Lawfare
El FdT denunció la intención de la Justicia de proscribir a Cristina
«Los alegatos de los fiscales, por más mediáticos que sean, no son pruebas. Pruebas, no tienen ninguna. Esta causa solo tiene el objetivo de proscribir a @CFKArgentina», sostuvo el ministro del Interior, Eduardo de Pedro.
Funcionarios nacionales, gobernadores, legisladores y dirigentes del Frente de Todos (FdT) expresaron hoy su «solidaridad» con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ante el «hostigamiento político, judicial y mediático» en el juicio por la obra pública en Santa Cruz que, consideraron, tiene el único fin de «proscribir» o «condicionar políticamente» a la exmandataria.
«Los alegatos de los fiscales, por más mediáticos que sean, no son pruebas. Pruebas, no tienen ninguna. Esta causa solo tiene el objetivo de proscribir a @CFKArgentina», escribió el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, en Twitter.
Los pronunciamientos se conocieron mientras se desarrollaba la última audiencia del alegato de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en el juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015, en los tribunales de Comodoro Py.
«En estos 40 años, los argentinos y argentinas hemos consolidado con esfuerzo nuestra democracia. No retrocedamos», pidió De Pedro en sus tuits, a los que adjuntó un posteo de la Vicepresidenta.
Fernández de Kirchner también se pronunció hoy en Twitter y dijo que «ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de Iguacel; los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas».
El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, aseveró que «hoy estamos viendo como parte del poder judicial está queriendo proscribir a @CFKArgentina».
«La Argentina se merece una Justicia independiente. Es imperioso para nuestro sistema democrático no dejar pasar esta persecución política», remarcó.
Para el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, la «falta de pruebas contra @CFKArgentina muestra que existe una persecución política en marcha» y además señaló que «esas prácticas no deben ser parte de nuestra democracia».
«Repudiamos la persecución judicial y política a @CFKArgentina, quien cambió la historia de nuestro país para transformar la vida y la educación de millones de argentinos», expresó el titular de Educación, Jaime Perczyk.
El canciller Santiago Cafiero aseguró que con esa causa «quieren proscribir» a la expresidenta. «La extrema derecha en América latina es antidemocrática. Lo hicieron con Perón y recientemente con líderes populares de la región», alertó el canciller, citando como casos a los exmandatarios Evo Morales (Bolivia) y a Luis Inácio Lula da Silva (Brasil). Además, indicó que «nuestros pueblos son justos: no abandonan a quienes se la juegan por ellos».
«Basta de persecución. Basta de ‘lawfare’. Todos con Cristina», posteó en Twitter el mandatario bonaerense, Axel Kicillof, mientras el riojano Ricardo Quintela habló de la existencia de «manifiesta parcialidad de los fiscales y jueces en contra de Cristina Fernández de Kirchner», en este juicio.
«Jueces y fiscales asociados a la trama corporativa, buscan ofrecer como logro de su accionar la condena sin pruebas de @CFKArgentina, al establishment del siempre privilegiado grupo de poderoso», escribió Quintela.
La gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, señaló que «una parte del poder judicial quiere proscribir a @CFKArgentina como lo hicieron con Lula y otros».
«Arman causas sin pruebas para disciplinarla por trabajar en beneficio del pueblo argentino. Exigimos el fin de la persecución, vivamos en democracia», dijo.
La vicegobernadora de Buenos Aires, Verónica Magario; el jefe de Gabinete de Ministros bonaerense, Martín Insaurralde, y el ministro de salud de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, manifestaron su rechazo a la persecución judicial contra la vicepresidenta y su respaldo en este momento.
«Rechazo la persecución judicial contra @CFKArgentina, que atenta también contra las reglas claras de nuestra democracia, y ratifico mi solidaridad y acompañamiento a quien le cambió la vida a millones de argentinos y argentinas con sus políticas públicas», agregó Insaurralde enTwitter.
El ministro de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, expresó que «con Cristina no se jode» y agregó: «Cristina contra el poder, en el medio no hay nada».
El diputado nacional del Frente de Todos Leopoldo Moreau señaló que el juicio es «un gran operativo de persecución política contra Cristina Kirchner» y que «el pueblo movilizado pacíficamente se encargará de defender el Estado de Derecho».
Desde los bloques de diputados y senadores del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires repudiaron «la persecución judicial» contra Cristina Kirchner. Aseguraron que la causa Vialidad «es un episodio más del hostigamiento político, judicial y mediático que se lleva adelante en forma coordinada en nuestro país y en Latinoamérica desde el año 2015».
«En el caso de nuestra Vicepresidenta, esta práctica tiene un claro objetivo: proscribirla políticamente», sostuvieron.
Los diputados nacionales del Frente de Todos ratificaron en un comunicado su «solidaridad con la compañera vicepresidenta» y repudiaron «toda utilización del Poder Judicial como mecanismo de persecución de dirigentes políticos y sociales».
«La compañera Cristina, desde hace años, es víctima de espurias estrategias y en las próximas horas tendremos nuevos episodios de una larga historia de persecución», expresaron los legisladores.
Afirmaron que el objetivo es «condicionar políticamente a una de las referentes más importantes del movimiento nacional y popular de la historia argentina».
Los senadores nacionales del FdT aseguraron que existe una «persecución política» contra la Vicepresidenta que proviene de «una parte de la Justicia».
En un comunicado, el bloque que encabeza el formoseño José Mayans expresó que esto se lleva a cabo «en complicidad con los grandes grupos mediáticos, con el fin de desprestigiar, dañar la imagen y sacar de circulación a distintos referentes nacionales y populares».
«Nuestro interbloque se solidariza con la compañera Cristina Fernández de Kirchner, quien desde hace años viene sufriendo una embestida mediática-judicial a partir de falsas denuncias, sin que existan pruebas fehacientes y sin que se le permita ejercer con plenitud su derecho de defensa», precisaron.
Teresa García, presidenta del bloque de senadores bonaerenses del FDT dijo que «no es algo contra» ella (la Vicepresidenta) sino que «vienen por el peronismo».
Intendentes bonaerenses del FdT también hicieron llegar sus palabras de apoyo a Fernández de Kirchner a través de Twitter.
«La condena está escrita por el Partido judicial macrista. Como a Perón, quieren proscribirla, por su inteligencia y su coraje para darle dignidad a lxs trabajadores y enfrentar al poder real que ganan a costa del hambre de nuestro Pueblo», evaluó la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.
También el jefe comunal de La Matanza, Fernando Espinoza manifestó su apoyo y afirmó que «no vamos a permitir que se dañe nuestra democracia que tanto esfuerzo nos costó recuperar».
«Cristina es sinónimo de más derechos populares e igualdad. Eso molesta mucho a las minorías privilegiadas que buscan su proscripción», indicó.
Denuncia
Kicillof exigió investigar a los autores intelectuales del atentado contra Cristina: “La causa no arrojó ningún resultado”
El gobernador bonaerense cuestionó desde sus redes sociales la falta de avances judiciales en la causa por el atentado a Cristina Fernández de Kirchner y reclamó que se investigue a los responsables ideológicos. Mientras los autores materiales cumplen condena, la pregunta sobre quién ordenó el ataque permanece sin respuesta judicial a cuatro años del hecho.
Al cumplirse cuatro años del intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, calificó de «realmente grave» que la investigación judicial no haya determinado quiénes fueron los autores intelectuales del ataque. A través de una publicación en la red social X, el mandatario bonaerense vinculó la impunidad del atentado con la actual situación de la expresidenta, que cumple prisión domiciliaria en el barrio porteño de Constitución por su condena en la causa Vialidad.
«Es realmente grave que a cuatro años del intento de asesinato a Cristina Kirchner la investigación no haya arrojado ningún resultado sobre los autores intelectuales. Hoy Cristina continúa injustamente detenida y el intento de asesinato que sufrió sigue impune. Son dos caras de una misma moneda: un plan para disciplinar al campo popular y amedrentar a todos los que quieran representar a nuestro pueblo«, sostuvo Kicillof en su publicación.
Un atentado con condenas parciales y una causa trunca
El 1° de septiembre de 2022, Fernando Sabag Montiel apuntó una pistola Bersa calibre .32 a centímetros de la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner, entonces vicepresidenta de la Nación, y accionó el gatillo frente a su domicilio en el barrio de Recoleta. El disparo no se produjo por una falla en la munición; el arma estaba apta para el disparo, según confirmó la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP). Sabag Montiel fue reducido por civiles presentes en la concentración.
En octubre de 2025, el Tribunal Oral Federal N° 6, integrado por los jueces Adrián Grünberg, Ignacio Fornari y Sabrina Namer, condenó a Sabag Montiel a 10 años de prisión como autor material del intento de homicidio; pena que, unificada con condenas previas, ascendió a 14 años. Su entonces pareja, Brenda Uliarte, recibió 8 años como partícipe necesaria, elevados a 8 años y 2 meses por unificación. Un tercer acusado, Gabriel Nicolás Carrizo, fue absuelto. Las fiscales Gabriela Baigún y Mariela Labozzetta recurrieron la sentencia ante la Cámara Federal de Casación Penal, reclamando penas de 15 y 14 años respectivamente, y solicitando la aplicación de la agravante de femicidio, que ese tribunal deberá definir.
Lo que el juicio oral no resolvió, sin embargo, es lo que la política sigue reclamando: quiénes pudieron haber instigado el ataque, si existió financiamiento externo y cuál fue el entramado que hizo posible que un arma cargada llegara a 20 centímetros del rostro de la entonces vicepresidenta. Una de las líneas que mayor repercusión alcanzó durante la investigación fue la denominada «pista Milman», vinculada al exdiputado Gerardo Milman; pero esa hipótesis quedó fuera del debate oral y no fue acreditada judicialmente en las condenas dictadas.
«Dos caras de una misma moneda»
La lectura política de Kicillof anuda dos situaciones que considera parte de un mismo proceso: el atentado y la condena judicial de Fernández de Kirchner. La expresidenta cumple prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111, en el barrio de Constitución, por la sentencia a seis años e inhabilitación perpetua dictada en la causa Vialidad, una condena que el kirchnerismo y amplios sectores del campo popular califican como resultado del lawfare, es decir, la utilización del sistema judicial como herramienta de persecución política.
Kicillof no participó del acto de conmemoración organizado frente al domicilio de la expresidenta, donde el principal orador fue Máximo Kirchner, en el marco de una jornada en la que más de veinte fuerzas políticas firmaron un documento conjunto titulado «La democracia no admite la eliminación del adversario». Su adhesión al aniversario se circunscribió al mensaje publicado en sus redes sociales, en el que concluyó: «Seguimos exigiendo que se haga justicia».
La pregunta que la Justicia no responde
El planteo de Kicillof apunta al corazón de una causa que, cuatro años después, sigue abierta en su tramo más sensible. Los responsables materiales fueron juzgados y condenados; la existencia de una estructura política o económica detrás del ataque no quedó acreditada judicialmente, aunque tampoco fue descartada de manera concluyente por la instrucción. La investigación sobre eventuales instigadores o financistas del atentado permanece sin avances concretos y sin imputados en ese tramo de la causa.
En ese contexto, el reclamo que confluye desde el campo popular en este cuarto aniversario no es solo por el esclarecimiento de un hecho del pasado: es también una advertencia sobre la impunidad como señal política, sobre qué mensaje envía una democracia que condena al ejecutor pero no investiga con la misma energía a quienes pudieron haberlo enviado.
Puntos clave
- El 1° de septiembre de 2022, Fernando Sabag Montiel apuntó y accionó el gatillo de una pistola Bersa calibre .32 a centímetros de la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner; el disparo no se produjo por una falla en la munición.
- El Tribunal Oral Federal N° 6 condenó en octubre de 2025 a Sabag Montiel a 14 años de prisión (unificados) y a Brenda Uliarte a 8 años y 2 meses; Carrizo fue absuelto.
- Kicillof calificó de «realmente grave» que cuatro años después la causa no haya determinado quiénes fueron los autores intelectuales del ataque.
- La Cámara Federal de Casación Penal debe resolver el recurso de la fiscalía, que pide elevar las penas y aplicar la agravante de femicidio.
- La investigación sobre eventuales instigadores o financistas del atentado permanece abierta y sin imputados concretos en ese tramo.
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