El jurista español Baltasar Garzón aseguró este jueves que no hay «pruebas sólidas» que fundamenten la sentencia que recibió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la Causa Vialidad, en la que fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, y señaló que es «como una sentencia de muerte civil política» que tiene como objetivo «acabar con el oponente político».

En declaraciones radiales, Garzón también se refirió al intento de magnicidio a la Vicepresidenta y consideró que «a lo largo de la historia hubo grandes magnicidios que decían que habían sido fruto de una mente perturbada o una acción criminal concreta exclusivamente». «Normalmente tiempo después se descubre que no era así», añadió.

Por esa razón, advirtió que el intento de asesinato de la ex presidenta no debe «frivolizarse» ya que se trata del «mayor atentado en el estado de derecho» y sostuvo que hay que llevar adelante «una investigación judicial con seriedad» para esclarecer lo sucedido.

Respecto a la causa Vialidad, consideró que «se busca acabar con el crédito político de la Vicepresidenta» y resaltó que «es como una muerte civil política».

«Buscan acabar con el oponente político y la utilización del derecho a través de la judicialización de la política es un elemento más de la persecución. Lo verificamos en las 1.600 paginas de los fundamentos», afirmó Garzón.

El jurista sostuvo que la causa Vialidad «se basa en una serie de argumentos que, si bien podrían servir para iniciar una investigación, a lo largo de la misma han ido desvirtuándose y quedando vacíos de contenido».

«No podemos decir que es una sentencia congruente si no se apoya en pruebas solidas. En la causa Vialidad se habla de indicios, pero eso tiene que volverse prueba porque sino es una presunción. Esta sentencia no tiene algún hecho contrastado cabal que nos conduzca a afirmar que Cristina Kirchner formó parte de esa supuesta empresa criminal», subrayó.

En tanto, el magistrado español advirtió que los jueces utilizaron «expresiones impropias de una sentencia judicial» que se asemejan a un «alegato político» y consideró que existe «una persecución política a través de la instrumentalización del derecho con el apoyo mediático y de servicios de inteligencia». «Hablan de enriquecimiento ilícito, pero no muestran dónde está ese enriquecimiento», remarcó.

Por otro lado, sostuvo que «es inaceptable» que existan reuniones como la que se llevó a cabo en Lago Escondido que realizaron jueces federales, funcionarios porteños, ex agentes de inteligencia y directivos del Grupo Clarín.

«El poder dentro del Poder Judicial nunca puede ser corporativo. Esta situación tendría que ser investigada y sancionada por el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema, pero el problema es que precisamente esa instancia judicial y disciplinaria esta altamente cuestionada y sometida a juicio político», apuntó.

En tanto, consideró que «solo la transparencia acabaría con esta situación» y llamó a «liberar la suciedad para que los ciudadanos y ciudadanas puedan volver a creer en el Poder Judicial».

Por último, planteó que la lucha por los derechos humanos «tiene que ser una lucha renovada y permanente» y que «no podemos quedarnos con los hitos consolidados porque eso puede cambiar en cualquier momento».