El patrimonio de Adorni bajo la lupa judicial por inconsistencias

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, regresó este lunes al atril de la Casa Rosada en un clima de extrema tensión judicial. Mientras el Gobierno nacional intentó normalizar la actividad oficial con la reapertura de la sala de periodistas, el fiscal federal Gerardo Pollicita avanzó con nuevas medidas de prueba en la causa que investiga al funcionario por presunto enriquecimiento ilícito.

La jornada estuvo marcada por la declaración testimonial de Matías Tabar, el contratista responsable de las refacciones en la propiedad que Adorni adquirió a fines de 2024 en el country Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz. Según fuentes judiciales consultadas, la fiscalía busca determinar el valor real de las mejoras realizadas en la finca y contrastarlas con los ingresos declarados por el funcionario, tras detectarse cifras que resultan difíciles de justificar.

El nexo de las jubiladas y las propiedades de lujo

La investigación, delegada en la fiscalía por el juez Ariel Lijo, puso el foco sobre una ingeniería financiera sospechosa. El miércoles será el turno de declarar para Leandro Miano, señalado como el nexo organizador en la operación del departamento que el jefe de ministros posee en el barrio de Caballito. Esa propiedad, valuada en aproximadamente 230.000 dólares, fue adquirida mediante un préstamo hipotecario del 90 por ciento otorgado por dos jubiladas, Claudia Sbabo y Beatriz Viegas.

De acuerdo a las declaraciones previas de las mujeres ante la Justicia, ambas manifestaron no conocer personalmente al funcionario. Los investigadores intentan descifrar cómo dos ciudadanas de ese rango etario terminaron financiando una fortuna a un funcionario público. La sospecha de los peritos de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero (DAFI) se centra en múltiples inconsistencias patrimoniales detectadas en los últimos meses, donde los gastos y adquisiciones superan holgadamente la capacidad de ahorro declarada.

Vuelos familiares y denuncias por espionaje

A los activos inmobiliarios se sumó un nuevo frente: la ruta de los viajes al exterior y traslados internos. La Justicia investiga gastos superiores a 9 millones de pesos en un reciente viaje familiar a Bariloche, además de otros vuelos de carácter personal. Aunque Adorni aseguró que fueron pagados con fondos propios y se ajustan a la Ley de Ética Pública, el fiscal Pollicita ordenó requerimientos a compañías aéreas para obtener planes de vuelo y medios de pago.

En el plano político, el conflicto escaló tras la intervención del diputado nacional Rodolfo Tailhade, quien cuestionó el uso de custodia y autos oficiales por parte de la esposa del funcionario, Bettina Angeletti, para actividades privadas. Ante esto, el Gobierno anunció que denunciará al legislador por presunto espionaje ilegal, el mismo argumento utilizado para clausurar la sala de prensa de Balcarce 50 durante los últimos diez días.

Pese a los cuestionamientos y la imagen negativa del funcionario que, según algunos sondeos, ya superó el 70 por ciento, el Poder Ejecutivo ratificó su apoyo total al jefe de Gabinete. Sin embargo, el expediente continuará en etapa de instrucción durante todo mayo para determinar si existió una evolución patrimonial injustificada desde su asunción en diciembre de 2023.

Puntos clave:

• El contratista Matías Tabar declaró ante la fiscalía por las obras en el country Indio Cuá.
• Se investigan las inconsistencias en el préstamo de 200.000 dólares otorgado por dos jubiladas.
• La DAFI analiza valores patrimoniales que no coinciden con los haberes del funcionario.
• La Justicia rastrea el financiamiento de viajes familiares de lujo a Bariloche y al exterior.
• El Gobierno denunció por espionaje al diputado Rodolfo Tailhade tras sus críticas por el uso de recursos públicos.