Por Ariel Zak

Los abogados defensores de la causa Vialidad trabajan por estas horas en los alegatos con los que intentarán probar que «la fiscalía mintió al recortar la prueba producida en el expediente», a la vez que atacarán las calificaciones elegidas para pedir la condena de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y los demás imputados por el supuesto direccionamiento de licitaciones de obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

El momento culmine de los alegatos defensistas podría darse cuando llegue el turno de los abogados que representan a la exmandataria: la expresidenta no descarta pedir que, dada su condición de abogada, se le permita hacer uso de la palabra para ejercer como «defensora en causa propia» y compartir así el tiempo con el letrado Carlos Beraldi.

«Vamos a desmontar cada acusación. Vamos a demostrar que a fiscalía mintió, que la prueba producida fue recortada intencionalmente, algo que los fiscales llegaron a hacer, incluso, con los testigos del juicio pedidos por la propia fiscalía», aseguró el abogado de uno de los doce imputados que adelantó que reproducirán en los alegatos las versiones completas de los testigos supuestamente editados.

Los abogados de los doce imputados trabajan cada uno por separado en la estrategia de sus respectivos representados pero también comparten información, en particular cuando detectan elementos que pueden ser útiles a la defensa del otro, a la hora de responder a los pedidos de pena de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, explicaron fuentes judiciales.

Cuestionamiento unánime

Será unánime el cuestionamiento a la calificación elegida por los fiscales a la hora de acusar: la figura de la asociación ilícita, que refiere a una «banda tres o más personas destinada a cometer delitos», fue creada para perseguir guerrilleros, es cuestionada a nivel nacional e internacional, y en este caso Luciani y Mola la utilizaron para definir el funcionamiento de todo un Gobierno.

«La asociación ilícita es una construcción imaginaria que desnuda la falta de pruebas. Como no pudieron acreditar los delitos recurrieron a la figura de la banda que se reúne para delinquir, pero acá no hubo asociación criminal sino actos de gobierno en un contexto en el que funcionó el Congreso y todos los organismos de control», resumió uno de los abogados consultados.

La figura elegida por los fiscales fue incluso apuntada por abogados ajenos a la causa pero que siguieron los alegatos, entre los que se encuentra el profesor de Derecho constitucional y derechos humanos de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de la Universidad de La Pampa (Unlpam), Andrés Gil Domínguez, cuyos trabajos además fueron citados por Luciani en el preludio al pedido de pena.

«Lo controversial de la acusación de los fiscales es que, en este caso, el plan criminal tuvo como soporte leyes de presupuesto sancionadas por el Congreso con el voto de oficialistas y opositores, decretos de necesidad y urgencia aprobados por el Congreso, órganos de control que fallaron sistemáticamente, reasignación de partidas presupuestarias dispuestas por distintos jefes de gabinete, pero sin embargo a dichas personas no se las consideran integrantes de la banda», cuestionó el jurista Gil Domínguez en un artículo publicado en el portal elDiario.Ar.

Estrategias individuales

Llegado el momento de ir a las obras y a los trámites en particular, cada defensor apuntará a desmontar aquellos hechos que se le imputan a su defendido, por lo que lo más probable es que la defensa de Fernández de Kirchner responda desde la óptica presidencial, que es la presupuestaria, mientras que la del empresario Lázaro Báez insumiría más tiempo en repasar cada una de las 51 obras cuestionadas.

La defensa de la expresidenta exhibirá las leyes de presupuesto del período 2004-2015 para refutar la afirmación de la fiscalía en relación a que 17 de las 51 obras investigadas en esta causa «no fueron incluidas» en ninguno de los presupuestos nacionales: se indicará qué denominación le dio a cada obra la Comisión de Presupuesto del Congreso, para que no queden dudas.

Habrá también cuestionamientos a los análisis de las obras que hizo la fiscalía y se recordará que en todas las instancias judiciales se les negó a las defensas la posibilidad de hacer un peritaje que abarque a las 51 obras públicas viales observadas en el marco de esta causa en la que se investiga si los gobiernos kirchneristas direccionaron licitaciones en favor de Báez.

Será recordado en los alegatos defensistas el momento en el que el fiscal Luciani mostró una foto de una ruta para la que había que hacer un terraplén de 188 centímetros por debajo de la traza de asfalto, y exclamó que esa ruta ni siquiera superaba en altura a la suela de un zapato.

Las defensas encuentran allí, cuanto menos, el error técnico de suponer que el terraplén debió haber sido una elevación de casi dos metros que hubiera generado un dique en la llanura patagónica, en lugar de analizar la posibilidad de que hubiera sido emplazado bajo la tierra.

Pero habrá más: la defensa de una de las partes encontró en los últimos días las fotos del desarrollo de la obra en las que se puede ver los detalles que pasó por alto la fiscalía; estaban entre las tres toneladas de prueba almacenadas en un edificio de la Armada.

El cronograma

La instancia de los alegatos defensistas comenzará el 5 de septiembre con el turno de la defensa del expresidente de la Administración General de Vialidad de la provincia de Santa Cruz, Hugo Garro, según comunicó a las partes el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 en los últimos días.

El tribunal asignó un máximo de tres audiencias a cada una de las defensas y dispuso un orden que deberá cumplirse de forma continua e inmediata, lo que significa que si alguna de las partes precisa menor cantidad de audiencias se continuará con quien le seguía en la lista.

La defensa de Garro ya avisó que utilizará solo una audiencia y lo mismo hizo la del exresponsable del Distrito N°23 «Santa Cruz» de la Dirección Nacional de Vialidad, Mauricio Collareda, que figura segundo en la lista.

¿Hablará Cristina?

En el sexto lugar del orden de alegatos defensistas figura el turno asignado para los representantes de Cristina Fernández de Kirchner y no está descartada la posibilidad de que la Vicepresidenta vuelva a pedir hacer uso de la palabra.

Días atrás, los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso le denegaron el pedido de ampliar su indagatoria luego de que la fiscalía la acusara por los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta, a pesar de que el Código Procesal Penal (CPP) establece en el artículo 380 que «en el curso del debate el imputado podrá efectuar todas las declaraciones que considere oportunas, siempre que se refieran a su defensa».

Esta vez la Vicepresidenta podría hacer valer su título de abogada e invocar el artículo 104 del CPP que reza que «el imputado tendrá derecho a hacerse defender por abogado de la matrícula de su confianza o por el defensor oficial» aunque «podrá también defenderse personalmente siempre que ello no perjudique la eficacia de la defensa y no obste a la normal sustanciación del proceso».

¿Volvería el tribunal a negarle el uso de la palabra?