Judiciales ⚖️
Persecución política de Bullrich y Milei: exigen libertad para Alesia Abaigar
Un operativo policial, judicial y gubernamental mantiene presa a una militante por un hecho menor, evidenciando un clima de represión y persecución política.
Lo que tenés que saber
- Detuvieron a Alesia Abaigar por colocar un pasacalle y arrojar excremento frente a la casa del diputado Espert
- El operativo incluyó incomunicación, detenciones arbitrarias de su madre y un amigo, y actúa sin orden judicial clara
- El diputado Espert, conocido por pedir “cárcel o bala” a militantes kirchneristas, disparó la causa
- La jueza Arroyo Salgado rechazó la excarcelación pese a que Abaigar atraviesa serios problemas de salud
- Defensores de derechos humanos advierten sobre la utilización del Estado y la justicia contra voces críticas
Detención preventiva por una protesta mínima expone un clima represivo
Desde el miércoles, Alesia Abaigar está detenida por una protesta cuya magnitud se encuadra dentro de una contravención municipal. La acusación: colocar un pasacalle y arrojar excremento en la puerta de la casa del diputado José Luis Espert. Lejos de ser un incidente menor, el episodio derivó en un operativo coordinado entre el Poder Ejecutivo, a través de la ministra Patricia Bullrich, la Policía Federal y el aparato judicial bajo el presidente Javier Milei.
Incomunicación y detenciones colectivas
El operativo incluyó la detención simultánea de Alesia, su madre de 70 años y un amigo de la familia. Estuvieron varios días incomunicados y sin recibir citación o notificación formal de la causa en su contra. Este estilo de actuar—sin orden judicial visible y con detención de allegados—rige en regímenes con sesgo autoritario, que utilizan la incomunicación como método de intimidación.
El instigador de la exigencia penal: Espert y su discurso de violencia
José Luis Espert, conocido provocador y misógino, fue el impulsor de la denuncia. Como diputado nacional, llegó a exigir “cárcel o bala” para militantes kirchneristas y calificó de “gran puta” a Florencia Kirchner frente a cientos de personas. Tras una protesta simbólica, acudió a sus redes y apoyos en el poder para exigir y habilitar un montaje judicial.
Justicia reticente a excarcelar y cómplice del aparato represivo
Este sábado, la jueza Arroyo Salgado rechazó el pedido de excarcelación de Alesia, quien sufre problemas de salud crónicos. El reproche desde sectores de derechos humanos fue inmediato: aplicar prisión preventiva en un caso vacío de violencia o riesgo legítimo palpable es un signo de justicia utilizada como herramienta de represión política.
Reclamos por persecución política y recrudecimiento autoritario
Organismos de derechos humanos, referentes políticos y juristas cuestionan el accionar coordinado del Ejecutivo, la Policía y la Justicia. Afirman que se configura un patrón claro de persecución política selectiva contra mujeres y militantes opositoras. Solicitan la liberación inmediata de Abaigar y expresan preocupación por el rumbo que toma el sistema institucional frente a las protestas y disidencias políticas.
Judiciales ⚖️
La Corte Suprema de EEUU ratificó la condena a Trump por abuso sexual: Carroll cobró u$s 5,6 millones
El máximo tribunal estadounidense rechazó por segunda vez el pedido del presidente Donald Trump para reabrir el fallo civil que lo declaró responsable de abusar sexualmente y difamar a la escritora E. Jean Carroll. La condena de u$s 5,6 millones quedó firme y ya fue cobrada. Resta aún una segunda sentencia pendiente por u$s 83 millones.
La Corte Suprema de EEUU le cerró definitivamente la puerta a Donald Trump en el caso más emblemático de violencia sexual de su historial judicial. Este lunes, el máximo tribunal del país rechazó por segunda vez el pedido del presidente para reabrir el fallo civil que lo encontró responsable de abusar sexualmente y difamar a la escritora y excolumnista E. Jean Carroll. La condena de u$s 5,6 millones quedó ratificada y el dinero ya fue cobrado por Carroll, según confirmaron los registros judiciales.
El tribunal no emitió ningún fundamento para su decisión, ni se registraron votos en disidencia. La resolución es la derivación lógica de una acumulación de reveses legales que Trump no pudo revertir pese a ocupar la presidencia por segunda vez: primero fue un jurado, luego la justicia de apelaciones, luego la propia Corte Suprema en junio de 2026, y ahora nuevamente el mismo tribunal que rechazó su pedido de reconsideración.
Una historia de agresión que Trump nunca pudo desmentir
Carroll acusó a Trump de haberla agredido sexualmente en el probador de una tienda de lujo en la Quinta Avenida de Manhattan, a mediados de la década de 1990. Según su testimonio ante el Tribunal de Nueva York en abril de 2023, Trump la reconoció como la columnista del segmento «Pregúntale a E. Jean» de la revista Elle y la invitó en tono amistoso a que lo ayudara a elegir un regalo. Lo que comenzó como una situación descripta como «jocosa» derivó en una agresión en el probador: «Me empujó contra la pared. Seguí riendo, no estaba segura. No quería hacer una escena», declaró Carroll ante el jurado, que la escuchó referir los detalles de la penetración forzada. «Fue muy doloroso; todavía sentada aquí lo puedo sentir», afirmó.
Carroll llevó adelante dos demandas civiles separadas. La primera, presentada en 2022 bajo una ley de Nueva York que habilitó a víctimas de abuso sexual a reclamar por hechos del pasado, fue a juicio primero y culminó en mayo de 2023 con un jurado que declaró a Trump responsable de abuso sexual y difamación, y ordenó el pago de u$s 5 millones. La segunda demanda, presentada en 2019 por difamación, llegó a juicio en 2024 y el jurado ordenó una reparación adicional de u$s 83,3 millones.
La estrategia de Trump: la «persecución política» como escudo
La defensa de Trump construyó su estrategia sobre dos ejes: la negación de los hechos y la caracterización del proceso como un ataque de origen político. Sus abogados argumentaron ante la Corte Suprema que Carroll esperó más de veinte años para hacer pública la acusación, que no existieron testigos ni evidencia material, y que la demanda buscaba «maximizar el daño político» al entonces candidato. Trump describió en reiteradas oportunidades el caso como una «persecución», una «estafa» y una «cacería de brujas» financiada por sus adversarios demócratas.
Esa narrativa, sin embargo, no encontró eco en ninguna instancia judicial. El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito confirmó el veredicto de los u$s 5 millones, rechazó luego una revisión ampliada por el pleno de esa corte, y la Corte Suprema reiteró en agosto de 2026 lo que ya había decidido en junio: no hay nada que revisar. Un mes después de ese primer rechazo, según los registros judiciales, Carroll cobró el dinero depositado en una cuenta de fideicomiso judicial.
Una deuda mayor todavía pendiente: los u$s 83 millones
La partida judicial entre Trump y Carroll no concluye aquí. Aún resta definir la suerte del segundo veredicto, el de u$s 83,3 millones por difamación, que siguió una ruta procesal distinta y está en una etapa diferente. En mayo de 2026, un tribunal autorizó a Trump a retrasar ese pago mientras continúa su intento de llevar ese expediente ante la Corte Suprema. El 28 de julio, Trump formalizó esa petición y el máximo tribunal aún no resolvió si la acepta; la respuesta de Carroll tiene plazo hasta el 31 de agosto.
La distinción entre los dos casos es relevante: el de u$s 5,6 millones, hoy firme, corresponde al juicio iniciado en 2022 por la agresión física. El de u$s 83,3 millones corresponde al juicio de 2019 por las declaraciones públicas con las que Trump desmintió a Carroll y la trató de mentirosa. En ambos, Carroll demostró que la maquinaria del poder no alcanza para borrar la verdad de una agresión sexual.
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