dirigente sindical Vanesa Siley, el parlamentario del Mercosur Franco Metaza y la economista Delfina Rossi. Según los organizadores, el eje será denunciar el debilitamiento del sistema democrático y la proscripción judicial de la expresidenta, y vincular el caso con el avance de las extremas derechas.

Una agenda entre juristas, universidades y fundaciones

Según la agenda que difundió el comité, la misión empieza el lunes 9 a las 18 con un encuentro con referentes de los Socialistas Demócratas de América (DSA), la comunidad migrante y activistas, en Washington y Maryland. El martes 10 a las 10, la delegación dialogará con juristas en el Washington College of Law de la American University. En Nueva York, el miércoles 11 a las 18 participará de una conferencia en The New School, y el jueves 12 a las 18:30 de un debate público en el CUNY Graduate Center. También prevé reuniones con Susan Segal, del Council of the Americas, con el Center for Economic and Policy Research, con fundaciones internacionales y con la red de organizaciones civiles CIVICUS.

El viaje tiene una paradoja que ningún comunicado menciona. Desde marzo de 2025, el Departamento de Estado le prohíbe a Cristina Kirchner el ingreso a Estados Unidos, con el argumento de su participación en importantes casos de corrupción. La dirigente cuya situación se denuncia en Washington no podría pisar suelo estadounidense, aun si la prisión domiciliaria se lo permitiera.

La condena y las condiciones de la domiciliaria

El punto de partida es la causa Vialidad. El 10 de junio de 2025, la Corte Suprema, con los votos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, dejó firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta. Desde entonces, la expresidenta cumple la pena en su departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, con tobillera electrónica, y está inhabilitada para competir en la elección presidencial de 2027.

Las visitas de personas ajenas a su núcleo familiar requieren autorización judicial previa y se limitan a dos por semana, de hasta dos horas cada una y con un máximo de tres personas por encuentro. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó ese régimen y el uso de la tobillera en junio de este año, al rechazar por mayoría el planteo de la defensa.

Los argumentos ante Naciones Unidas

El 29 de julio, los abogados Carlos Beraldi, Rafael Valim (brasileño) y Javier Borrego (español) presentaron una comunicación individual ante el Comité, en el marco del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Pidieron tres medidas cautelares: suspender la inhabilitación perpetua, restablecer la integración legal de la Corte Suprema (hoy con tres miembros, cuando deberían ser cinco) y modificar las condiciones de la domiciliaria, incluido el retiro de la tobillera y la eliminación de las restricciones de visitas.

La defensa sostiene que se le atribuyó a la expresidenta responsabilidad por actos administrativos que no le correspondían constitucionalmente, con la firma del Decreto 54/2009 como eje de la condena; que la composición reducida de la Corte impidió un examen independiente; y que un juez recusado intervino en la resolución de su propia recusación. En septiembre, el equipo sumó lo que presentó como nueva prueba: Beraldi aseguró que, de los fondos destinados a Vialidad durante la presidencia de Cristina Kirchner, lo asignado a Lázaro Báez era menos del 1%, dato que a su juicio desmiente que se haya buscado beneficiarlo.

El Comité no puede revocar sentencias de tribunales nacionales, pero la Argentina, como firmante del Pacto, está obligada a respetar sus normas. Valim sostuvo que, ante un eventual dictamen, ve más posibilidades de cumplimiento por la apertura del sistema jurídico argentino a las decisiones internacionales, y advirtió que, si el país no cumple, prevé una movilización social de gran magnitud. Lo planteó en la entrevista que el diario estadounidense The Washington Post publicó el 2 de noviembre, la primera que la expresidenta concedió a un medio internacional desde su condena. El antecedente que cita la defensa es el de Lula da Silva: en 2018 el Comité le pidió a Brasil que lo dejara competir mientras se revisaba su condena, pero el Tribunal Superior Electoral rechazó su candidatura, y en 2022 el organismo dictaminó a su favor.

El contexto que eligieron

El comité inscribe la gira en las elecciones de medio término del 3 de noviembre, en las que los demócratas lograron la mayoría en ambas cámaras del Congreso y Donald Trump perdió el control legislativo para los dos últimos años de su mandato. En la entrevista, la expresidenta había pronosticado esa derrota y había descripto a Trump como el hombre que más hizo por ayudar a las derechas a ganar en América Latina. Sobre una candidatura en 2027, dejó la puerta abierta: dijo que, cuando recupere sus derechos políticos, “¿por qué no?”.

Al día siguiente de la elección, Cristina Kirchner publicó en su cuenta de X “Beautiful morning!!!”, y la senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, le respondió con “Freedom is beautiful”. El cruce muestra hasta qué punto la situación judicial de la expresidenta pasó a ser un tema de la disputa política cotidiana entre oficialismo y oposición.

La hoja de ruta hacia 2027

La campaña “Cristina Libre” nació en 2025, inspirada en la experiencia de “Lula Livre”, con actos de lanzamiento en México, Brasil y Bolivia entre fines de julio y comienzos de agosto de ese año. Entre sus referentes figuran el exsenador Oscar Parrilli, el propio Taiana, el exsecretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla Corti, el ministro de Justicia bonaerense Juan Martín Mena y Metaza. Según consignó un medio local, el comité ya completó misiones en Brasil, México, Colombia, Paraguay, Uruguay, Italia, Francia y Bélgica.

El horizonte que se fijó el comité es que la expresidenta pueda competir en 2027, y el reloj corre en contra. Las elecciones generales están previstas para el 24 de octubre de ese año. En el entorno de Cristina Kirchner sostienen que, por tratarse de una cautelar, la respuesta de la ONU podría llegar antes de marzo, pero hasta ahora el organismo no dio ninguna señal pública en ese sentido.

Lo que tenés que saber

  • El Comité de Derechos Humanos de la ONU cerró el 6 de noviembre su período de sesiones sin resolver la cautelar de Cristina Kirchner y volverá a reunirse del 1 al 19 de marzo de 2027.
  • La delegación del Comité “Cristina Libre” (Taiana, Siley, Metaza y Rossi) estará en Washington y Nueva York del 9 al 13 de noviembre.
  • La defensa presentó el 29 de julio una comunicación ante el Comité y pidió tres cautelares, entre ellas suspender la inhabilitación perpetua.
  • La Corte Suprema dejó firme el 10 de junio de 2025 la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua en la causa Vialidad.
  • Los demócratas ganaron ambas cámaras del Congreso estadounidense el 3 de noviembre, contexto en el que el comité enmarca la gira.

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