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Lawfare

El FdT denunció la intención de la Justicia de proscribir a Cristina

«Los alegatos de los fiscales, por más mediáticos que sean, no son pruebas. Pruebas, no tienen ninguna. Esta causa solo tiene el objetivo de proscribir a @CFKArgentina», sostuvo el ministro del Interior, Eduardo de Pedro.

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Funcionarios nacionales, gobernadores, legisladores y dirigentes del Frente de Todos (FdT) expresaron hoy su «solidaridad» con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ante el «hostigamiento político, judicial y mediático» en el juicio por la obra pública en Santa Cruz que, consideraron, tiene el único fin de «proscribir» o «condicionar políticamente» a la exmandataria.

«Los alegatos de los fiscales, por más mediáticos que sean, no son pruebas. Pruebas, no tienen ninguna. Esta causa solo tiene el objetivo de proscribir a @CFKArgentina», escribió el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, en Twitter.

Los pronunciamientos se conocieron mientras se desarrollaba la última audiencia del alegato de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en el juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015, en los tribunales de Comodoro Py.

«En estos 40 años, los argentinos y argentinas hemos consolidado con esfuerzo nuestra democracia. No retrocedamos», pidió De Pedro en sus tuits, a los que adjuntó un posteo de la Vicepresidenta.

Fernández de Kirchner también se pronunció hoy en Twitter y dijo que «ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de Iguacel; los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas».

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, aseveró que «hoy estamos viendo como parte del poder judicial está queriendo proscribir a @CFKArgentina».

«La Argentina se merece una Justicia independiente. Es imperioso para nuestro sistema democrático no dejar pasar esta persecución política», remarcó.

Para el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, la «falta de pruebas contra @CFKArgentina muestra que existe una persecución política en marcha» y además señaló que «esas prácticas no deben ser parte de nuestra democracia».

«Repudiamos la persecución judicial y política a @CFKArgentina, quien cambió la historia de nuestro país para transformar la vida y la educación de millones de argentinos», expresó el titular de Educación, Jaime Perczyk.

El canciller Santiago Cafiero aseguró que con esa causa «quieren proscribir» a la expresidenta. «La extrema derecha en América latina es antidemocrática. Lo hicieron con Perón y recientemente con líderes populares de la región», alertó el canciller, citando como casos a los exmandatarios Evo Morales (Bolivia) y a Luis Inácio Lula da Silva (Brasil). Además, indicó que «nuestros pueblos son justos: no abandonan a quienes se la juegan por ellos».

«Basta de persecución. Basta de ‘lawfare’. Todos con Cristina», posteó en Twitter el mandatario bonaerense, Axel Kicillof, mientras el riojano Ricardo Quintela habló de la existencia de «manifiesta parcialidad de los fiscales y jueces en contra de Cristina Fernández de Kirchner», en este juicio.

«Jueces y fiscales asociados a la trama corporativa, buscan ofrecer como logro de su accionar la condena sin pruebas de @CFKArgentina, al establishment del siempre privilegiado grupo de poderoso», escribió Quintela.

La gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, señaló que «una parte del poder judicial quiere proscribir a @CFKArgentina como lo hicieron con Lula y otros».

«Arman causas sin pruebas para disciplinarla por trabajar en beneficio del pueblo argentino. Exigimos el fin de la persecución, vivamos en democracia», dijo.

La vicegobernadora de Buenos Aires, Verónica Magario; el jefe de Gabinete de Ministros bonaerense, Martín Insaurralde, y el ministro de salud de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, manifestaron su rechazo a la persecución judicial contra la vicepresidenta y su respaldo en este momento.

«Rechazo la persecución judicial contra @CFKArgentina, que atenta también contra las reglas claras de nuestra democracia, y ratifico mi solidaridad y acompañamiento a quien le cambió la vida a millones de argentinos y argentinas con sus políticas públicas», agregó Insaurralde enTwitter.

El ministro de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, expresó que «con Cristina no se jode» y agregó: «Cristina contra el poder, en el medio no hay nada».

El diputado nacional del Frente de Todos Leopoldo Moreau señaló que el juicio es «un gran operativo de persecución política contra Cristina Kirchner» y que «el pueblo movilizado pacíficamente se encargará de defender el Estado de Derecho».

Desde los bloques de diputados y senadores del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires repudiaron «la persecución judicial» contra Cristina Kirchner. Aseguraron que la causa Vialidad «es un episodio más del hostigamiento político, judicial y mediático que se lleva adelante en forma coordinada en nuestro país y en Latinoamérica desde el año 2015».

«En el caso de nuestra Vicepresidenta, esta práctica tiene un claro objetivo: proscribirla políticamente», sostuvieron.

Los diputados nacionales del Frente de Todos ratificaron en un comunicado su «solidaridad con la compañera vicepresidenta» y repudiaron «toda utilización del Poder Judicial como mecanismo de persecución de dirigentes políticos y sociales».

«La compañera Cristina, desde hace años, es víctima de espurias estrategias y en las próximas horas tendremos nuevos episodios de una larga historia de persecución», expresaron los legisladores.

Afirmaron que el objetivo es «condicionar políticamente a una de las referentes más importantes del movimiento nacional y popular de la historia argentina».

Los senadores nacionales del FdT aseguraron que existe una «persecución política» contra la Vicepresidenta que proviene de «una parte de la Justicia».

En un comunicado, el bloque que encabeza el formoseño José Mayans expresó que esto se lleva a cabo «en complicidad con los grandes grupos mediáticos, con el fin de desprestigiar, dañar la imagen y sacar de circulación a distintos referentes nacionales y populares».

«Nuestro interbloque se solidariza con la compañera Cristina Fernández de Kirchner, quien desde hace años viene sufriendo una embestida mediática-judicial a partir de falsas denuncias, sin que existan pruebas fehacientes y sin que se le permita ejercer con plenitud su derecho de defensa», precisaron.

Teresa García, presidenta del bloque de senadores bonaerenses del FDT dijo que «no es algo contra» ella (la Vicepresidenta) sino que «vienen por el peronismo».

Intendentes bonaerenses del FdT también hicieron llegar sus palabras de apoyo a Fernández de Kirchner a través de Twitter.

«La condena está escrita por el Partido judicial macrista. Como a Perón, quieren proscribirla, por su inteligencia y su coraje para darle dignidad a lxs trabajadores y enfrentar al poder real que ganan a costa del hambre de nuestro Pueblo», evaluó la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.

También el jefe comunal de La Matanza, Fernando Espinoza manifestó su apoyo y afirmó que «no vamos a permitir que se dañe nuestra democracia que tanto esfuerzo nos costó recuperar».

«Cristina es sinónimo de más derechos populares e igualdad. Eso molesta mucho a las minorías privilegiadas que buscan su proscripción», indicó.

DDHH

Sin señal de la ONU, “Cristina Libre” lleva a Washington la proscripción de CFK

El Comité de Derechos Humanos de la ONU cerró su período de sesiones sin resolver la cautelar de la defensa de Cristina Kirchner y tiene su próxima reunión en marzo de 2027. Taiana, Siley, Metaza y Rossi viajan igual a Washington y Nueva York del 9 al 13 de noviembre, con el triunfo demócrata en las legislativas de Estados Unidos como telón de fondo.

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Qué es "Cristina Libre", quiénes lo integran y su objetivo explícito de habilitarla para 2027.

La respuesta que el kirchnerismo esperaba de Ginebra no llegó. El Comité de Derechos Humanos de la ONU cerró el viernes 6 de noviembre su 146° período de sesiones sin pronunciarse sobre la cautelar que pidió la defensa de Cristina Fernández de Kirchner para suspender su inhabilitación perpetua, y su próxima reunión está prevista del 1 al 19 de marzo de 2027. Ante una consulta periodística, el propio organismo había advertido que una decisión sobre la admisibilidad y el fondo del asunto “suele tardar varios años”.

Con ese telón, una delegación del Comité Internacional “Cristina Libre” viaja de todos modos a Estados Unidos del 9 al 13 de noviembre. La integran el diputado nacional y excanciller Jorge Taiana, la diputada nacional y dirigente sindical Vanesa Siley, el parlamentario del Mercosur Franco Metaza y la economista Delfina Rossi. Según los organizadores, el eje será denunciar el debilitamiento del sistema democrático y la proscripción judicial de la expresidenta, y vincular el caso con el avance de las extremas derechas.

Una agenda entre juristas, universidades y fundaciones

Según la agenda que difundió el comité, la misión empieza el lunes 9 a las 18 con un encuentro con referentes de los Socialistas Demócratas de América (DSA), la comunidad migrante y activistas, en Washington y Maryland. El martes 10 a las 10, la delegación dialogará con juristas en el Washington College of Law de la American University. En Nueva York, el miércoles 11 a las 18 participará de una conferencia en The New School, y el jueves 12 a las 18:30 de un debate público en el CUNY Graduate Center. También prevé reuniones con Susan Segal, del Council of the Americas, con el Center for Economic and Policy Research, con fundaciones internacionales y con la red de organizaciones civiles CIVICUS.

El viaje tiene una paradoja que ningún comunicado menciona. Desde marzo de 2025, el Departamento de Estado le prohíbe a Cristina Kirchner el ingreso a Estados Unidos, con el argumento de su participación en importantes casos de corrupción. La dirigente cuya situación se denuncia en Washington no podría pisar suelo estadounidense, aun si la prisión domiciliaria se lo permitiera.

La condena y las condiciones de la domiciliaria

El punto de partida es la causa Vialidad. El 10 de junio de 2025, la Corte Suprema, con los votos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, dejó firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta. Desde entonces, la expresidenta cumple la pena en su departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, con tobillera electrónica, y está inhabilitada para competir en la elección presidencial de 2027.

Las visitas de personas ajenas a su núcleo familiar requieren autorización judicial previa y se limitan a dos por semana, de hasta dos horas cada una y con un máximo de tres personas por encuentro. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó ese régimen y el uso de la tobillera en junio de este año, al rechazar por mayoría el planteo de la defensa.

Los argumentos ante Naciones Unidas

El 29 de julio, los abogados Carlos Beraldi, Rafael Valim (brasileño) y Javier Borrego (español) presentaron una comunicación individual ante el Comité, en el marco del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Pidieron tres medidas cautelares: suspender la inhabilitación perpetua, restablecer la integración legal de la Corte Suprema (hoy con tres miembros, cuando deberían ser cinco) y modificar las condiciones de la domiciliaria, incluido el retiro de la tobillera y la eliminación de las restricciones de visitas.

La defensa sostiene que se le atribuyó a la expresidenta responsabilidad por actos administrativos que no le correspondían constitucionalmente, con la firma del Decreto 54/2009 como eje de la condena; que la composición reducida de la Corte impidió un examen independiente; y que un juez recusado intervino en la resolución de su propia recusación. En septiembre, el equipo sumó lo que presentó como nueva prueba: Beraldi aseguró que, de los fondos destinados a Vialidad durante la presidencia de Cristina Kirchner, lo asignado a Lázaro Báez era menos del 1%, dato que a su juicio desmiente que se haya buscado beneficiarlo.

El Comité no puede revocar sentencias de tribunales nacionales, pero la Argentina, como firmante del Pacto, está obligada a respetar sus normas. Valim sostuvo que, ante un eventual dictamen, ve más posibilidades de cumplimiento por la apertura del sistema jurídico argentino a las decisiones internacionales, y advirtió que, si el país no cumple, prevé una movilización social de gran magnitud. Lo planteó en la entrevista que el diario estadounidense The Washington Post publicó el 2 de noviembre, la primera que la expresidenta concedió a un medio internacional desde su condena. El antecedente que cita la defensa es el de Lula da Silva: en 2018 el Comité le pidió a Brasil que lo dejara competir mientras se revisaba su condena, pero el Tribunal Superior Electoral rechazó su candidatura, y en 2022 el organismo dictaminó a su favor.

El contexto que eligieron

El comité inscribe la gira en las elecciones de medio término del 3 de noviembre, en las que los demócratas lograron la mayoría en ambas cámaras del Congreso y Donald Trump perdió el control legislativo para los dos últimos años de su mandato. En la entrevista, la expresidenta había pronosticado esa derrota y había descripto a Trump como el hombre que más hizo por ayudar a las derechas a ganar en América Latina. Sobre una candidatura en 2027, dejó la puerta abierta: dijo que, cuando recupere sus derechos políticos, “¿por qué no?”.

Al día siguiente de la elección, Cristina Kirchner publicó en su cuenta de X “Beautiful morning!!!”, y la senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, le respondió con “Freedom is beautiful”. El cruce muestra hasta qué punto la situación judicial de la expresidenta pasó a ser un tema de la disputa política cotidiana entre oficialismo y oposición.

La hoja de ruta hacia 2027

La campaña “Cristina Libre” nació en 2025, inspirada en la experiencia de “Lula Livre”, con actos de lanzamiento en México, Brasil y Bolivia entre fines de julio y comienzos de agosto de ese año. Entre sus referentes figuran el exsenador Oscar Parrilli, el propio Taiana, el exsecretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla Corti, el ministro de Justicia bonaerense Juan Martín Mena y Metaza. Según consignó un medio local, el comité ya completó misiones en Brasil, México, Colombia, Paraguay, Uruguay, Italia, Francia y Bélgica.

El horizonte que se fijó el comité es que la expresidenta pueda competir en 2027, y el reloj corre en contra. Las elecciones generales están previstas para el 24 de octubre de ese año. En el entorno de Cristina Kirchner sostienen que, por tratarse de una cautelar, la respuesta de la ONU podría llegar antes de marzo, pero hasta ahora el organismo no dio ninguna señal pública en ese sentido.

Lo que tenés que saber

  • El Comité de Derechos Humanos de la ONU cerró el 6 de noviembre su período de sesiones sin resolver la cautelar de Cristina Kirchner y volverá a reunirse del 1 al 19 de marzo de 2027.
  • La delegación del Comité “Cristina Libre” (Taiana, Siley, Metaza y Rossi) estará en Washington y Nueva York del 9 al 13 de noviembre.
  • La defensa presentó el 29 de julio una comunicación ante el Comité y pidió tres cautelares, entre ellas suspender la inhabilitación perpetua.
  • La Corte Suprema dejó firme el 10 de junio de 2025 la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua en la causa Vialidad.
  • Los demócratas ganaron ambas cámaras del Congreso estadounidense el 3 de noviembre, contexto en el que el comité enmarca la gira.

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