Denuncia
Juicio a la Corte: aprueban cronograma para citar a testigos
También se abrió el sumario. Las medidas fueron aprobadas con el apoyo del oficialismo y el rechazo de la oposición macrista. La nueva polémica que estalló durante el debate sobre el presunto mal desempeño de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados aprobó este jueves, en su cuarta jornada de reuniones, un cronograma para la citación de testigos en el procedimiento que tramita contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, tras un debate que se extendió por más de tres horas.
La decisión se adoptó con el apoyo del oficialismo y el rechazo de la oposición en la reunión de la comisión presidida por la diputada del Frente de Todos (FdT), Carolina Gaillard, en la que también se dio inicio a la apertura del sumario para acumular pruebas que sostengan la acusación contra los jueces y la ampliación de pedidos de pruebas.
La comisión estableció un cronograma que prevé que en la próxima reunión del jueves 23 se cite como testigo a Cristian Abrita, extitular de la secretaria judicial N5; Sergio Rubén Romero, subdirector de Gestión Interna y Habilitación dependiente de la Secretaría General de la Administración; y Silenio Rómulo Cárdenas Ponce Ruiz, secretaria judicial Nª 2 Previsional.

También se citará a Alejandro Rodríguez, secretario de Juicios Originarios; Roberto Saggese y Adriana Valinotti, de la vocalía del magistrado Rosatti; Mario Cimadevilla, exmiembro del Consejo de la Magistratura; y los jueces federales Sebastián Ramos y Alejo Ramos Padilla.
La diputada Gaillard sostuvo que «los testigos están obligados a comparecer ante la comisión diciendo la verdad y si no comparecen en una segunda convocatoria, pueden ser buscados por la fuerza de seguridad».
Además, la presidenta de la Comisión aclaró que «los jueces y los funcionarios judiciales están obligados a comparecer oralmente» ante la comisión, aunque no así los gobernadores y los vicegobernadores, que lo pueden hacer por escrito.

La citación de los jueces federales Ramos y Ramos Padilla fue incorporada en esta jornada por pedido del diputado del FdT, Rodolfo Tailhade, para que «expliquen sus posiciones respecto a las causas derivadas de los chats porque ambos tienen fallos contradictorios», según consignó el legislador.
Una de las polémicas durante el encuentro fue planteada por el diputado del PRO, Pablo Tonelli, quien rechazó que se cite como testigo a Silvio Robles, colaborador del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y el titular de Seguridad de la Ciudad en uso de licencia, Marcelo D’Alessandro porque «las leyes amparan a aquellas personas que tienen en curso una investigación en la justicia penal».
«No pueden declarar como testigos porque le puede afectar penalmente a ellos mismos», manifestó Tonelli.

Tailhade, en ese contexto, señaló que tanto Robles como D’Alessandro «podrían venir a la comisión y negarse a declarar, pero que ellos vengan y lo digan» y sostuvo que «nosotros no somos defensores de nadie y buscamos llegar a la verdad de lo que pasó».
Otro de los testigos será Héctor Marchi, secretario general de Administración de la Corte Suprema, que fue citado por pedido de la diputada de la Coalición Cívica, Paula Oliveto, aunque se decidió aplazar su asistencia.

Por otra parte, se comenzó a librar los oficios para comenzar la recolección de las distintas pruebas solicitadas, lo que fue otro de los puntos que criticó la oposición durante la intervención de todos los legisladores que denunciaron «ilegalidad» y «violación a las garantías constitucionales» de las personas.
Durante el debate en la comisión de juicio político también se discutió sobre la necesidad de la intervención de un juez para requerir una lista de las comunicaciones telefónicas, lo que no fue saldada y se impuso la postura del oficialismo, aunque la oposición planteó llevar la causa a la justicia.
Denuncia
Adorni: el fiscal pidió bajar la carátula y la oposición habló de impunidad
El fiscal Gerardo Pollicita sostuvo que no puede probar el enriquecimiento ilícito del exjefe de Gabinete y pidió enviar la causa al fuero Penal Económico para investigar una posible evasión. Varios dirigentes opositores cuestionaron el giro y lo leyeron como una salida a medida, a horas de la llegada del Papa al país.
La causa que debía explicar cómo creció el patrimonio de Manuel Adorni podría dejar Comodoro Py para convertirse en una discusión con el fisco, y la oposición salió a decir que esa es la salida a medida.
El viernes 6 de noviembre, el fiscal federal Gerardo Pollicita presentó un dictamen ante el juez Ariel Lijo en el que concluyó que no hay elementos suficientes para sostener la acusación por enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete, que renunció el 27 de junio y fue reemplazado por Diego Santilli. Pidió que se declare la incompetencia del fuero federal y que el expediente pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico. No es un sobreseimiento: la decisión final es de Lijo.
Lo que dijo el fiscal
Según el dictamen, el fiscal no pudo refutar la versión de la defensa, que sostiene que Adorni tenía más de medio millón de dólares antes de llegar a la función pública y lo atribuye a inversiones en criptomonedas. El delito de enriquecimiento ilícito exige que el incremento injustificado ocurra después de asumir un cargo, y el período analizado fue del 14 de diciembre de 2023 al 27 de junio de 2026.
Pollicita no descartó, sin embargo, que haya habido irregularidades: planteó que persisten indicios de que ingresos, dólares en efectivo y activos virtuales permanecieron fuera de las declaraciones juradas durante años, y señaló que la propia defensa reconoció que parte de la información rectificada era “materia antes no declarada”. Por eso propone que el fuero Penal Económico determine si hubo evasión en Ganancias, Bienes Personales u otros tributos, ejercicio por ejercicio, y pidió revisar la actuación de la escribana que intervino en las escrituras.
La oposición: “ES JODA”
El presidente de la Coalición Cívica y diputado por la Ciudad, Maximiliano Ferraro, escribió en X que “ES JODA” y ironizó con que el cambio de vida del exfuncionario se explique con un pendrive con criptomonedas. “Adorni no tenía dónde caerse muerto antes de llegar al Gobierno”, afirmó. Enumeró más de US$ 400.000 en efectivo para comprar propiedades y pagar obras, viajes por el mundo, vuelos privados con toda su familia, refacciones en su casa y hasta el uso de tarjetas de crédito de sus empleados, y habló de un nivel de connivencia entre operadores judiciales y poder político que calificó de escandaloso.
La exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) y exfuncionaria del gobierno de Mauricio Macri, María Eugenia Talerico, fue la más categórica: “USAN AL SANTO PADRE PARA TAPAR LA CORRUPCIÓN DE ADORNI”. Sostuvo que, con la atención del país puesta en la llegada del Papa, el fiscal pidió que la causa pase a ser “un tema de impuestos, de esos que se arreglan pagando”, y calificó de despreciable aprovechar la visita de León XIV con ese fin. Agregó que el expediente queda ahora en manos de Lijo, “el mismo que con $LIBRA mandó a pasear el expediente”.
En rigor, el sobreseimiento de Javier y Karina Milei y de otros nueve imputados en la causa $LIBRA lo dictó el juez Marcelo Martínez de Giorgi el 23 de octubre, a pedido del fiscal Eduardo Taiano.
El titular del Partido Obrero, Gabriel Solano, habló de “Justicia de clase” y recordó que Pollicita, según dijo, persiguió a dirigentes del movimiento piquetero. Afirmó que el fiscal “acaba de sobreseer” a Adorni, aunque técnicamente no hubo sobreseimiento sino un pedido de cambio de fuero. La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade sostuvo que “el fiscal no tenía que acreditar nada”, porque el enriquecimiento ilícito invierte la carga de la prueba y es el acusado quien debe justificar su patrimonio, e ironizó con que había que felicitar al contador por lo que “dibujó” en tantas prórrogas.
El abogado de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbón, unió esta causa con $LIBRA. Escribió que mientras Taiano pidió cerrar esa investigación sin peritar el celular del Presidente, Pollicita se encamina a cerrar la de Adorni sin que el exjefe de Gabinete explique cómo gasta más de lo que gana: “Misma semana. Mismo Gobierno. Mismo final feliz”. Y agregó: “Nunca vi fiscales que se equivocan siempre para el mismo lado”. También reclamó que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que ya fue por $LIBRA, intervenga en este caso.
Pagano pidió que Lijo rechace el cambio de fuero
La diputada Marcela Pagano, autora de la denuncia original, amplió su presentación ante Lijo con datos de la Central de Deudores del Banco Central. Según su escrito, la cuenta de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, en el Banco Galicia registró gastos de entre 13 y 18 millones de pesos por mes entre junio y septiembre, cuando su marido ya había dejado el cargo y el salario estatal. Pidió que el juez rechace la incompetencia, oficie a bancos y a ARCA, cite a Adorni a indagatoria y habilite la intervención de la PIA.
Pagano recordó además que el enriquecimiento ilícito puede investigarse hasta dos años después de concluida la función pública, un período que, según sostiene, la fiscalía no analizó.
Qué viene
Lijo deberá resolver si acepta la incompetencia y envía el expediente al fuero Penal Económico, o si mantiene la causa en Comodoro Py, como pidió Pagano. La Justicia ya había ordenado peritar las billeteras de criptomonedas del exjefe de Gabinete. El dictamen no cierra la causa, pero cambia su naturaleza: de explicar un patrimonio construido durante la función pública a discutir cuentas con el fisco.
Lo que tenés que saber:
- El 6 de noviembre, Pollicita dictaminó que no hay elementos para sostener el enriquecimiento ilícito de Adorni y pidió pasar la causa al fuero Penal Económico.
- No es un sobreseimiento: el juez Ariel Lijo debe decidir si acepta la incompetencia.
- El fiscal no pudo refutar que Adorni tuviera más de medio millón de dólares antes de asumir, pero planteó que ingresos, dólares y criptoactivos quedaron fuera de sus declaraciones durante años.
- Ferraro, Talerico, Solano, Frade y Dalbón cuestionaron el dictamen y hablaron de impunidad.
- Pagano amplió la denuncia con datos del Banco Central y pidió que Lijo rechace el cambio de fuero.
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